jueves, 14 de agosto de 2014

Declaró Carlos Abihaggle en los juicios de lesa humanidad

El ex embajador argentino en Chile y ex preso político relató que lo interrogaban encapuchado y lo torturaban gatillándole en falso. Aseguró que nunca un juez o un fiscal lo visitó por su situación. Carlos estuvo cuatro meses detenido en el Liceo Militar Espejo y el Batallón de Comunicaciones.

En el megajuicio de delitos de lesa humanidad declaró Carlos Abihaggle, ex funcionario mendocino con diferentes cargos. Su cargo más importante fue de embajador en  Chile. El 24 de marzo de 1976 fue detenido, estuvo cuatro meses hasta poder recuperar la libertad. Contó su experiencia: “Fui detenido en el Liceo Militar primero, fuimos interrogados. En ningún momento se nos dijo porqué estábamos ahí porque por supuesto no teníamos derecho a defensa ni nada por el estilo. En mi caso particular me interrogaban encapuchado, a veces hacían  sonar los click de las armas”.

jueves, 19 de junio de 2014

Dos niñas como botín de guerra


16-06-14| El secuestro de dos bebas, ocurrido en Mendoza en el marco del operativo de febrero de 1976, fue prácticamente un ensayo de lo que acontecería en el país con el robo y apropiación de niños y niñas durante la Dictadura. Declararon el matrimonio Ivonne Larrieu – Alberto Muñoz y Stella Maris Ferrón, secuestradas junto a sus hijitas en el mencionado operativo contra sindicalistas y militantes cercanos a Montoneros.

Ivonne Larrieu abraza a su hija María Antonia, bajo la mirada de Alberto Muñoz

"No nos han vencido”

Ivonne Larrieu tenía 18 años, el 9 de febrero de 1976, cuando un grupo de tareas se la llevó de su casa junto con su hija María Antonia, quien había nacido el 25 de enero de ese mismo año. La mujer y la beba fueron trasladadas al D 2 e idéntica suerte corrió el marido de ella y padre de la niña, Alberto Muñoz. Los tres fueron arrebatados de una vivienda del barrio SOEVA que les había prestado Miguel Ángel Gil, amigo y compañero de militancia.
Ivonne y Alberto, oriundos de Mar del Plata, eran militantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), organización ligada a Montoneros. Al detectar que eran vigilados y perseguidos, decidieron venir a vivir a Mendoza.
En el D 2, a Larrieu y su bebita las dejaron en una habitación vacía, sin muebles ni colchones. Durante por lo menos 4 días, a la joven madre no le dieron comida ni agua pero aún así pudo amamantar a Antonia. Tampoco le dieron pañales por lo que para higienizar a la nena utilizaba pedacitos de la funda de almohada con que tenía vendada la cabeza.
Con entereza y valentía, Ivonne, contó las torturas y vejámenes sexuales sufridos por las detenidas. Después de 17 días de padecimientos fue llevada a una comisaría en la que le tomaría declaración el ex juez Rolando Carrizo a quien, si bien no identificó de manera fehaciente, muchos testigos coinciden en ubicarlo en una Comisaría, en la que interrogó a quienes venían del D 2, para luego enviarlos a la Penitenciaría.
Ya en la cárcel mendocina, cuando tenía 5 meses, a Antonia debieron llevarla de urgencia al hospital Militar para operarla por una obstrucción intestinal. En esa intervención le provocaron quemaduras en la cola, aparentemente con agua caliente.”Ella también estaba presa. ¡Tenía 15 días y era una víctima más! Nos les importó nada, qué animales, si se moría, se moría”, dijo conmovida la mujer.
“Sin embargo, no nos han vencido…”, agregó la testigo en un emocionado tramo de su declaración.

“Rehén, no preso”

Alberto Mario Muñoz, esposo de Ivonne Larrieu, tenía 18 años al momento de su secuestro; fue trasladado al D2, pateado, golpeado y picaneado en sus calabozos. Pudo saber que su mujer y su hija estaban vivas recién cuando fue llevado ante el juez Carrizo, junto con sus compañeros de cautiverio. “Sin camisa, descalzo, flaco y con mi cuerpo que parecía un mapa de borceguíes, Carrizo me dijo que yo era un comunista. Estaba enfurecido y me exigía que me declarara culpable”, contó Muñoz.
Nunca tuvo contacto con sus defensores oficiales, aunque en los papeles están consignados los nombres de Guillermo Petra y Garguir para ejercer esa función.
“Yo no fui preso, fui rehén”, reflexionó el testigo y añadió que “los hombres la pasamos muy mal, pero las compañeras la pasaron peor”- dijo- “No existe ninguna doctrina que diga que las guerras se ganan violando mujeres, si es que insisten con que hubo una guerra… Nuestras mujeres eran hermosas y valientes y hoy, aún las que no están, son más hermosas y valientes”.
María Antonia Muñoz Larrieu, aquella niña de 15 días secuestrada junto a su madre, ya mujer, estuvo en primera fila acompañando los duros testimonios de su madre y su padre.

