La fiscalía y la querella solicitaron la detención inmediata de los acusados para evitar amenazas y fugas. Este viernes comienza el debate.
El recinto del Tribunal Oral Federal 1 está repleto. Foto: Martín Pravata.
Por: Sebastián Salas
Durante la jornada de este jueves comenzó el tercer juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad, en Tribunales Federales. Se procedió a la lectura de los expedientes de las 6 causas y desde la parte acusatoria solicitaron prisión preventiva para los imputados.
En total son juzgados diez exintegrantes de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.
Tres de estos estuvieron presentes en los Tribunales Federales de Mendoza: Fernando Morellatto, Aldo Bruno Pérez y Ricardo Miranda Genaro.
Mientras que el resto siguió su juicio vía teleconferencia. Una desde Rosario, con Alcides Paris Francisca y Dardo Migno; otra desde Comodoro Py, con Ramón Puebla, y la tercera desde el segundo piso de los tribunales mendocinos, con los imputados Juan Antonio Garibotte, Juan Agustín Oyarzábal y Armando Fernández, bajo cuidados médicos.
El único procesado que no se hizo presente fue Paulino Furió, ya que está internado.
Cerca de las 10, el tribunal presidido por Juan Antonio Macías y secundado por Jorge Roberto Burad y Alejandro Nosetti Achaval comenzó con la lectura de los expedientes ante un recinto que lucía repleto.
Además, en las afueras del edificio se instaló un televisor que transmitía lo que ocurría dentro. Allí se apostaron cerca de 80 personas, en su mayoría, jóvenes militantes de distintas agrupaciones.
Pasado el mediodía se procedió a un cuarto intermedio que duró alrededor de 40 minutos, y luego el juez Macías autorizó a Oyarzábal y Migno a retirarse de la conferencia, debido a problemas de salud.
La próxima instancia sería reaundar el debate, pero la fiscalía pidió una intervención. El discurso del representante del Ministerio Público, Dante Vega, giró en torno a dos ejes: el cambio de carátula en cuatro causas y el pedido de prisión preventiva para los imputados.
Con respecto al primer punto, se solicitó que tengan en cuenta una serie de agravantes con respecto a la privación abusiva de la libertad, como lo son las amenazas realizadas y la duración del tiempo retenido. Lo mismo ocurrió con la desaparición forzada de personas, a lo que el fiscal solicitó que sea tenido en cuenta como homicidio agravado.
Luego recordó que sólo Furió, Migno, Alsides y Oyarzábal se encuentran en estado de prisión domiciliaria, por lo que pidió la misma categoría para los 6 imputados restantes. "Con esto evitamos que los nostálgicos del terrorismo de Estado amenacen a la familia de un juez de este tribunal", dijo en alusión al llamado telefónico intimidatorio que recibió el juez Burad el miércoles pasado.
La querella se adhirió a los pedidos de Vega. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, manifestó que "mantener a los acusados libres es desmerecer los atroces crímenes que cometieron". También advirtió que con esto se evitarían posibles casos de fuga, recordándo al destituido juez Otilio Romano, quien se encuentra en calidad de prófugo en Chile.
"Ellos enterraron los cuerpos de nuestros compañeros para tener impunidad y llegar libres hasta esta instancia. Es lo mismo que hacía la Alemania nazi", argumentó Salinas.
Ante el pedido de la contraparte, los defensores pidieron que se prolongue el plazo para poder armar una nueva defensa, lo que fue aceptado por el tribunal.
De esta forma, este viernes comenzará el debate pero sólo se escucharán las premisas de la fiscalía y la querella, en tanto que los acusados tendrán una semana más para exponer su parte.
Con respecto al pedido de detención inmediata de los imputados, Salinas se mostró expectante ante una posible resolución del tribunal el viernes, aunque admitió que "es complicado".
El recinto del Tribunal Oral Federal 1 está repleto. Foto: Martín Pravata.
Por: Sebastián Salas
Durante la jornada de este jueves comenzó el tercer juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad, en Tribunales Federales. Se procedió a la lectura de los expedientes de las 6 causas y desde la parte acusatoria solicitaron prisión preventiva para los imputados.
En total son juzgados diez exintegrantes de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.
Tres de estos estuvieron presentes en los Tribunales Federales de Mendoza: Fernando Morellatto, Aldo Bruno Pérez y Ricardo Miranda Genaro.
Mientras que el resto siguió su juicio vía teleconferencia. Una desde Rosario, con Alcides Paris Francisca y Dardo Migno; otra desde Comodoro Py, con Ramón Puebla, y la tercera desde el segundo piso de los tribunales mendocinos, con los imputados Juan Antonio Garibotte, Juan Agustín Oyarzábal y Armando Fernández, bajo cuidados médicos.
El único procesado que no se hizo presente fue Paulino Furió, ya que está internado.
Cerca de las 10, el tribunal presidido por Juan Antonio Macías y secundado por Jorge Roberto Burad y Alejandro Nosetti Achaval comenzó con la lectura de los expedientes ante un recinto que lucía repleto.
Además, en las afueras del edificio se instaló un televisor que transmitía lo que ocurría dentro. Allí se apostaron cerca de 80 personas, en su mayoría, jóvenes militantes de distintas agrupaciones.
Pasado el mediodía se procedió a un cuarto intermedio que duró alrededor de 40 minutos, y luego el juez Macías autorizó a Oyarzábal y Migno a retirarse de la conferencia, debido a problemas de salud.
La próxima instancia sería reaundar el debate, pero la fiscalía pidió una intervención. El discurso del representante del Ministerio Público, Dante Vega, giró en torno a dos ejes: el cambio de carátula en cuatro causas y el pedido de prisión preventiva para los imputados.
Con respecto al primer punto, se solicitó que tengan en cuenta una serie de agravantes con respecto a la privación abusiva de la libertad, como lo son las amenazas realizadas y la duración del tiempo retenido. Lo mismo ocurrió con la desaparición forzada de personas, a lo que el fiscal solicitó que sea tenido en cuenta como homicidio agravado.
Luego recordó que sólo Furió, Migno, Alsides y Oyarzábal se encuentran en estado de prisión domiciliaria, por lo que pidió la misma categoría para los 6 imputados restantes. "Con esto evitamos que los nostálgicos del terrorismo de Estado amenacen a la familia de un juez de este tribunal", dijo en alusión al llamado telefónico intimidatorio que recibió el juez Burad el miércoles pasado.
La querella se adhirió a los pedidos de Vega. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, manifestó que "mantener a los acusados libres es desmerecer los atroces crímenes que cometieron". También advirtió que con esto se evitarían posibles casos de fuga, recordándo al destituido juez Otilio Romano, quien se encuentra en calidad de prófugo en Chile.
"Ellos enterraron los cuerpos de nuestros compañeros para tener impunidad y llegar libres hasta esta instancia. Es lo mismo que hacía la Alemania nazi", argumentó Salinas.
Ante el pedido de la contraparte, los defensores pidieron que se prolongue el plazo para poder armar una nueva defensa, lo que fue aceptado por el tribunal.
De esta forma, este viernes comenzará el debate pero sólo se escucharán las premisas de la fiscalía y la querella, en tanto que los acusados tendrán una semana más para exponer su parte.
Con respecto al pedido de detención inmediata de los imputados, Salinas se mostró expectante ante una posible resolución del tribunal el viernes, aunque admitió que "es complicado".
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