Roberto Burad, magistrado del Tribunal Oral Federal 1.
"Dígale a ese hijo de puta que lo vamos a cagar matando", relató la esposa del juez Roberto Burad que le dijo una voz en el teléfono, hoy al mediodía. El magistrado formalizó la correspondiente denuncia penal.
El juez mendocino Roberto Burad, integrante del Tribunal Oral Federal 1, que comenzará la tercera ronda de juicios orales a imputados por delitos de lesa humanidad, fue amenazado de muerte en una llamada telefónica anónima.
"Alrededor de este mediodía la esposa del juez Burad recibió en su domicilio una llamada telefónica anónima que pidió hablar con el magistrado, pero como no estaba dejaron dicho `dígale a ese hijo de puta que lo vamos a cagar matando´ y luego cortaron", según señalaron abogados locales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
Además de Burad, integran el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) los jueces Alejandro Nocetti Achaval y Juan Antonio González Macías quienes desde mañana a las 9.30 iniciarán el juicio a diez oficiales: 5 de la Policía provincial, 4 del Ejército y 1 de Aeronáutica, acusados por crímenes de lesa humanidad.
El aparato represivo de la provincia funcionó fuertemente ligado al Poder Judicial.
Esa articulación, que es una de las que le dio al golpe de Estado la característica de cívico-militar, está siendo investigada por la justicia, según un informe oficial.
En cuanto a las víctimas se trata de 27 civiles, de las cuales 23 siguen desaparecidas, una falleció por causas naturales y sólo dos están vivas: Oscar Martín Guidone y el concejal en la ciudad de Las Heras, Roberto Vélez.
Uno de los abogados querellantes en representación de familiares de desaparecidos en Mendoza, Pablo Salinas, informó que el juez Burad ya formalizó la correspondiente denuncia penal por la amenaza anónima recibida.
Respecto del compromiso del aparato represivo y judicial, un caso emblemático es el del ex camarista Otilio Romano, procesado por 103 delitos de lesa humanidad.
Prófugo de la justicia argentina desde el año pasado, alojado en Chile, recibió una visa para permanecer durante ocho meses, con el compromiso de extraditarlo en caso de ser destituido.
Esto se concretó el 15 de diciembre de 2011, por la decisión unánime del Consejo de la Magistratura, aunque Romano sigue en Chile.
El TOF 1 de Mendoza unificó cinco causas de violaciones a los derechos humanos y en la provincia ya se realizaron dos juicios a represores; uno en San Rafael (de julio a noviembre de 2010) y otro en la Capital (de noviembre de 2010 a octubre 2011).
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y áreas del gobierno nacional nucleadas bajo el lema "Los juicios son ahora" convocaron a participar en las actividades organizadas por el juicio y a concurrir a los Tribunales Federales para acompañar el proceso histórico de justicia
"Dígale a ese hijo de puta que lo vamos a cagar matando", relató la esposa del juez Roberto Burad que le dijo una voz en el teléfono, hoy al mediodía. El magistrado formalizó la correspondiente denuncia penal.
El juez mendocino Roberto Burad, integrante del Tribunal Oral Federal 1, que comenzará la tercera ronda de juicios orales a imputados por delitos de lesa humanidad, fue amenazado de muerte en una llamada telefónica anónima.
"Alrededor de este mediodía la esposa del juez Burad recibió en su domicilio una llamada telefónica anónima que pidió hablar con el magistrado, pero como no estaba dejaron dicho `dígale a ese hijo de puta que lo vamos a cagar matando´ y luego cortaron", según señalaron abogados locales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
Además de Burad, integran el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) los jueces Alejandro Nocetti Achaval y Juan Antonio González Macías quienes desde mañana a las 9.30 iniciarán el juicio a diez oficiales: 5 de la Policía provincial, 4 del Ejército y 1 de Aeronáutica, acusados por crímenes de lesa humanidad.
El aparato represivo de la provincia funcionó fuertemente ligado al Poder Judicial.
Esa articulación, que es una de las que le dio al golpe de Estado la característica de cívico-militar, está siendo investigada por la justicia, según un informe oficial.
En cuanto a las víctimas se trata de 27 civiles, de las cuales 23 siguen desaparecidas, una falleció por causas naturales y sólo dos están vivas: Oscar Martín Guidone y el concejal en la ciudad de Las Heras, Roberto Vélez.
Uno de los abogados querellantes en representación de familiares de desaparecidos en Mendoza, Pablo Salinas, informó que el juez Burad ya formalizó la correspondiente denuncia penal por la amenaza anónima recibida.
Respecto del compromiso del aparato represivo y judicial, un caso emblemático es el del ex camarista Otilio Romano, procesado por 103 delitos de lesa humanidad.
Prófugo de la justicia argentina desde el año pasado, alojado en Chile, recibió una visa para permanecer durante ocho meses, con el compromiso de extraditarlo en caso de ser destituido.
Esto se concretó el 15 de diciembre de 2011, por la decisión unánime del Consejo de la Magistratura, aunque Romano sigue en Chile.
El TOF 1 de Mendoza unificó cinco causas de violaciones a los derechos humanos y en la provincia ya se realizaron dos juicios a represores; uno en San Rafael (de julio a noviembre de 2010) y otro en la Capital (de noviembre de 2010 a octubre 2011).
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y áreas del gobierno nacional nucleadas bajo el lema "Los juicios son ahora" convocaron a participar en las actividades organizadas por el juicio y a concurrir a los Tribunales Federales para acompañar el proceso histórico de justicia
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