domingo, 13 de marzo de 2016

Inician proceso de extradición del capitán Jorge Pedro Rodolfo Wagner

Un represor prófugo fue ubicado en Madrid
El acusado fue arrestado y luego lliberado por “problemas de salud”, pero debe presentarse diariamente en Tribunales. Integró la sección Operaciones del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza. Y fue identificado como torturador.

Un coronel retirado del Ejército de 71 años, imputado por delitos de lesa humanidad en Mendoza y San Juan durante la última dictadura, fue detenido el miércoles en Madrid, España, y liberado ayer por razones de edad y problemas de salud por un juez de la Audiencia Nacional. Se trata de Jorge Pedro Rodolfo Wagner, quien con el grado de capitán formó parte de la sección Operaciones del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza, desde donde se organizó la represión ilegal en las provincias de Cuyo. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Wagner había sido identificado como uno de los interrogadores (torturadores) del Departamento II de Informaciones de la policía de Mendoza (sede del mayor centro clandestino de esa provincia) por el propio jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, que murió impune. Hace un lustro, en tanto, fue sindicado por Jorge Antonio Olivera –luego condenado a prisión perpetua y hoy prófugo– como autor del secuestro de la modelo y militante montonera Marie-Anne Erize, en San Juan, en octubre de 1976. Mientras se desarrolle el proceso de extradición la Justicia española le prohibió al militar salir de ese país y le ordenó presentarse diariamente en tribunales.

“Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 9 de marzo en Madrid a Jorge Pedro Rodolfo Wagner en virtud de una orden internacional de detención por genocidio emitida por Interpol a instancias de las autoridades argentinas”, informó ayer el Ministerio del Interior de España. El detenido “es un prófugo de Argentina requerido para su comparecencia en un proceso penal en el que se le imputan –con arreglo a las leyes penales argentinas– los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos”, agregó.

El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedrez le concedió también ayer la libertad provisional al represor, a quien le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le ordenó presentarse diariamente en su juzgado, según informó el diario El País de España. Entre las razones de la liberación están su avanzada edad y su estado de salud, informaron a ese diario fuentes judiciales españolas.

Sánchez Camargo, uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en Mendoza junto con el brigadier Julio César Santuccione, afirmó durante su declaración indagatoria ante la Cámara Federal de esa provincia en abril de 1987 que los interrogadores de los secuestrados en el D2 eran “gente de Ejército, entre ellos el capitán Wagner, el teniente coronel Hamilton Becerra y dos más que decían llamarse capitán Taboada y capitán Escudero”. “Mi percepción es que provenían del Batallón de Inteligencia 141”, dijo con conocimiento de causa, en referencia al destacamento.

Uno de los casos en los que está imputado Wagner es el secuestro, el 15 de octubre de 1976, de Marie-Anne Erize Tisseau, una modelo y militante montonera de 24 años, de origen francés, que desde entonces permanece desaparecida. Quien vinculó directamente al ahora detenido con ese secuestro fue Jorge Antonio Olivera, condenado a cadena perpetua en 2013, quien se fugó días después desde el Hospital Militar Cosme Argerich y por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de dos millones de pesos. Fue en 2011, durante una declaración indagatoria de seis horas ante el Tribunal Oral Federal de San Juan. Olivera dijo que Wagner y José Luis Piedra habían sido los responsables del secuestro de Erize, ocurrido en una bicicletería de San Juan. Apuntó que ambos estaban adscriptos a la Sección Operaciones del destacamento mendocino pero que “vinieron a San Juan a buscarla”. El represor aseguró ante el tribunal que Piedra le pidió disculpas en dos oportunidades dado que estaba procesado con prisión preventiva por un secuestro que él había cometido. La última disculpa, dijo, fue un llamado al Penal de Chimbas, cuando Piedra le pidió “por favor que no lo denunciara” y Olivera –siempre según su relato– le dijo que era “un cobarde”. El imputado entregó al tribunal en aquella audiencia de noviembre de 2011 los números de documentos, domicilios y teléfonos de sus camaradas, informó entonces el diario El Zonda de San Juan. Luego de otros cuatro años y tres meses prófugo, Wagner fue detenido el miércoles. Ahora deberá avanzar el proceso de extradición. Las autoridades argentinas tienen cuarenta días para presentar la documentación en respaldo al pedido judicial. La ficha de Interpol con su orden de captura internacional informaba que Wagner nació en Santa Fe y que tiene doble nacionalidad, argentina y alemana.

martes, 9 de febrero de 2016

El abogado Pablo Salinas pedirá perpetua para los magistrados de Mendoza acusados por delitos lesa humanidad

Ellos fueron un engranaje más de la dictadura”

El representante del MEDH adelantó a Página/12 qué pena solicitará para Luis Miret, Guillermo Petra, Evaristo Carrizo y Otilio Romano. En el comienzo de su alegato explicó que “brindaron la impunidad que permitió” para secuestros y desapariciones.

  Por Alejandra Dandan

Dicen que durante las audiencias los cuatro jueces acusados se la pasan haciendo objeciones por lo bajo como las tías en las mesas de fin de año. Pero esta vez escucharon y no abrieron la boca. Cada vez más enmudecidos, escucharon la primera jornada de alegatos de Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) que proyectó varias páginas de un PowerPoint en una pantalla con números de expedientes, fojas de causas y palabras textuales con las que esos mismos jueces rechazaron y cerraron unos 200 expedientes durante la dictadura, sin investigar, ni mover un papel. Salinas no sabe qué les pasó exactamente a los jueces durante audiencia pero está convencido de que la rotunda y desgarradora literalidad de los viejos papeles en casos como el de la adolescente Luz Amanda Faingold, de 17 años, los calló.

