domingo, 2 de noviembre de 2014

Continúan los testimonios en el juicio a los genocidas en Mendoza

Yo estaba como muerta pero con los ojos abiertos”

De los seis testimonios que hubo en la única audiencia semanal del megajuicio por delitos de lesa humanidad, tres fueron de víctimas directas del terrorismo de Estado. Entre ellos sobresalió el de Norma Arenas, detenida entre noviembre de 1.976 y abril de 1.977, porque fue la primera vez que expuso oral y públicamente los gravísimos hechos que determinaron su vida y la de su familia, proveniente de Rivadavia. En su relato, el D2 y los policías que sirvieron al genocidio fueron dimensionados como “infrahumanos”. Emoción ante el descubrimiento de un desconocido habeas corpus tramitado por su madre.

“Has estado en mi vida todos estos años” le dijo la sobreviviente Norma Graciela Arenas a Miguel Ángel Rodríguez, también víctima del terrorismo de Estado, en el interín entre las respectivas testimoniales que aportaron en la audiencia de ayer. “Vos también, nunca te olvidé”, le respondió su compañero. Ambos compartieron tramos de detención entre fines de 1.976 y principios de 1.977 en el D2 y en la Penitenciaria Provincial y no se habían vuelto a ver en 38 años. Fueron dos de los seis testigos que imprimieron ritmo y emoción al único debate semanal y establecieron precisiones en relación al homicidio de Osvaldo Sabino Rosales y la desaparición de Ricardo Alberto González, luego de un operativo en la vivienda que compartían en la clandestinidad en Dorrego, el 16 de enero de 1.977.

En particular el relato de Arenas resultó muy revelador y vívido del horror que sufrió, dado que se trató de su primera testimonial a pesar de que el deceso del acusado ex juez Gabriel Guzzo dejó a su causa sin imputados. “Soy una mujer a punto de cumplir 60 años y estoy sentada aquí para reconstruir la historia de una joven que tenía 21 años el día de su detención”, señaló claramente al sentarse ante el Tribunal.

Oriunda de Rivadavia, Norma se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata pero retornó en 1.975 porque “las cosas se pusieron muy difíciles” luego del asesinato por grupos de tareas de quien fue su compañero en aquella ciudad. Se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras y se instaló en una pensión sobre calle Rufino Ortega esquina Huarpes de la Ciudad de Mendoza. Su padre era capataz de la Bodega Gargantini en el este de la provincia y mantenía permanente contacto telefónico con su familia. Recordó a varias personas de sus ámbitos que sufrieron persecuciones a partir del golpe de Estado, como Mario Díaz que había sido vecino y compañero suyo en la escuela, y a Alicia Peña, Rubén Rizzi y Susana Saldillo en Filosofía, carrera que pudo completar en democracia como profesora de Letras y magister en Ciencias del Lenguaje.

Hacia abril de 1.976 integraba el “Movimiento Azul y Blanco” dentro de la Juventud Universitaria Peronista. Una tarde se citó con su compañera Mónica Cerutti, ambas muy preocupadas por las desapariciones que venían sucediéndose. Al percibir que eran vigiladas decidieron separarse y al llegar a inmediaciones de la plaza España, Norma confirmó que dos policías andaban tras ella por lo cual se escondió durante horas en una obra en construcción. El episodio no es menor porque meses después, tras una violentísima sesión de torturas en el D2, reconocería a uno de los individuos.

La mañana del 23 de noviembre de 1.976 fue interceptada en calle Paso de Los Andes cuando se dirigía a la Facultad. Dos policías de civil hicieron explícita la inteligencia previa dado que pronunciaron su nombre antes de exigirle el documento. Otros dos la tomaron de atrás y la subieron a una Rural 125 color crema. Tuvo la sensación que el área había sido despejada ya que no se veía un alma en la calle. Al cruzar los portones del parque San Martín le arrancaron una medalla, la tabicaron y amenazaron con que iba a pasar mucho tiempo en Papagayos.

La ingresaron al D2 por el estacionamiento y la forcejearon para tirarla “al sótano con la cabeza o con los pies”. Abajo “había otras presencias” y alguien dijo “la trajeron”. La desnudaron a tirones, la acostaron en un camastro, ataron sus piernas y un “doctor” le tomó la presión. El interrogatorio incluyó la aplicación de electricidad sobre “la vagina, los pechos, los pezones y la boca”. Además del médico -que ante su desmayo indicó: “basta que esta pendeja se les va”- percibió la presencia de “Mechón Blanco”, de “alguna autoridad a quien le decían señor” y de uno de sus perseguidores en la cita de abril. “Esta pendeja es la que se me escapó”, dijo entonces el agente. Ella comenzó a gritar por el pánico y al taparle la boca le mordió la mano, dejándole los dientes marcados. Entonces el torturador intentó ahorcarla con un cinturón o una soga. Explicó Norma: “Ellos gozaban con ese sadismo, mucho de lo que preguntaban no tenía que ver con lo político sino con lo sexual y otras depravaciones”.