Ensayo de apropiación
Ferrón: cuando me devolvieron Yanina tenía el enterito del día del secuestro (hacía un más de un mes), olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias.


Stella Ferrón frente al Tribunal

Stella Maris Ferrón, licenciada en Ciencias de la Educación, oriunda de Santa Fe, fue secuestrada el 9 de febrero de 1976 y trasladada al D 2. Recibió un trato similar al de las otras mujeres detenidas, con el agravante que los ataques sexuales y la picana le provocaron un aborto
La aprehendieron junto a su hija Yanina, de 10 meses; increíblemente, también a la beba la golpearon y hasta le aplicaron corriente en su cuerpo con un cable conectado a un auto. Luego se la quitaron.
Como a los demás integrantes de la denominada Causa Rabanal, a Stella Maris, luego de unos 18 días, la llevaron ante el juez Carrizo. “Yo sólo le pedía que me devolvieran a mi hija y Carrizo me dijo que no sabía que yo iba a declarar y que por eso no había averiguado nada de la nena. Y me interrogaba dónde estaba mi esposo”, narró la testigo. Su marido, José Antonio Rossi, en ese momento se encontraba en la clandestinidad; posteriormente, fue secuestrado en un café céntrico mendocino, el 27 de mayo de 1976, y aún está desaparecido.
Desde el momento de la detención de ambas, la familia de Ferrón se abocó a la búsqueda de la pequeña. Sin resultados positivos decidió regresar a Santa Fe. En esa ciudad, la madre de Stella, solicitó la mediación del entonces obispo, Monseñor Zaspe, quien, presume la testigo, se comunicó con la curia mendocina hasta que finalmente dieron con el paradero de la criatura.
La hija de Ferrón había quedado en poder del comisario Juan Félix Amaya, de la seccional 25°. En la actuación policial consta que el funcionario “por peligro moral y material se hace cargo de la niña”. Sin embargo, cuando la entregó a los padres de la detenida, el 12 de marzo, Yanina tenía el mismo enterito que el día del secuestro -había pasado más de un mes- olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias. Ya con Stella, en la cárcel, debió soportar un simulacro de fusilamiento estando en brazos de su mamá; a raíz de clima de inseguridad y agresión que vivían, Ferrón decidió entregársela a sus padres.
“Las consecuencias psíquicas han sido severas”, dice parte de un informe médico con el que Stella Maris Ferrón cerró su testimonio.

martes, 17 de junio de 2014

Juicio de lesa humanidad a los ex jueces

Miret le tomó declaración a un ex detenido que vestía sólo pantalones

Al ex juez no le llamó la atención que los militares le llevaran un detenido sin ropa, con el torso desnudo. Tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba por la tortura. Se trataba de Alberto Mario Muñoz, que fue secuestrado con su esposa, Ivonne Larrieu, en 1976. Ella fue violada en el D2, al igual que otras detenidas-desaparecidas.

“Es una cochina mentira”, dijo Ivonne Larrieu. Así definió el acta que le hizo firmar el juez Rolando Carrizo, en la Unidad Regional Primera de la Policía de Mendoza. Ella no tenía idea qué decía el acta, pero esa firma era el pasaporte para su legalización: saldría del centro clandestino de detención donde la habían violado y torturado, en un entrepiso del Palacio Policial mendocino, y pasaría al penal provincial. Todo eso acompañada por su hija, de 15 días de vida, que había sido secuestrada con ella, un mes antes del golpe de Estado de 1976.

La detención de Larrieu fue parte de una razzia que incluyó la caída de varios militantes y simpatizantes de Montoneros. Todos ellos fueron apresados en Mendoza, llevados a los calabozos del Palacio Policial, donde hoy funciona un archivo, torturados durante una semana y legalizados con la asistencia del juez Carrizo. Junto con él trabajaron, para el dispositivo represivo, los defensores y jueces subrogantes Luis Miret y Petra Recabarren. Ambos habían firmado el acta como defensores pero ella no lo supo nunca. Se enteró cuando los abogados le leyeron ese texto, firmado con un torturado al lado.

Carrizo, Miret y Petra Recabarren están acusados junto al ex juez Otilio Romano de participar del terrorismo de Estado. Los juzgan en el marco de una causa judicial que incluye a 41 imputados y se desarrolla en los Tribunales Federales mendocinos.

Los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano, acusados de crímenes de lesa humanidad.