“El entonces juez Luis Miret en el expediente 34.498 B, caratulado como NATALIO FAINGOLD/solicita entrega de su hija LUZ AMANDA FAINGOLD, negó restituir a la joven de 17 años Luz Faingold a sus padres a través de la resolución del día 6 de septiembre de 1975”, señaló uno de los PowerPoint. “Los argumentos fueron los siguientes: ‘No obstante sus escasos 17 años podría ser un sujeto de gran peligrosidad’, ‘la nombrada hace vida de adulto siendo aún una niña’. Y siguiendo con el dictamen del Fiscal Otilio Romano fs 13 vta, no hizo entrega de la menor a los padres y la mandó alojar en dependencias de la Dirección Provincial del Menor”.

El MEDH concluyó la primera de tres audiencias previstas del alegato del llamado juicio a los jueces que recomenzó la semana pasada con una esperada duplicación de horas de audiencias. Entre los 38 acusados –junto a integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Policía– figura Luis Miret y Otilio Romano, juez y fiscal federal durante la dictadura, premiados con una carrera judicial en ascenso que los llevó a integrar hasta hace muy poco la Cámara Federal de Mendoza. También son juzgados Guillermo Petra Recabarren y Evaristo Carrizo. En línea con el pedido de ampliación de acusación que presentó la fiscalía el año pasado, el MEDH los acusa por participación primaria en homicidio y torturas; asociación ilícita y participación primaria en delitos de ataque sexual. Aunque hay gradualidades, el organismo va a pedir para los cuatro condenas a perpetuas como lo hizo en el alegato que acaba de concluir esta semana la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, representada por el abogado Fernando Peñaloza. El de Mendoza es uno de los juicios de más importantes del año. En la primera jornada de alegatos el MEDH delineó el rol específico de la justicia federal penal en el engranaje represivo y luego caracterizó los actos de los jueces en un debate que tiene entre sus singularidades más claras el estar atravesado por un enorme volumen de pruebas documentales. Los hábeas corpus y casi dos centenares de sumarios judiciales firmados por los acusados muestran no sólo la clausura de las investigaciones, sino cómo la justicia “hacía la retaguardia para que pudieran continuar los secuestros y las desapariciones”, dice Salinas.

–¿Qué sucedió en la audiencia con los jueces?

–Un dato es que los defensores salieron a pedirme un expediente que presenté en la pantalla. Una discusión del juicio es sobre la competencia. Los jueces cambian los argumentos de defensa, entre ellos dijeron que no eran competentes porque una ley de Videla establecía la competencia militar. Sin embargo, ellos jamás la invocaron, sino que invocaban la ley 20.840 que establecía la competencia federal para declarar la competencia. La competencia está probada entre otras cosas porque firmaban los expedientes; porque habían hecho hasta un sello para estandarizar las respuestas y porque, además, la policía reconocía la competencia dado que les mandaba todos los sumarios a ellos. Pero en el alegato presenté una prueba más: un expediente (37954-B) de una detenida en la cárcel de Devoto, Maria Susana Liggera, en el que la Corte Suprema de Justicia de Nación ya en 1977 resolvió que la competencia la tenía la Justicia Federal de Mendoza. Así que además de que ellos se declaraban competentes, la Corte de esa época también lo hacía. En ese momento, todos los defensores se pusieron como locos porque no conocían ese fallo.

–Hay causas que involucran a funcionarios del Poder Judicial en distintas etapas en todo el país. ¿Cuál es la diferencia del caso Mendoza?

–En el alegato hice referencia a esas otras causas abiertas porque los mendocinos creen que esto es sólo en contra de ellos. Repasé todas las causas para explicar que el terrorismo de Estado necesitaba a la justicia federal penal. No necesitaba de toda la justicia, ni a los 5.000 jueces de Argentina. Necesitaban a los jueces federales penales porque era un universo más chico, más manejable, pero además estaban en general compenetrados con el régimen porque, por ejemplo, los ascensos dependían de ser fieles al régimen represivo.

–¿Dependían del nombramiento de Jorge Videla, por ejemplo?

–El ex juez Miret manifestó en el juicio que el día que fue nombrado camarista tocó el cielo con las manos y la designación fue la recompensa que le otorgó el teniente general Jorge Rafael Videla por su actuación desde 1975 en la justicia federal como subrogante. Pero además esto es derecho penal de acto y no juzgamos al que juzga sino al que ejecutó el plan represivo. El que lo aplicó. Y no pasaba acá nada más sino en todo el país. Lo que tuvo Mendoza fue un fiscal como Omar Palermo durante la instrucción del juicio que hizo un requerimiento impecable y los mandó a juicio sin problema. Otras provincias no tuvieron esa suerte.

–¿Pero Mendoza además tiene una serie de pruebas destacables?

–Acá están por un lado los hábeas corpus. Si a mí como fiscal, por ejemplo, viene una mujer de 26 años como Adriana Bonoldi que denuncia que le secuestraron al marido de 22, como Marcelo Carrera, y dice que lo secuestraron, la llevaron al barrio y abusaron de ella, y me presenta un hábeas corpus y lo rechazo con costas, estoy siendo partícipe de que esos hechos nunca se investiguen. El fiscal tuvo noticias del crimen. No era como el resto de la ciudadanía, porque otro argumento de ellos es que dicen que no sabían lo tremendo que era Videla. Ese es, según pude ver, el mismo argumento del defensor de los jueces nazis en el juicio a Nuremberg. Hitler era una bestia, y decían que ellos no sabían que era una bestia. Acá también tratan de descargar la culpa en el dictador, pero el dictador no es él solo responsable, sino que lo son todas las instituciones que colaboraron para que pudieran llevar adelante este genocidio.