Luego la subieron a una celda y la amordazaron con un trapo sanguinolento que la hacía babear, la maniataron y tiraron a un colchón boca abajo, siempre con la vista tapada. Las condiciones de indefensión eran absolutas, los guardias entraban y la molían a patadas y bamboleaban su cabeza contra las paredes. También refirió el manoseo en el área de baños de parte de uno de los represores, joven y rubio, luego de que se quiso suicidar tomando agua del inodoro tras la picana. Por la noche sintió la “vocecita de alguien en el calabozo de al lado” que la tranquilizó y le dijo que no estaba sola. Al otro día arreciaron los castigos y así le hicieron firmar unos cuantos papeles.

Tiempo después le quitaron las ataduras y el trapo y pudo ver a Laura Marchevsky y Rubén Rizzi en su paso fugaz por el D2. Entonces se quedaron solas con Rosa del Carmen Gómez, a quien “Mechón Blanco” encerró una noche en una celda contigua  a la suya para abusarla. Días después el centro clandestino “se llenó de pronto” y llegaron Ciro Jorge Becerra, Alfredo Hervida, Oscar Enrique Krizizanovsky y Miguel Ángel Rodríguez, “todos en muy mal estado” porque “se los llevaban a la noche y los traían medio muertos”. Ella estaba en la celda 4 y Rodríguez en la de enfrente, por eso grabó su mirada a través de la mirilla ya que se comunicaban por lenguaje de señas. También recordó su respiración como “estertores de la muerte”. La tortura psicológica tampoco les fue escatimada: Rodríguez vivía perturbado por la amenaza constante de que los “iban a tirar a todos al Carrizal”, en tanto que a Norma le hacían la macabra descripción de su padre y cómo iban a torturarlo.

El “punto límite” del horror experimentado por Norma fue cercano a la navidad de 1.976. Una mañana reconoció la voz de su hermano entre la de otros prisioneros. Explicó: “Es indescriptible saber que un ser querido está pasando por eso”. Ante su desesperación aparecieron “Mechón Blanco” con otro y con el “rubio que se hacía el simpático”. Luego de golpear su cabeza contra las paredes él le dijo: “Se acabó la señorita, salí, ahora voy a hacer lo que se me dé las ganas con vos, vos sos nada, sos como un perro”. Con el llanto quebrado por el horror, Norma recordó el “gesto inolvidable de Jorge Becerra”, que entonces comenzó a gritar y patear para llamar la atención del acosador. La paliza a continuación para ambos fue tremenda pero ella considera ese acto como algo muy humano en medio del infierno”.

Jorge Becerra sufría convulsiones porque era epiléptico y tenía una pierna enyesada. Miguel Ángel Rodríguez refirió cómo se ensañaron con él y confirmó los castigos generalizados para navidad, y en particular el episodio contra él y Norma. Dijo ella en relación a las “situaciones espantosas” de Jorge y de su hermano, a quien tuvieron secuestrado durante 24 horas: “Sentía como que me estaba ahogando en una pileta llena de sangre, lo que estaba viviendo no era verdad, yo estaba como muerta pero con los ojos abiertos. Ese era el infierno que vivió ese grupo humano. A Isabel Nuñez -oriunda de General Alvear- la tuvieron encerrada con su beba de pocos días y no podía amamantarla por las torturas. La leche se le había cortado. Esta gente mal entrazada, sucios y olorosos, no tuvieron límites ni con una mujer que acababa de parir y su beba que lloraba de hambre”.

Norma Graciela Arenas sobre los límites del horror en el D2, la detención de su hermano y el gesto de Jorge Becerra, 28 de octubre de 2.014. Emitido en “Tan Gente”.