Larrieu fue secuestrada junto con su marido, Alberto Mario Muñoz. Ambos vivían en Mar del Plata pero viajaron a Mendoza en febrero de 1976. Se habían alojado en la casa de Miguel Angel Gil. Ahí los fue a buscar la patota policial la noche del 9 de febrero: los sacaron de la cama, les vendaron los ojos con ropa y los empezaron al golpear. A Muñoz lo sacaron a la calle y lo tiraron al piso. Mientras uno de los policías le pisaba los dedos, otro le saltaba en la espalda y le pateaba la cabeza.

De ahí lo llevaron, junto a su mujer y a Gil, al D2. A todos los torturaron durante varios días: golpes picana, simulacros de fusilamiento. A Larrieu, como ocurrió con las otras mujeres secuestradas, también la violaron reiteradamente. Esa cadena sistemática del horror le costó el embarazo a Stella Maris Ferrón, otra de las detenidas en la primera quincena de febrero de 1976, que declaró esta mañana, al cerrar una audiencia de cinco horas.

En su declaración, Muñoz ratificó todo lo que contó su esposa y agregó detalles del accionar judicial: cuando lo llevaron ante el juez Miret vestido sólo con un pantalón. Al magistrado no le llamó la atención, tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba.

A Ferrón la fueron a buscar el 10 de febrero de 1976, un día después que a Larrieu, Gil y Muñoz. Su marido intentó frenar el asalto y se tiroteó con la patota policial. Mientras ella, embarazada de dos meses y con su hija en brazos saltaba la pared trasera de su casa. Pero la atraparon y la golpearon. Querían que les contara dónde había ido su marido, que había logrado escapar.

En el camino al D2 no dejaron de amenazarla. Le sacaron a su hija y le dijeron que la matarían. En los calabozos del entrepiso del Palacio Policial la torturaron como al resto de las mujeres y perdió su embarazo.

Un día la llevaron a entrevistarse con el juez Carrizo y ella pidió por su hija. Le respondió que estaba bien. Fue enviada a una cárcel, legalizada,  logró que su hija, que había sido llevada a la casa de un comisario, volviera con ella. Ambas estuvieron presas en Villa Devoto, junto a Larrieu.

A 38 años del asesinato de Paco Urondo, militante, periodistas, poeta y autor de "La patria fusilada"

El 17 de junio de 1976 era asesinado en Mendoza el responsable de la Regional Cuyo de Montonero. En su célebre libro denunció la "Masacre de Trelew" perpetrada por oficiales de la Armada el 22 de agosto de 1972.
 
Su figura no sólo dejó huellas en el plano político, sino también en las letras, ya que fue el poeta que escribió: "Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad; la única irreal es la reja; la libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos...".

El 17 de junio de 1976, en Guaymallén, Mendoza, el auto en el que viajaban Urondo, su mujer Alicia Raboy, la hija de ambos, Ángela Urondo, de ocho meses, y la compañera de ambos, René "la Turca" Ahualli, fue interceptado a balazos por fuerzas de seguridad.

El entonces responsable de la Regional Cuyo de Montoneros decidió mentirle a su mujer y decirle que había tomado una pastilla de cianuro, con la intención de que ella escapara junto a su hija, pero en verdad lo secuestraron y asesinaron a golpes.

Alicia Raboy fue secuestrada y trasladada al Departamento 2 (D2) de Inteligencia de la policía mendocina que funcionaba en el
Palacio Policial, a dos cuadras de la Casa de Gobierno -el centro clandestino más importante de esa provincia-, y nunca más se supo de ella.

A su beba Ángela, su familia materna la halló 20 días más tarde en la Casa Cuna, luego de haber pasado también por el D2. La adoptó una prima de su madre, pero recién a los 20 años conoció su verdadera historia.

El 6 de octubre de 2011 el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a prisión perpetua a cuatro ex policías y aplicó la pena de doce años de prisión a un ex teniente acusados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el de "Paco" Urondo y Alicia Raboy.

En abril de 1973 escribía, en la Cárcel de Villa Devoto, donde compartió celda con los sobrevivientes de Trelew, luego desaparecidos como él: "los sueños, sueños son; los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad; un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad"

miércoles, 28 de mayo de 2014

Mendoza: El Ejercito y la represion ilegal, malas compañias

El 21 de mayo, en dependencias de la VIII Brigada de Infantería de Comunicaciones, se realizó una de las cuatro inspecciones oculares estipuladas por el Tribunal Oral Federal 1, en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad. Está probado que entre 1975 y fines de 1976 se desplegó allí un centro clandestino de detención, con personal e infraestructura militar destinados a la aplicación sistemática de torturas a decenas de personas prisioneras.