–Además de los hábeas corpus, usted menciona otros documentos.

–Los otros documentos son expedientes que se conocen como del ‘fiscal contra autores desconocidos’: son las causas en las que el familiar además de hacer la presentación de hábeas corpus se iba a la comisaría del barrio y hacía una denuncia. Allí decía: ‘Mire, me han secuestrado a mi hija de 19 años, me han robado, roto la puerta y todo lo demás’ y la policía mandaba todos los sumarios directamente a Romano o a Miret. Había razones históricas para hacerlo. Aquí también entra el tema de la competencia. Ya desde el año 1975, la Policía estaba determinando la competencia federal de estas causas. Apenas veían la palabra subversivo lo mandaban a la justicia federal. Romano que era fiscal le ponía el sello estandarizado que indicaba que se declaraba competente y pedía el sobreseimiento de la causa y Miret daba el sobreseimiento, archivaba la causa y no investigaban nada. Esto permitía que las Fuerzas Armadas siguieran torturando, violando a las personas, secuestrando. La justicia archivaba todas las denuncias. Así, otorgaban las zonas liberadas pero no las otorgaba la Policía; eran zonas liberadas por Romano, Miret, Petra y Carrizo. Pero además, los acusé porque ya durante el año 1975 ellos usaron las torturas del D2 para armar expedientes contra los presos políticos. Los expedientes se construían con declaraciones arrancadas bajo la tortura en el D2 y los usaron porque Romano acusaba a los presos políticos a partir de esas confesiones.

–¿Por ejemplo?

–Un ejemplo es la causa Mochi, son 15 personas del COS o Partido Obrero. Van a una casa y los secuestran. Se los llevan, entre ellos está Luz Faingold. La violan. Después la hacen firmar una declaración bajo tortura. Esa declaración arrancada en el D2 se la mandan a Romano. ¿Y qué hace Romano? Acusa a Luz y al resto con esas declaraciones de la tortura. Un dato importante es que en un expediente, otro juez otorga la falta de mérito a uno de ellos al señalar que no había pruebas suficientes y dice que no se podía avanzar solo con la prueba generada en sede oficial. ¿Pero qué hizo Romano? Apeló y dijo que las pruebas en el D2 eran válidas. Sucedió lo mismo con los Consejos de Guerra. Los Consejos eran otra mentira construida por los militares para justificarse internacionalmente, eran otro de los lugares donde llegaban las víctimas a los golpes, vendadas, les hacían confesar cualquier cosa. Armaban el proceso judicial con visos de legalidad pero era ilegal.

–¿Había sólo un juez federal en Mendoza?

–Sí. Primero fue Carrizo hasta 1975. Luego renuncia y lo subrogan Petra y Miret. Más tarde Miret es ascendido a camarista por Videla y Petra pasa a ser defensor oficial. En ese momento asume como juez federal Gabriel Buzzo, ya fallecido, a quien en ocasiones lo subroga Petra. Romano siempre fue fiscal y es el que sugiere archivar todas las causas.

–¿Un caso emblemático es el de Luz Faingold?

–Por eso hablo de régimen de la dictadura. El padre y la madre se presentan a pedir que la entreguen porque el régimen de menor de edad los obligaba a hacerlo. Pero Miret le dio el expediente a Romano, Romano dice que es peligrosa. Y Miret fundamentándose en ese dictamen dice que hace una vida de adulto cuando en realidad es una niña y abusando de conceptos moralistas, como que tenía a los padres divorciados, ordena no restituirla a los padres.

–Las imputaciones cambiaron. ¿Cuál es el valor del cambio?

–El tribunal aceptó la ampliación que pidió el fiscal por participación primaria. La ampliación dejó sin efecto la omisión de investigar. Lo importante es lo que digo en todo el alegato: que ellos aplicaron el régimen de la dictadura y represivo por lo tanto fueron un engranaje más. Citando en parte el fallo del campo algodonero de Ciudad Juárez, señalo que con el hecho de que consideraran expedientes y no a personas, brindaron la impunidad que permitió que los secuestros y desapariciones continuaran ocurriendo con la garantía de que nadie iba a ser responsabilizado porque los jueces federales estaban cubriendo la retaguardia.

–¿Cuál es la pena que va a pedir?

–Perpetua para los cuatro. No hay otro pedido posible porque la acusación incluye participación en homicidios.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Continúan los testimonios en el juicio a los genocidas en Mendoza

Yo estaba como muerta pero con los ojos abiertos”

De los seis testimonios que hubo en la única audiencia semanal del megajuicio por delitos de lesa humanidad, tres fueron de víctimas directas del terrorismo de Estado. Entre ellos sobresalió el de Norma Arenas, detenida entre noviembre de 1.976 y abril de 1.977, porque fue la primera vez que expuso oral y públicamente los gravísimos hechos que determinaron su vida y la de su familia, proveniente de Rivadavia. En su relato, el D2 y los policías que sirvieron al genocidio fueron dimensionados como “infrahumanos”. Emoción ante el descubrimiento de un desconocido habeas corpus tramitado por su madre.