La Navidad de Oyarzábal y la resistencia de una familia

ngares2La familia de Arenas supo de su desaparición por quienes vivían en la pensión de calle Rufino Ortega. Por parientes de Elbio Belardinelli, otro rivadaviense que había sido secuestrado con anterioridad, supieron que estaba recluida en el D2. Su madre, “una ama de casa que apenas sabía leer y escribir y de golpe se encontró con esa situación tan superadora”, pudo verla recién un mes después del secuestro, en fechas próximas a las fiestas de fin de año. La familia fue conducida al D2 por Manuel Di Lorenzo, un tío adinerado de Rivadavia. En el ingreso al Palacio Policial el tío se cruzó con el subjefe del D2, Juan Agustín Oyarzábal, que también vivía en el departamento esteño, y les prometió una visita para Navidad. Antes, en la Guardia, el policía que los atendió “se tocó los genitales y sacó el arma como incitándolos a que se atrevieran hacer algo”.

La visita “otorgada” por Oyarzábal fue “muy fugaz” y traumática. Recordó que estaba “muy adelgazada, sucia y desgreñada por las condiciones infrahumanas” y que su madre recibió su ropa ensangrentada. Las mujeres fueron sentadas en escritorios enfrentados mientras dos policías a cada lado les apuntaban. Cuando la mamá descubrió la marca que tenía en el cuello por el intento de ahorcamiento al que fue sometida, estalló en gritos. En tanto, los policías se burlaban del padre porque padecía sordera. Con los años, Norma supo que en retribución de aquel “favor”, su tío obsequiaba una caja de vino cada fin de semana a Oyarzábal. Esto duró años.

Respecto al secuestro de su hermano mayor, la víctima reconstruyó que estudiaba en La Plata y trabajaba en la Petroquímica Mosconi. Al desaparecer ella, retornó a Mendoza. Un grupo de tareas lo capturó en la casa familiar en Rivadavia, tras golpearlo en su habitación ante la desesperación de su madre y el “gesto de amor” del hermano más pequeño, de 15 años, que pidió a los represores que se lo llevaran a él. El perro de la familia fue a buscar al padre que apareció corriendo y arrojó un hacha al móvil con los secuestradores “porque no podía perder más hijos”.

Fue su madre, Bernarda Velásquez, la que hizo todas las averiguaciones posibles por su destino. Ni siquiera se amilanó cuando en vísperas de Navidad casi fue arrestada por el general Maradona en el Comando de Comunicaciones de Montaña, luego de golpear la mesa ante las mentiras del militar. Uno de los momentos más fuertes del testimonio de Norma fue cuando el fiscal Daniel Rodríguez Infante le hizo reconocer la firma de su madre en un habeas corpus presentado hace 38 años. “¡Qué orgullo me da mi madre! Pensé que no lo había podido hacer”, dijo sorprendida. Y agregó que “esas prácticas que parecen habituales son sumamente complejas para quienes estamos afuera del Poder Judicial”.

martes, 16 de septiembre de 2014

La justicia mendocina niega la prisión domiciliaria al ex juez Otilio Romano

A la espera de la condena en la cárcel

El ex camarista es juzgado por su participación en crímenes de lesa humanidad. Había solicitado el beneficio por motivos de salud. El tribunal entendió que su detención no implica “restricción de derechos fundamentales” y que tiene garantizado un trato humanitario.

 Por Irina Hauser

A pesar de la obstinación y de cierto guiño que había obtenido de especialistas del Cuerpo Médico Forense, el ex camarista federal Otilio Romano no consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria y deberá seguir detenido en el penal de San Felipe, en Mendoza. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esa provincia, que concluyó que “no se advierte que el encarcelamiento” le esté causando alguna “restricción de derechos fundamentales” y que ha tenido garantizado un trato humanitario en el penal, además del acceso a todos los tratamientos médicos que necesita como diabético e hipertenso. Según los jueces, si bien la ley prevé que superar los 70 años puede ser una razón para acceder a la detención en la casa, ésa “no es una concesión automática”. En el caso de Romano –advirtieron– no hay que perder de vista que estuvo prófugo casi dos años y fue extraditado desde Chile, lo que evidencia “objetivamente” el riesgo de que se escape u obstaculice la causa.

A Romano se lo juzga por su participación en más de un centenar de crímenes de lesa humanidad, en Mendoza, junto con otros 40 imputados, entre ellos otros ex jueces (Guillermo Petra Recabarren, Rolando Carrizo y Luis Miret). En varios casos se le adjudica un conocimiento directo de secuestros, torturas, desapariciones y homicidios que no investigó o no denunció como fiscal y juez. El tribunal que lleva adelante el juicio dijo que no advierte “razones humanitarias que inspiren la aplicación de la institución de la detención domiciliaria, ni prueba de que tenga una enfermedad terminal incurable, ni estado delicado de salud que no pueda ser tratado en el complejo penitenciario y hospitales extramuros”. La decisión fue firmada por los jueces Juan Antonio Gonazález Macías, Alejandro Piña y Raúl Alberto Fourcade.