Por: Sebastián Moro - Fotos: Axel Lloret
Asistentes al reconocimiento junto a los sobrevivientes en el edificio donde eran torturados. Allí funcionó la radioestación de Comunicaciones.

Se estima que fueron más de un centenar los detenidos durante el funcionamiento pleno de dos de las tres cuadras de Comunicaciones que se ocuparon para tal fin, y que hubo al menos seis mujeres ilegalmente detenidas en otra área del predio de la también llamada “Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII”. Se considera que ese campo de concentración era un punto de detención y “ablandamiento” masivo similar al que funcionó en el Liceo Militar. Por allí pasaron contingentes de militantes y referentes, de amplio reconocimiento social y exposición pública, en los meses cercanos al golpe de Estado y antes de ser “legalizados”, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados a la Penitenciaría Provincial en algunos casos. El grueso de las personas que pasaron por Comunicaciones concluyeron sus presidios años después en la Unidad 9 de La Plata, luego del masivo y cruento traslado del 27 de septiembre de 1976 en el avión Hércules.

Los aportes de los sobrevivientes Gaitán, Guidone, Tagarelli y Toledo permitieron establecer los emplazamientos de los antiguos pabellones, la existencia de un edificio que funcionó como lugar de torturas y un amplio abanico de implicados, tanto civiles como militares.

El mayor centro clandestino del Ejército en Mendoza es comparable con el D2, su correlato de la Policía Provincial, tanto por el número de víctimas como por el grado de violencia aplicado. Desde hace décadas las denuncias, investigaciones y causas elevadas han dado cuenta del terror que allí se vivió: secuestros, aislamiento, tabicamiento, golpizas, torturas e incluso desapariciones, como es el caso de Luis Moriña Young, visto por última vez con vida por sus compañeros en ese predio militar. Lo que los juicios permiten es ampliar responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, redimensionar hechos aberrantes no del todo visibilizados, y redefinir el nivel articulador y estructural que tenían los militares en la represión ilegal. El recorrido del pasado miércoles permitió profundizar esas líneas de investigación; de ahí su carácter histórico, al igual que el de cada una de las recientes inspecciones realizadas.

Oscar Guidone, Mario Gaitán, la secretaria Natalia Suárez, la fiscal Patricia Santoni y el juez Raúl Fourcade.

A este cuarto juicio llegaron imputados nueve exmilitares, tres de los cuales fueron apartados por motivos de salud. Se trata de Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército; Enrique Gómez Saá, uno de los jefes de Inteligencia en Mendoza, y el exoficial Roberto Montes Salvarrey. De los finalmente acusados, Ramón Ángel Puebla, Paulino Enrique Furió y Dardo Migno, respectiva y jerárquicamente jefe, jefe de Inteligencia y jefe del Lugar de Reunión de Detenidos (LRD, es decir el centro clandestino) de Comunicaciones ya han sido condenados por otros hechos en los juicios anteriores. El cuarto acusado, en cambio, sí afronta un proceso por primera vez. Es el exenlace militar José Antonio Fuertes, conocido como “el represor al que se le perdió un prisionero”. Se trata de Santiago José Illa, desaparecido desde el 12 mayo de 1976, cuando Fuertes lo trasladó desde la Penitenciaría al Liceo Militar. En una indagatoria, el acusado ratificó que la firma de la entrega de Illa era suya; sin embargo, no pudo justificar su desaparición “a menos que el prisionero se haya escapado”. Los cuatro están acusados por conformar una asociación ilícita que, tras privar a Illia de su libertad, ejecutó su homicidio. Pero no son los únicos. Carlos Horacio Tragant y Pablo Antonio Tradi, exmilitares “de carrera”, también están acusados por este caso paradigmático respecto de las responsabilidades castrenses. Tragant era el director del Liceo Militar y Tradi, uno de sus hombres de confianza. Ambos permanecen detenidos en Marcos Paz, Córdoba.

Entre personal militar y de Justicia, fiscales, querellantes, defensores, víctimas del terrorismo de Estado y periodistas, alrededor de 40 personas hicieron el recorrido de reconocimiento del predio militar ubicado en el Parque San Martín a la altura de la Avenida Lencinas, vía de acceso a la UNCUYO. El ingreso se realizó por la transitada avenida Boulogne Sur Mer y, si bien el trayecto contó con cierta rigurosidad formal por parte de la recepción militar, la delegación al mando del general de Brigada Ocampo acompañó correctamente las inquietudes del grupo. Fue el doctor Raúl Fourcade, uno de los jueces del Tribunal, quien condujo la inspección; facilitó y dio lugar en todo momento a las expresiones de las víctimas, y de las abogadas y abogados de las partes.