“Has estado en mi vida todos estos años” le dijo la sobreviviente Norma Graciela Arenas a Miguel Ángel Rodríguez, también víctima del terrorismo de Estado, en el interín entre las respectivas testimoniales que aportaron en la audiencia de ayer. “Vos también, nunca te olvidé”, le respondió su compañero. Ambos compartieron tramos de detención entre fines de 1.976 y principios de 1.977 en el D2 y en la Penitenciaria Provincial y no se habían vuelto a ver en 38 años. Fueron dos de los seis testigos que imprimieron ritmo y emoción al único debate semanal y establecieron precisiones en relación al homicidio de Osvaldo Sabino Rosales y la desaparición de Ricardo Alberto González, luego de un operativo en la vivienda que compartían en la clandestinidad en Dorrego, el 16 de enero de 1.977.

En particular el relato de Arenas resultó muy revelador y vívido del horror que sufrió, dado que se trató de su primera testimonial a pesar de que el deceso del acusado ex juez Gabriel Guzzo dejó a su causa sin imputados. “Soy una mujer a punto de cumplir 60 años y estoy sentada aquí para reconstruir la historia de una joven que tenía 21 años el día de su detención”, señaló claramente al sentarse ante el Tribunal.

Oriunda de Rivadavia, Norma se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata pero retornó en 1.975 porque “las cosas se pusieron muy difíciles” luego del asesinato por grupos de tareas de quien fue su compañero en aquella ciudad. Se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras y se instaló en una pensión sobre calle Rufino Ortega esquina Huarpes de la Ciudad de Mendoza. Su padre era capataz de la Bodega Gargantini en el este de la provincia y mantenía permanente contacto telefónico con su familia. Recordó a varias personas de sus ámbitos que sufrieron persecuciones a partir del golpe de Estado, como Mario Díaz que había sido vecino y compañero suyo en la escuela, y a Alicia Peña, Rubén Rizzi y Susana Saldillo en Filosofía, carrera que pudo completar en democracia como profesora de Letras y magister en Ciencias del Lenguaje.

Hacia abril de 1.976 integraba el “Movimiento Azul y Blanco” dentro de la Juventud Universitaria Peronista. Una tarde se citó con su compañera Mónica Cerutti, ambas muy preocupadas por las desapariciones que venían sucediéndose. Al percibir que eran vigiladas decidieron separarse y al llegar a inmediaciones de la plaza España, Norma confirmó que dos policías andaban tras ella por lo cual se escondió durante horas en una obra en construcción. El episodio no es menor porque meses después, tras una violentísima sesión de torturas en el D2, reconocería a uno de los individuos.

La mañana del 23 de noviembre de 1.976 fue interceptada en calle Paso de Los Andes cuando se dirigía a la Facultad. Dos policías de civil hicieron explícita la inteligencia previa dado que pronunciaron su nombre antes de exigirle el documento. Otros dos la tomaron de atrás y la subieron a una Rural 125 color crema. Tuvo la sensación que el área había sido despejada ya que no se veía un alma en la calle. Al cruzar los portones del parque San Martín le arrancaron una medalla, la tabicaron y amenazaron con que iba a pasar mucho tiempo en Papagayos.

La ingresaron al D2 por el estacionamiento y la forcejearon para tirarla “al sótano con la cabeza o con los pies”. Abajo “había otras presencias” y alguien dijo “la trajeron”. La desnudaron a tirones, la acostaron en un camastro, ataron sus piernas y un “doctor” le tomó la presión. El interrogatorio incluyó la aplicación de electricidad sobre “la vagina, los pechos, los pezones y la boca”. Además del médico -que ante su desmayo indicó: “basta que esta pendeja se les va”- percibió la presencia de “Mechón Blanco”, de “alguna autoridad a quien le decían señor” y de uno de sus perseguidores en la cita de abril. “Esta pendeja es la que se me escapó”, dijo entonces el agente. Ella comenzó a gritar por el pánico y al taparle la boca le mordió la mano, dejándole los dientes marcados. Entonces el torturador intentó ahorcarla con un cinturón o una soga. Explicó Norma: “Ellos gozaban con ese sadismo, mucho de lo que preguntaban no tenía que ver con lo político sino con lo sexual y otras depravaciones”.

Luego la subieron a una celda y la amordazaron con un trapo sanguinolento que la hacía babear, la maniataron y tiraron a un colchón boca abajo, siempre con la vista tapada. Las condiciones de indefensión eran absolutas, los guardias entraban y la molían a patadas y bamboleaban su cabeza contra las paredes. También refirió el manoseo en el área de baños de parte de uno de los represores, joven y rubio, luego de que se quiso suicidar tomando agua del inodoro tras la picana. Por la noche sintió la “vocecita de alguien en el calabozo de al lado” que la tranquilizó y le dijo que no estaba sola. Al otro día arreciaron los castigos y así le hicieron firmar unos cuantos papeles.

Tiempo después le quitaron las ataduras y el trapo y pudo ver a Laura Marchevsky y Rubén Rizzi en su paso fugaz por el D2. Entonces se quedaron solas con Rosa del Carmen Gómez, a quien “Mechón Blanco” encerró una noche en una celda contigua  a la suya para abusarla. Días después el centro clandestino “se llenó de pronto” y llegaron Ciro Jorge Becerra, Alfredo Hervida, Oscar Enrique Krizizanovsky y Miguel Ángel Rodríguez, “todos en muy mal estado” porque “se los llevaban a la noche y los traían medio muertos”. Ella estaba en la celda 4 y Rodríguez en la de enfrente, por eso grabó su mirada a través de la mirilla ya que se comunicaban por lenguaje de señas. También recordó su respiración como “estertores de la muerte”. La tortura psicológica tampoco les fue escatimada: Rodríguez vivía perturbado por la amenaza constante de que los “iban a tirar a todos al Carrizal”, en tanto que a Norma le hacían la macabra descripción de su padre y cómo iban a torturarlo.