Hace tiempo que Romano pide cumplir la detención en su casa a pesar de que ya mostró su capacidad de huida. Hubo informes del Cuerpo Médico (CMF) que señalaban que padece varias enfermedades (diabetes, hipertensión, policitemia, depresión, entre otras) y que debe recibir la atención médica especializada en el penal. La defensa hizo foco en la evaluación reciente del forense Florencio Casavilla, quien entrevistó al acusado en la cárcel y concluyó que el lugar no ofrecía condiciones mínimas de habitabilidad ni garantías de cuidado médico. La querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se opuso y pidió que se citara a declarar a Casavilla, al director del penal –Eduardo Orellana– y al procurador Penitenciario local, Fabrizio Imparado.

“Lo bueno de escuchar a esos testigos es que permitió ver cómo evaluaron la situación de Romano. Con Casavilla quedó a la vista que no le hizo estudios médicos, se limitó a hablar con él y no vio los informes elaborados a mitad de año por cada una de sus patologías. Se quejó porque en el penal lo atendieron mal y tampoco pudo justificar cuál era la situación de hacinamiento ni las condiciones indignas del pabellón donde están alojados los represores”, contó el abogado querellante Carlos Varela a Página/12. El procurador, quien había recibido una denuncia de una organización defensora de represores, confirmó lo que ya había escrito: si bien hay condiciones críticas para los presos por delitos comunes, nada de eso sucede en el pabellón de los detenidos de lesa humanidad, donde todos tienen colchón, frazada, baño en las celdas, higiene adecuada, excepto en sitios como la cocina; algunos tienen televisor y biblioteca y hay médicos tres veces al día, lo que no impide que los detenidos lleven sus médicos privados.

Según la resolución, Romano tiene “un estado de salud si bien complejo, compensado, los padecimientos que lo aquejan no son de grado tal que requieran internación hospitalaria y pueden ser –y han sido– controlados” dentro de la cárcel o en hospitales públicos. Hace poco, ejemplifica, tuvo un “cuadro de hipertensión” compensado dentro de la unidad y tratado en el Hospital Central. Lo que requiere “estrictamente” Romano, dijeron, es “el control mensual de especialistas en cardiología, diabetología, neurología, hematología y oftalmología, de modo tal que un equipo interdisciplinario controle su evolución, y con ello la eventual adecuación de la medicación que actualmente recibe”. Exhortaron al gobierno mendocino a que se cumplan esos controles y la atención médica e indicaron que la División Sanidad haga informes semanales sobre la salud del ex camarista.

Romano puede insistir con su planteo en otras instancias. En la querella quedaron conformes, más aún teniendo en cuenta que un reciente fallo de la Corte se inclinaba por flexibilizar los criterios para otorgar domiciliaria a represores. El tribunal mendocino enfatizó el carácter “excepcional” de la domiciliaria ante crímenes de lesa humanidad y señaló las obligaciones de investigar y sancionar del Estado argentino.

jueves, 14 de agosto de 2014

Declaró Carlos Abihaggle en los juicios de lesa humanidad

El ex embajador argentino en Chile y ex preso político relató que lo interrogaban encapuchado y lo torturaban gatillándole en falso. Aseguró que nunca un juez o un fiscal lo visitó por su situación. Carlos estuvo cuatro meses detenido en el Liceo Militar Espejo y el Batallón de Comunicaciones.

En el megajuicio de delitos de lesa humanidad declaró Carlos Abihaggle, ex funcionario mendocino con diferentes cargos. Su cargo más importante fue de embajador en  Chile. El 24 de marzo de 1976 fue detenido, estuvo cuatro meses hasta poder recuperar la libertad. Contó su experiencia: “Fui detenido en el Liceo Militar primero, fuimos interrogados. En ningún momento se nos dijo porqué estábamos ahí porque por supuesto no teníamos derecho a defensa ni nada por el estilo. En mi caso particular me interrogaban encapuchado, a veces hacían  sonar los click de las armas”.

jueves, 19 de junio de 2014

Dos niñas como botín de guerra


16-06-14| El secuestro de dos bebas, ocurrido en Mendoza en el marco del operativo de febrero de 1976, fue prácticamente un ensayo de lo que acontecería en el país con el robo y apropiación de niños y niñas durante la Dictadura. Declararon el matrimonio Ivonne Larrieu – Alberto Muñoz y Stella Maris Ferrón, secuestradas junto a sus hijitas en el mencionado operativo contra sindicalistas y militantes cercanos a Montoneros.