Daniel Tagarelli, Luis Toledo, Mario Gaitán y Oscar Guidone dieron testimonio de las vejaciones a las que fueron sometidos, entre otros puntos de detención, en el centro clandestino que funcionó desde antes del golpe de Estado en Comunicaciones. Todos permanecieron por meses, aunque en distintos lapsos, entre fines de 1975 y septiembre de 1976, en los “barracones”. Según se pudo determinar en la inspección, estos ocupaban un área similar a una cancha de fútbol y se ubicaban aproximadamente hacia el centro del predio, entre algunos edificios de la época aún en pie. A instancias del magistrado, la reconstrucción de lo vivido terminó siendo una experiencia colectiva entre los compañeros, con recuerdos y precisiones que surgían en distintos puntos del recorrido, con el contingente en círculo o caminando, mientras trataban de comprender el alcance de lo que casi de manera naturalizada se mencionaba como “aparato organizado de poder para asegurar el terrorismo de Estado”.

Así lo describieron los sobrevivientes, como “algo muy parecido a un campo de concentración nazi”, con decenas de prisioneros en cuadras militares que albergaban a 60 personas distribuidas en cuchetas, con un área “libre” entre dos cuadras, perimetrada con alambre de púas y soldados apostados permanentemente con ametralladoras. Los pabellones tenían un largo de 50 metros y estaban dispuestos de norte a sur, sobre una elevación de “unos diez escalones, aunque más baja hacia la cuadra del medio, siempre ocupada por detenidos”. En cada uno de los extremos de los pabellones estaban los baños y la oficina de guardia, primer lugar de “ablande” antes de las sesiones de torturas extremas. A la salida de la cuadra central estaban, a un lado, la oficina del teniente Dardo Migno, reconocido jefe del centro clandestino; del otro lado, una habitación que funcionaba a modo de recepción de los detenidos que llegaban de otros centros o provenientes de nuevos operativos de secuestros, y como lugar de espera para los prisioneros que serían torturados. Ese punto consistía en un sitio aislado en el interior del predio, a unos 100 metros hacia el noroeste, próximo a la Avenida Lencinas. Era la Central de Radiocomunicaciones, contenía equipamiento y el edificio, que aún existe, fue reconocido por Gaitán y Toledo.

Si bien las víctimas eran vendadas cuando las llevaban a la tortura en jeeps y camiones del Ejército, todos pudieron reconocer a alguno de los represores, por descuidos en los procedimientos y por la cotidianidad con que se movían en la cuadra. Así, el suboficial Peralta era el principal guardia, al punto de vivir con su familia en el predio. También salieron los nombres del sargento Pagella, del oficial Largacha, y de los suboficiales Cabañas y Robles, algunos de ellos mencionados en juicios previos. Se reiteró puntualmente que, en varias oportunidades, Migno y Peralta condujeron y encapucharon a detenidos hasta la entrada de la sala de torturas. También señalaron la presencia de “El Porteño”, perverso personaje que aparece en la mayoría de los relatos como el conductor de los interrogatorios con torturas, tanto en el D2 como en la Brigada y en el Penal.


Las pruebas vivientes

Daniel Tagarelli fue detenido el 22 de noviembre de 1975 y enviado al D2. A principios de diciembre fue trasladado junto a un grupo numeroso en camiones del Ejército a Comunicaciones. Contó que llegó “en tal estado lamentable del D2 que fui asistido por soldados para poder comer”. El primer interrogatorio “fue político, sin violencia”. Lo hizo un capitán quien, por el tenor de sus preguntas y la expresión “Nosotros ya vamos a llegar”, dio al detenido la pauta de un plan exhaustivamente diseñado. “Somos una prueba viviente de que todo estuvo preparado de antes. Y de que nuestro compañero Luis Moriña Young –actualmente desaparecido– fue visto con vida en este lugar”, dijo Tagarelli. Agregó que las torturas eran periódicas, que los colgaban boca abajo de un palo y que “hasta que quedamos a disposición del PEN y aparecimos legalizados en la cárcel, acá estábamos de regalito”.

Además de resaltar la solidaridad que existía entre los compañeros detenidos, Daniel refirió dos situaciones que vivió como particularmente traumáticas: el encuentro por cinco minutos, vendados y esposados, que tuvo con su novia Silvia Mícoli, detenida en la dependencia militar a instancias de un sargento; y el simulacro de fusilamiento masivo al que sometieron a toda la cuadra “una noche frente al murallón por orden de la Comandancia”. “Ustedes van a ser fusilados en nombre de la Patria” recordó. Y el “¡Apunten, fuego!”. Y los disparos al aire.

Luis Toledo y Daniel Tagarelli (de espaldas) a pasos de donde estuvieron detenidos y fueron torturados.