El “punto límite” del horror experimentado por Norma fue cercano a la navidad de 1.976. Una mañana reconoció la voz de su hermano entre la de otros prisioneros. Explicó: “Es indescriptible saber que un ser querido está pasando por eso”. Ante su desesperación aparecieron “Mechón Blanco” con otro y con el “rubio que se hacía el simpático”. Luego de golpear su cabeza contra las paredes él le dijo: “Se acabó la señorita, salí, ahora voy a hacer lo que se me dé las ganas con vos, vos sos nada, sos como un perro”. Con el llanto quebrado por el horror, Norma recordó el “gesto inolvidable de Jorge Becerra”, que entonces comenzó a gritar y patear para llamar la atención del acosador. La paliza a continuación para ambos fue tremenda pero ella considera ese acto como algo muy humano en medio del infierno”.

Jorge Becerra sufría convulsiones porque era epiléptico y tenía una pierna enyesada. Miguel Ángel Rodríguez refirió cómo se ensañaron con él y confirmó los castigos generalizados para navidad, y en particular el episodio contra él y Norma. Dijo ella en relación a las “situaciones espantosas” de Jorge y de su hermano, a quien tuvieron secuestrado durante 24 horas: “Sentía como que me estaba ahogando en una pileta llena de sangre, lo que estaba viviendo no era verdad, yo estaba como muerta pero con los ojos abiertos. Ese era el infierno que vivió ese grupo humano. A Isabel Nuñez -oriunda de General Alvear- la tuvieron encerrada con su beba de pocos días y no podía amamantarla por las torturas. La leche se le había cortado. Esta gente mal entrazada, sucios y olorosos, no tuvieron límites ni con una mujer que acababa de parir y su beba que lloraba de hambre”.

Norma Graciela Arenas sobre los límites del horror en el D2, la detención de su hermano y el gesto de Jorge Becerra, 28 de octubre de 2.014. Emitido en “Tan Gente”.

La Navidad de Oyarzábal y la resistencia de una familia

ngares2La familia de Arenas supo de su desaparición por quienes vivían en la pensión de calle Rufino Ortega. Por parientes de Elbio Belardinelli, otro rivadaviense que había sido secuestrado con anterioridad, supieron que estaba recluida en el D2. Su madre, “una ama de casa que apenas sabía leer y escribir y de golpe se encontró con esa situación tan superadora”, pudo verla recién un mes después del secuestro, en fechas próximas a las fiestas de fin de año. La familia fue conducida al D2 por Manuel Di Lorenzo, un tío adinerado de Rivadavia. En el ingreso al Palacio Policial el tío se cruzó con el subjefe del D2, Juan Agustín Oyarzábal, que también vivía en el departamento esteño, y les prometió una visita para Navidad. Antes, en la Guardia, el policía que los atendió “se tocó los genitales y sacó el arma como incitándolos a que se atrevieran hacer algo”.

La visita “otorgada” por Oyarzábal fue “muy fugaz” y traumática. Recordó que estaba “muy adelgazada, sucia y desgreñada por las condiciones infrahumanas” y que su madre recibió su ropa ensangrentada. Las mujeres fueron sentadas en escritorios enfrentados mientras dos policías a cada lado les apuntaban. Cuando la mamá descubrió la marca que tenía en el cuello por el intento de ahorcamiento al que fue sometida, estalló en gritos. En tanto, los policías se burlaban del padre porque padecía sordera. Con los años, Norma supo que en retribución de aquel “favor”, su tío obsequiaba una caja de vino cada fin de semana a Oyarzábal. Esto duró años.

Respecto al secuestro de su hermano mayor, la víctima reconstruyó que estudiaba en La Plata y trabajaba en la Petroquímica Mosconi. Al desaparecer ella, retornó a Mendoza. Un grupo de tareas lo capturó en la casa familiar en Rivadavia, tras golpearlo en su habitación ante la desesperación de su madre y el “gesto de amor” del hermano más pequeño, de 15 años, que pidió a los represores que se lo llevaran a él. El perro de la familia fue a buscar al padre que apareció corriendo y arrojó un hacha al móvil con los secuestradores “porque no podía perder más hijos”.

Fue su madre, Bernarda Velásquez, la que hizo todas las averiguaciones posibles por su destino. Ni siquiera se amilanó cuando en vísperas de Navidad casi fue arrestada por el general Maradona en el Comando de Comunicaciones de Montaña, luego de golpear la mesa ante las mentiras del militar. Uno de los momentos más fuertes del testimonio de Norma fue cuando el fiscal Daniel Rodríguez Infante le hizo reconocer la firma de su madre en un habeas corpus presentado hace 38 años. “¡Qué orgullo me da mi madre! Pensé que no lo había podido hacer”, dijo sorprendida. Y agregó que “esas prácticas que parecen habituales son sumamente complejas para quienes estamos afuera del Poder Judicial”.

martes, 16 de septiembre de 2014

La justicia mendocina niega la prisión domiciliaria al ex juez Otilio Romano

A la espera de la condena en la cárcel

El ex camarista es juzgado por su participación en crímenes de lesa humanidad. Había solicitado el beneficio por motivos de salud. El tribunal entendió que su detención no implica “restricción de derechos fundamentales” y que tiene garantizado un trato humanitario.

 Por Irina Hauser

A pesar de la obstinación y de cierto guiño que había obtenido de especialistas del Cuerpo Médico Forense, el ex camarista federal Otilio Romano no consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria y deberá seguir detenido en el penal de San Felipe, en Mendoza. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esa provincia, que concluyó que “no se advierte que el encarcelamiento” le esté causando alguna “restricción de derechos fundamentales” y que ha tenido garantizado un trato humanitario en el penal, además del acceso a todos los tratamientos médicos que necesita como diabético e hipertenso. Según los jueces, si bien la ley prevé que superar los 70 años puede ser una razón para acceder a la detención en la casa, ésa “no es una concesión automática”. En el caso de Romano –advirtieron– no hay que perder de vista que estuvo prófugo casi dos años y fue extraditado desde Chile, lo que evidencia “objetivamente” el riesgo de que se escape u obstaculice la causa.

A Romano se lo juzga por su participación en más de un centenar de crímenes de lesa humanidad, en Mendoza, junto con otros 40 imputados, entre ellos otros ex jueces (Guillermo Petra Recabarren, Rolando Carrizo y Luis Miret). En varios casos se le adjudica un conocimiento directo de secuestros, torturas, desapariciones y homicidios que no investigó o no denunció como fiscal y juez. El tribunal que lleva adelante el juicio dijo que no advierte “razones humanitarias que inspiren la aplicación de la institución de la detención domiciliaria, ni prueba de que tenga una enfermedad terminal incurable, ni estado delicado de salud que no pueda ser tratado en el complejo penitenciario y hospitales extramuros”. La decisión fue firmada por los jueces Juan Antonio Gonazález Macías, Alejandro Piña y Raúl Alberto Fourcade.

Hace tiempo que Romano pide cumplir la detención en su casa a pesar de que ya mostró su capacidad de huida. Hubo informes del Cuerpo Médico (CMF) que señalaban que padece varias enfermedades (diabetes, hipertensión, policitemia, depresión, entre otras) y que debe recibir la atención médica especializada en el penal. La defensa hizo foco en la evaluación reciente del forense Florencio Casavilla, quien entrevistó al acusado en la cárcel y concluyó que el lugar no ofrecía condiciones mínimas de habitabilidad ni garantías de cuidado médico. La querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se opuso y pidió que se citara a declarar a Casavilla, al director del penal –Eduardo Orellana– y al procurador Penitenciario local, Fabrizio Imparado.

“Lo bueno de escuchar a esos testigos es que permitió ver cómo evaluaron la situación de Romano. Con Casavilla quedó a la vista que no le hizo estudios médicos, se limitó a hablar con él y no vio los informes elaborados a mitad de año por cada una de sus patologías. Se quejó porque en el penal lo atendieron mal y tampoco pudo justificar cuál era la situación de hacinamiento ni las condiciones indignas del pabellón donde están alojados los represores”, contó el abogado querellante Carlos Varela a Página/12. El procurador, quien había recibido una denuncia de una organización defensora de represores, confirmó lo que ya había escrito: si bien hay condiciones críticas para los presos por delitos comunes, nada de eso sucede en el pabellón de los detenidos de lesa humanidad, donde todos tienen colchón, frazada, baño en las celdas, higiene adecuada, excepto en sitios como la cocina; algunos tienen televisor y biblioteca y hay médicos tres veces al día, lo que no impide que los detenidos lleven sus médicos privados.

Según la resolución, Romano tiene “un estado de salud si bien complejo, compensado, los padecimientos que lo aquejan no son de grado tal que requieran internación hospitalaria y pueden ser –y han sido– controlados” dentro de la cárcel o en hospitales públicos. Hace poco, ejemplifica, tuvo un “cuadro de hipertensión” compensado dentro de la unidad y tratado en el Hospital Central. Lo que requiere “estrictamente” Romano, dijeron, es “el control mensual de especialistas en cardiología, diabetología, neurología, hematología y oftalmología, de modo tal que un equipo interdisciplinario controle su evolución, y con ello la eventual adecuación de la medicación que actualmente recibe”. Exhortaron al gobierno mendocino a que se cumplan esos controles y la atención médica e indicaron que la División Sanidad haga informes semanales sobre la salud del ex camarista.

Romano puede insistir con su planteo en otras instancias. En la querella quedaron conformes, más aún teniendo en cuenta que un reciente fallo de la Corte se inclinaba por flexibilizar los criterios para otorgar domiciliaria a represores. El tribunal mendocino enfatizó el carácter “excepcional” de la domiciliaria ante crímenes de lesa humanidad y señaló las obligaciones de investigar y sancionar del Estado argentino.

jueves, 14 de agosto de 2014

Declaró Carlos Abihaggle en los juicios de lesa humanidad

El ex embajador argentino en Chile y ex preso político relató que lo interrogaban encapuchado y lo torturaban gatillándole en falso. Aseguró que nunca un juez o un fiscal lo visitó por su situación. Carlos estuvo cuatro meses detenido en el Liceo Militar Espejo y el Batallón de Comunicaciones.