Luis Toledo fue detenido los días inmediatos al golpe de Estado y trasladado hasta fines de abril al Liceo Militar. Ya en Comunicaciones, evocó un discurso que Migno, “que venía de Tucumán”, dio a los prisioneros “para envalentonar a su tropa”: “Nos dijo que acá no iba a pasar lo mismo que en Trelew donde hubo sobrevivientes, que nos iban a matar a todos”. Entre otros datos, Toledo aportó que vio a Reynaldo Puebla –a quien habían secuestrado de su casa y “estaba perdido, nadie sabía dónde lo tenían”– por la ventana de un edificio, fuertemente torturado. También narró que en el predio había compañeras detenidas en lo que se conoce como el “Casino”: “Un día desde el alambrado vi a Betty García, que me saludó como diciendo 'Me voy, Luis'”. Luego, la señora Vilma Rupolo me confirma que habían sido varias”.

A Luis sigue sorprendiéndolo la fluidez e impunidad con la que los militares se manejaban en un sitio donde, además, decenas de jóvenes hacían la conscripción: “A la noche vigilaban el perímetro desde autos Fiat 125. Había civiles, había personal armado, había mucho movimiento”, señaló.

Oscar Guidone fue secuestrado el 2 de junio de la casa de sus padres en un operativo de enorme despliegue, con más de 30 uniformados y dos camiones en escena. A su ingreso, consideró en 150 el número de detenidos. “Parecía que marcaban tarjeta los torturadores, de ocho de la mañana a ocho de la noche, era el calvario para nosotros”, dijo, y se explayó sobre los “tres modos de tortura” de los que fue víctima. En el primero fue colgado durante cuatro horas y sometido a todo tipo de apremios, no le realizaron preguntas y el maltrato derivó en la extracción de su bazo en el Hospital Militar. En el segundo volvió a perder el conocimiento, pero “fue peor todavía, picana y más picana sobre una mesa de ping pong, tiros por arriba de mi cuerpo, gritos de un compañero torturado al lado y el 'Porteño' diciendo 'Dale manija al máximo'”. “Llega un punto en que el cuerpo ya no siente pero la cabeza sigue funcionando”, completó al describir que en esa sesión, por la contracción muscular, se cortaron las cadenas que sujetaban sus manos y pies. La última sesión fue más leve y la realizó “gente de mayor edad”.

Oscar se casó en esa situación de ilegalidad en la capilla de la Brigada. Su novia de entonces estaba embarazada y él aceptó ante la disyuntiva familiar. El 21 de septiembre de 1976, luego de una semana de convalecencia por las torturas recibidas, Migno lo condujo con el padre Rafael Rey, capellán militar, “confesor” de los detenidos, y testigo ineludible sobre lo que sucedía en ese centro clandestino. Dijo la víctima: “Monseñor Rey es absolutamente testigo y sabedor de todas estas cosas, de la cantidad de gente que torturaron, sacaron e incluso mataron aquí. Acá torturaban muy mal y él lo sabe”.

“Puedo afirmar, señor juez, que aquí funcionaba la Radioestación de Comunicaciones como lugar de torturas. Recuerdo que me traía Migno y había autos estacionados. Veíamos pasar autos por esa calle lateral que da a la cancha de Gimnasia y Esgrima. Era ideal para las prácticas de torturas porque estaba aislado del resto de las estructuras edilicias, lo único contiguo era una cancha de fútbol”, dijo Mario Gaitán sobre el final del recorrido, una vez que el contingente encontró el sitio buscado. Desde el principio, Gaitán se había mostrado mejor orientado con respecto a las disposiciones espaciales del predio. Había sido trasladado allí a principios de julio de 1976, luego de 40 días en el D2. Su compañero Toledo lo respaldó mientras indicaba una pared de la sala: “Ahí vi a Migno, a Pagella y al 'Porteño'”. Ese cielo raso no existía. Por arriba, desde la juntura de las dos alas del techo nos colgaban y levantaban para torturarnos”. En una de esas sesiones, a Mario Gaitán le fisuraron las costillas.

Vista lateral del sitio de torturas. Hacia el norte está a 40 metros la calle Lencinas. Gaitán pudo ver y oír vehículos cada vez que lo dirigieron a la tortura.(mendoza1)

jueves, 15 de mayo de 2014

Por qué la IV Brigada Aérea fue una cárcel clandestina

Por: Jorge Fernández Rojas
José Chiofalo, uno de los Trovadores de Cuyo, hoy está detenido por su pasado militar en la Fuerza Aérea.
La detención del integrante de Los Trovadores de Cuyo obligó a los organismos de Derechos Humanos a puntualizar sobre el caso y a ampliar conceptualmente lo que pasaba dentro de las unidades militares en la época de plomo. La ineludible explicación del MEDH.
El jueves 8 de mayo, uno de los guitarristas del grupo folclórico Los Trovadores de Cuyo, José Santos Chiofalo, fue detenido como resultado de una investigación judicial sobre delitos cometidos por el aparato represor montado durante la dictadura cívico-militar.