En el megajuicio de delitos de lesa humanidad declaró Carlos Abihaggle, ex funcionario mendocino con diferentes cargos. Su cargo más importante fue de embajador en  Chile. El 24 de marzo de 1976 fue detenido, estuvo cuatro meses hasta poder recuperar la libertad. Contó su experiencia: “Fui detenido en el Liceo Militar primero, fuimos interrogados. En ningún momento se nos dijo porqué estábamos ahí porque por supuesto no teníamos derecho a defensa ni nada por el estilo. En mi caso particular me interrogaban encapuchado, a veces hacían  sonar los click de las armas”.

jueves, 19 de junio de 2014

Dos niñas como botín de guerra


16-06-14| El secuestro de dos bebas, ocurrido en Mendoza en el marco del operativo de febrero de 1976, fue prácticamente un ensayo de lo que acontecería en el país con el robo y apropiación de niños y niñas durante la Dictadura. Declararon el matrimonio Ivonne Larrieu – Alberto Muñoz y Stella Maris Ferrón, secuestradas junto a sus hijitas en el mencionado operativo contra sindicalistas y militantes cercanos a Montoneros.

Ivonne Larrieu abraza a su hija María Antonia, bajo la mirada de Alberto Muñoz

"No nos han vencido”

Ivonne Larrieu tenía 18 años, el 9 de febrero de 1976, cuando un grupo de tareas se la llevó de su casa junto con su hija María Antonia, quien había nacido el 25 de enero de ese mismo año. La mujer y la beba fueron trasladadas al D 2 e idéntica suerte corrió el marido de ella y padre de la niña, Alberto Muñoz. Los tres fueron arrebatados de una vivienda del barrio SOEVA que les había prestado Miguel Ángel Gil, amigo y compañero de militancia.
Ivonne y Alberto, oriundos de Mar del Plata, eran militantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), organización ligada a Montoneros. Al detectar que eran vigilados y perseguidos, decidieron venir a vivir a Mendoza.
En el D 2, a Larrieu y su bebita las dejaron en una habitación vacía, sin muebles ni colchones. Durante por lo menos 4 días, a la joven madre no le dieron comida ni agua pero aún así pudo amamantar a Antonia. Tampoco le dieron pañales por lo que para higienizar a la nena utilizaba pedacitos de la funda de almohada con que tenía vendada la cabeza.
Con entereza y valentía, Ivonne, contó las torturas y vejámenes sexuales sufridos por las detenidas. Después de 17 días de padecimientos fue llevada a una comisaría en la que le tomaría declaración el ex juez Rolando Carrizo a quien, si bien no identificó de manera fehaciente, muchos testigos coinciden en ubicarlo en una Comisaría, en la que interrogó a quienes venían del D 2, para luego enviarlos a la Penitenciaría.
Ya en la cárcel mendocina, cuando tenía 5 meses, a Antonia debieron llevarla de urgencia al hospital Militar para operarla por una obstrucción intestinal. En esa intervención le provocaron quemaduras en la cola, aparentemente con agua caliente.”Ella también estaba presa. ¡Tenía 15 días y era una víctima más! Nos les importó nada, qué animales, si se moría, se moría”, dijo conmovida la mujer.
“Sin embargo, no nos han vencido…”, agregó la testigo en un emocionado tramo de su declaración.

“Rehén, no preso”

Alberto Mario Muñoz, esposo de Ivonne Larrieu, tenía 18 años al momento de su secuestro; fue trasladado al D2, pateado, golpeado y picaneado en sus calabozos. Pudo saber que su mujer y su hija estaban vivas recién cuando fue llevado ante el juez Carrizo, junto con sus compañeros de cautiverio. “Sin camisa, descalzo, flaco y con mi cuerpo que parecía un mapa de borceguíes, Carrizo me dijo que yo era un comunista. Estaba enfurecido y me exigía que me declarara culpable”, contó Muñoz.
Nunca tuvo contacto con sus defensores oficiales, aunque en los papeles están consignados los nombres de Guillermo Petra y Garguir para ejercer esa función.
“Yo no fui preso, fui rehén”, reflexionó el testigo y añadió que “los hombres la pasamos muy mal, pero las compañeras la pasaron peor”- dijo- “No existe ninguna doctrina que diga que las guerras se ganan violando mujeres, si es que insisten con que hubo una guerra… Nuestras mujeres eran hermosas y valientes y hoy, aún las que no están, son más hermosas y valientes”.
María Antonia Muñoz Larrieu, aquella niña de 15 días secuestrada junto a su madre, ya mujer, estuvo en primera fila acompañando los duros testimonios de su madre y su padre.

Ensayo de apropiación
Ferrón: cuando me devolvieron Yanina tenía el enterito del día del secuestro (hacía un más de un mes), olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias.