Chiofalo fue jefe de la banda militar de la Fuerza Aérea en Mendoza y su ámbito de trabajo era la IV Brigada Aérea, ubicada en Las Heras. Como el caso llamó la atención por tratarse de un personaje público, integrante de un grupo musical muy popular por entonces, se instaló cierta sospecha de injusticia para con “Pipo” Chiofalo, tal como se lo conoce en el ambiente musical. Esto fue abonado por el hijo del hoy detenido. José Chiofalo (hijo) tuvo mucha exposición mediática y transmitió sus dudas públicamente, al pintar a su padre como una persona con una sensibilidad distinta a la de un militar.

Tanto fue así que, en realidad, la noticia que quedó invisibilizada es que hubo 12 personas detenidas (Chiofalo entre ellas) por delitos de lesa humanidad, por lo que ocurrió en el centro clandestino de detención que funcionó en la IV Brigada Aérea.

Todo este escenario hizo que trascendieran los motivos por los cuales Chiofalo hoy está alojado en una de las celdas de la cárcel de San Felipe.

A José Santos Chiofalo se lo acusa de ser autor mediato de los siguientes delitos:

    Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 3 hechos.
    Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, y por haber durado más de un mes, por 11 hechos.
    Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
    Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 14 hechos.
    Autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma (artículo 210 bis del C.P., según redacción actual).



Los fundamentos del MEDH

El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) se encargó de recopilar información y testimonios sobre la actividad represora de la Fuerza Aérea en Mendoza, que tuvo gran incidencia en el esquema de persecución y exterminio planeado por la Junta Militar que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. El siguiente es el texto del comunicado del MEDH que fundamenta lo que pasó en las dependencias militares en la época oscura del país:

Cuando las FFAA asumieron el poder en 1976, se trató de todo el poder político y administrativo. Ya el país había sido dividido en Zonas de Operaciones para la Lucha Antisubversiva. Mendoza integró la Zona III (por el 3er. Cuerpo de Ejército) al mando del Gral.Menéndez, y en este esquema se denominó Subzona 33 (Subzona 3, 1-2-3, Mendoza, San Juan y San Luis).

A partir del 24 de marzo de 1976, todo el poder quedó bajo el mando del  Comando Militar Jurisdiccional, CMJ, integrado por Ejército y Fuerza Aérea (aquí no había Marina). O sea, VIII Brigada de Infantería de Montaña y IV Brigada Aérea. Ejército dirigía la lucha contra la subversión, puede verse en los Consejos de Guerra que los principales cargos los ocupaban militares de la VIII Brigada de Ejército, y los cargos secundarios, militares de la IV Brigada Aérea.

Dentro de su rol en el esquema de la lucha antisubversiva, la IV Brigada ocupó la mayoría de  los cargos administrativos: Gobernación, Jefatura de Policía, ministerios, municipios. Las policías, Gendarmería, Servicio Penitenciario y demás fuerzas, servicios de inteligencia y de represión de delitos, quedaron subordinados a este CMJ.

Todo el país quedó supeditado al desarrollo de la lucha antisubversiva. Todos los civiles podíamos ser detenidos sin tiempo ni proceso. Esa lucha era la prioridad nacional. Fue reforzada la seguridad frente a establecimientos militares y policiales, al atardecer se colocaban vallas en algunas calles impidiendo el acceso aun a pie y se construyeron torretas defensivas frente a las Comisarías.

Circulaban vehículos con jefes y soldados, era frecuente que se detuviera un colectivo y se requisara a todos los pasajeros; que se cerrara una cuadra en una calle, se subiera a los transeúntes a un vehículo militar y se los condujera a una seccional para verificación de datos y antecedentes. Circular era la consigna; se prohibieron las actividades políticas, teniéndose por tales los partidos, agrupaciones, centros de estudiantes, etcétera.

Todos los jefes militares arengaban a la población en actos patrios que presidían y que eran los únicos que se realizaban. Todos los jefes militares arengaban a sus subordinados. Basta mirar diarios de la época, llenos de discursos militares. No había otras voces que las afines a ese discurso.

Todo militar está inserto en un sector militar que a la vez integra un esquema de actividades militares. Tiene un grado militar como principal factor de su identidad personal. Tiene superiores y subordinados. Recibe e imparte órdenes. Está sujeto a una disciplina de mando y obediencia a las órdenes. Así funciona una brigada, un cuartel, las instituciones militares en general.
De la Jefatura de la IV Brigada Aérea dependían el Grupo Aéreo, el Grupo Base 4, y el grupo Técnico.