Stella Ferrón frente al Tribunal

Stella Maris Ferrón, licenciada en Ciencias de la Educación, oriunda de Santa Fe, fue secuestrada el 9 de febrero de 1976 y trasladada al D 2. Recibió un trato similar al de las otras mujeres detenidas, con el agravante que los ataques sexuales y la picana le provocaron un aborto
La aprehendieron junto a su hija Yanina, de 10 meses; increíblemente, también a la beba la golpearon y hasta le aplicaron corriente en su cuerpo con un cable conectado a un auto. Luego se la quitaron.
Como a los demás integrantes de la denominada Causa Rabanal, a Stella Maris, luego de unos 18 días, la llevaron ante el juez Carrizo. “Yo sólo le pedía que me devolvieran a mi hija y Carrizo me dijo que no sabía que yo iba a declarar y que por eso no había averiguado nada de la nena. Y me interrogaba dónde estaba mi esposo”, narró la testigo. Su marido, José Antonio Rossi, en ese momento se encontraba en la clandestinidad; posteriormente, fue secuestrado en un café céntrico mendocino, el 27 de mayo de 1976, y aún está desaparecido.
Desde el momento de la detención de ambas, la familia de Ferrón se abocó a la búsqueda de la pequeña. Sin resultados positivos decidió regresar a Santa Fe. En esa ciudad, la madre de Stella, solicitó la mediación del entonces obispo, Monseñor Zaspe, quien, presume la testigo, se comunicó con la curia mendocina hasta que finalmente dieron con el paradero de la criatura.
La hija de Ferrón había quedado en poder del comisario Juan Félix Amaya, de la seccional 25°. En la actuación policial consta que el funcionario “por peligro moral y material se hace cargo de la niña”. Sin embargo, cuando la entregó a los padres de la detenida, el 12 de marzo, Yanina tenía el mismo enterito que el día del secuestro -había pasado más de un mes- olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias. Ya con Stella, en la cárcel, debió soportar un simulacro de fusilamiento estando en brazos de su mamá; a raíz de clima de inseguridad y agresión que vivían, Ferrón decidió entregársela a sus padres.
“Las consecuencias psíquicas han sido severas”, dice parte de un informe médico con el que Stella Maris Ferrón cerró su testimonio.

martes, 17 de junio de 2014

Juicio de lesa humanidad a los ex jueces

Miret le tomó declaración a un ex detenido que vestía sólo pantalones

Al ex juez no le llamó la atención que los militares le llevaran un detenido sin ropa, con el torso desnudo. Tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba por la tortura. Se trataba de Alberto Mario Muñoz, que fue secuestrado con su esposa, Ivonne Larrieu, en 1976. Ella fue violada en el D2, al igual que otras detenidas-desaparecidas.

“Es una cochina mentira”, dijo Ivonne Larrieu. Así definió el acta que le hizo firmar el juez Rolando Carrizo, en la Unidad Regional Primera de la Policía de Mendoza. Ella no tenía idea qué decía el acta, pero esa firma era el pasaporte para su legalización: saldría del centro clandestino de detención donde la habían violado y torturado, en un entrepiso del Palacio Policial mendocino, y pasaría al penal provincial. Todo eso acompañada por su hija, de 15 días de vida, que había sido secuestrada con ella, un mes antes del golpe de Estado de 1976.

La detención de Larrieu fue parte de una razzia que incluyó la caída de varios militantes y simpatizantes de Montoneros. Todos ellos fueron apresados en Mendoza, llevados a los calabozos del Palacio Policial, donde hoy funciona un archivo, torturados durante una semana y legalizados con la asistencia del juez Carrizo. Junto con él trabajaron, para el dispositivo represivo, los defensores y jueces subrogantes Luis Miret y Petra Recabarren. Ambos habían firmado el acta como defensores pero ella no lo supo nunca. Se enteró cuando los abogados le leyeron ese texto, firmado con un torturado al lado.

Carrizo, Miret y Petra Recabarren están acusados junto al ex juez Otilio Romano de participar del terrorismo de Estado. Los juzgan en el marco de una causa judicial que incluye a 41 imputados y se desarrolla en los Tribunales Federales mendocinos.

Los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano, acusados de crímenes de lesa humanidad.

Larrieu fue secuestrada junto con su marido, Alberto Mario Muñoz. Ambos vivían en Mar del Plata pero viajaron a Mendoza en febrero de 1976. Se habían alojado en la casa de Miguel Angel Gil. Ahí los fue a buscar la patota policial la noche del 9 de febrero: los sacaron de la cama, les vendaron los ojos con ropa y los empezaron al golpear. A Muñoz lo sacaron a la calle y lo tiraron al piso. Mientras uno de los policías le pisaba los dedos, otro le saltaba en la espalda y le pateaba la cabeza.

De ahí lo llevaron, junto a su mujer y a Gil, al D2. A todos los torturaron durante varios días: golpes picana, simulacros de fusilamiento. A Larrieu, como ocurrió con las otras mujeres secuestradas, también la violaron reiteradamente. Esa cadena sistemática del horror le costó el embarazo a Stella Maris Ferrón, otra de las detenidas en la primera quincena de febrero de 1976, que declaró esta mañana, al cerrar una audiencia de cinco horas.

En su declaración, Muñoz ratificó todo lo que contó su esposa y agregó detalles del accionar judicial: cuando lo llevaron ante el juez Miret vestido sólo con un pantalón. Al magistrado no le llamó la atención, tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba.

A Ferrón la fueron a buscar el 10 de febrero de 1976, un día después que a Larrieu, Gil y Muñoz. Su marido intentó frenar el asalto y se tiroteó con la patota policial. Mientras ella, embarazada de dos meses y con su hija en brazos saltaba la pared trasera de su casa. Pero la atraparon y la golpearon. Querían que les contara dónde había ido su marido, que había logrado escapar.

En el camino al D2 no dejaron de amenazarla. Le sacaron a su hija y le dijeron que la matarían. En los calabozos del entrepiso del Palacio Policial la torturaron como al resto de las mujeres y perdió su embarazo.

Un día la llevaron a entrevistarse con el juez Carrizo y ella pidió por su hija. Le respondió que estaba bien. Fue enviada a una cárcel, legalizada,  logró que su hija, que había sido llevada a la casa de un comisario, volviera con ella. Ambas estuvieron presas en Villa Devoto, junto a Larrieu.