En el Grupo Base 4 se encontraba el Escuadrón Tropa y, dentro de este, la Compañía Policía Militar y Compañía de Defensa, la Compañía de Servicios y la Banda de Música.

Cada uno de estos sectores funcionaba militarmente con sus jefaturas y sus escalas de mando, su disciplina, sus días de guardias reglamentarias, sus tareas asignadas.

Todos estos sectores compartían el mismo espacio institucional y también físico en la IV Brigada. Compartían los Casinos de Oficiales y de Suboficiales, los lugares de atención de salud, los vehículos, las guardias. La información general y particular que se comparte al interior de un espacio común, sea importante o banal.

La institución militar de un país tiene como eje trabajar alrededor de una hipótesis de conflicto en relación con la situación imperante en una etapa dada.

La hipótesis de conflicto en 1976 y siguientes era, en lo continental, el peligro de avance del comunismo internacional. En Argentina, en ese marco, era destruir al enemigo interno, políticamente enemigo de las instituciones nacionales, y del modo de vida occidental y cristiano. Todos los jefes militares indagados por la Justicia entre 1985 y 1986 explicaron prolijamente esto que aquí se desarrolla de manera básica. También en años recientes fue explicitado por algunos de aquellos jefes sobrevivientes, como el GeneralTamer Yapur.

La posición de no saber nada, no haber oído nada, no conocer que hubo una lucha antisubversiva de su arma, su unidad, su condición de integrante de una institución militar, es pueril y peca de creer en una excesiva ignorancia de los jueces. Como mensaje a un sector desprevenido de la ciudadanía, causa un impacto cuyo efecto y duración están condenados a ser breves.

No caben dudas de que muchos militares de menor rango no participaron en forma directa de operativos represivos, no integraron el personal de un centro clandestino de detención. Lo que sí se puede asegurar es que ninguno de ellos ignoró que había sectores que entraban y salían de la Brigada en misiones antisubversivas, que cumplían servicios especiales, que en la Seccional 16 y en el viejo cine de la Brigada hubo civiles detenidos, custodiados por Fuerza Aérea, y que en Las Lajas “pasaba algo” (por lo menos) de lo que se hablaba en voz baja pero era conocido por todos.

"Yo no supe nada" no es un camino digno para un militar. Y menos "Yo estaba ahí, pero haciendo otra cosa, era un militar de mentiritas". No estamos en una comedia norteamericana sobre un cuartel muy divertido, sino en una etapa legal que por fin llegó a nuestro país, a nuestra sociedad civil cansada de impunidad y de inacción de la Justicia.

La mejor hipótesis hoy es que la impunidad de los culpables se acabó, y los no culpables y no responsables harían muy bien a la sociedad y a sus familias si esgrimieran la responsabilidad de mirar al pasado y describir las cosas como realmente ocurrieron ante sus ojos. Sin subordinación al ocultamiento, con valor para seguir adelante y dar genuinos ejemplos.

Fuente: Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos

domingo, 11 de mayo de 2014

Detienen a un músico de folklore por delitos de Lesa Humanidad

Es miembro de "Los trovadores de Cuyo"

José Santos Chiófalo, de 79 años, fue detenido en una causa que investiga delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Chiófalo, integrante del popular grupo de folklore mendocino “Los Trovadores de Cuyo”, fue detenido ayer en su casa de Guaymallén por orden del juez federal Walter Bento, frente a quien declararía hoy, informó la agencia Télam. Chiófalo está alojado en los tribunales federales de la capital mendocina.

Durante los años 70, Chiófalo se desempeñó como director de la banda de música de la Fuerza Aérea. Se retiró en 1986.

La orden de detención contra Chiófalo se concretó ayer pero el sábado ya había tenido indicios de que algo no andaba bien. Fue cuando quiso abordar un avión en el aeropuerto Francisco Gabrielli, para viajar a Colombia, donde iba a presentarse con su banda en un festival. El personal de Migraciones no lo dejó subir porque dijo que había una orden de captura en su contra


"Se lo llevaron detenido a la unidad 32 y lo liberaron. El lunes se presentó en Tribunales para exhibir la visa con el contrato para la actuación en Colombia y solicitar que lo dejen salir. Le respondieron que se busque un abogado”, explicó José, uno de los hijos del músico a los medios locales.

En Mendoza, la justicia federal está en pleno desarrollo del cuarto juicio oral y público por delitos de Lesa Humanidad, donde se juzga la participación de más 30 ex policías y militares y cuatro ex magistrados.