Ivonne Larrieu abraza a su hija María Antonia, bajo la mirada de Alberto Muñoz

"No nos han vencido”

Ivonne Larrieu tenía 18 años, el 9 de febrero de 1976, cuando un grupo de tareas se la llevó de su casa junto con su hija María Antonia, quien había nacido el 25 de enero de ese mismo año. La mujer y la beba fueron trasladadas al D 2 e idéntica suerte corrió el marido de ella y padre de la niña, Alberto Muñoz. Los tres fueron arrebatados de una vivienda del barrio SOEVA que les había prestado Miguel Ángel Gil, amigo y compañero de militancia.
Ivonne y Alberto, oriundos de Mar del Plata, eran militantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), organización ligada a Montoneros. Al detectar que eran vigilados y perseguidos, decidieron venir a vivir a Mendoza.
En el D 2, a Larrieu y su bebita las dejaron en una habitación vacía, sin muebles ni colchones. Durante por lo menos 4 días, a la joven madre no le dieron comida ni agua pero aún así pudo amamantar a Antonia. Tampoco le dieron pañales por lo que para higienizar a la nena utilizaba pedacitos de la funda de almohada con que tenía vendada la cabeza.
Con entereza y valentía, Ivonne, contó las torturas y vejámenes sexuales sufridos por las detenidas. Después de 17 días de padecimientos fue llevada a una comisaría en la que le tomaría declaración el ex juez Rolando Carrizo a quien, si bien no identificó de manera fehaciente, muchos testigos coinciden en ubicarlo en una Comisaría, en la que interrogó a quienes venían del D 2, para luego enviarlos a la Penitenciaría.
Ya en la cárcel mendocina, cuando tenía 5 meses, a Antonia debieron llevarla de urgencia al hospital Militar para operarla por una obstrucción intestinal. En esa intervención le provocaron quemaduras en la cola, aparentemente con agua caliente.”Ella también estaba presa. ¡Tenía 15 días y era una víctima más! Nos les importó nada, qué animales, si se moría, se moría”, dijo conmovida la mujer.
“Sin embargo, no nos han vencido…”, agregó la testigo en un emocionado tramo de su declaración.

“Rehén, no preso”

Alberto Mario Muñoz, esposo de Ivonne Larrieu, tenía 18 años al momento de su secuestro; fue trasladado al D2, pateado, golpeado y picaneado en sus calabozos. Pudo saber que su mujer y su hija estaban vivas recién cuando fue llevado ante el juez Carrizo, junto con sus compañeros de cautiverio. “Sin camisa, descalzo, flaco y con mi cuerpo que parecía un mapa de borceguíes, Carrizo me dijo que yo era un comunista. Estaba enfurecido y me exigía que me declarara culpable”, contó Muñoz.
Nunca tuvo contacto con sus defensores oficiales, aunque en los papeles están consignados los nombres de Guillermo Petra y Garguir para ejercer esa función.
“Yo no fui preso, fui rehén”, reflexionó el testigo y añadió que “los hombres la pasamos muy mal, pero las compañeras la pasaron peor”- dijo- “No existe ninguna doctrina que diga que las guerras se ganan violando mujeres, si es que insisten con que hubo una guerra… Nuestras mujeres eran hermosas y valientes y hoy, aún las que no están, son más hermosas y valientes”.
María Antonia Muñoz Larrieu, aquella niña de 15 días secuestrada junto a su madre, ya mujer, estuvo en primera fila acompañando los duros testimonios de su madre y su padre.

Ensayo de apropiación
Ferrón: cuando me devolvieron Yanina tenía el enterito del día del secuestro (hacía un más de un mes), olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias.


Stella Ferrón frente al Tribunal

Stella Maris Ferrón, licenciada en Ciencias de la Educación, oriunda de Santa Fe, fue secuestrada el 9 de febrero de 1976 y trasladada al D 2. Recibió un trato similar al de las otras mujeres detenidas, con el agravante que los ataques sexuales y la picana le provocaron un aborto
La aprehendieron junto a su hija Yanina, de 10 meses; increíblemente, también a la beba la golpearon y hasta le aplicaron corriente en su cuerpo con un cable conectado a un auto. Luego se la quitaron.
Como a los demás integrantes de la denominada Causa Rabanal, a Stella Maris, luego de unos 18 días, la llevaron ante el juez Carrizo. “Yo sólo le pedía que me devolvieran a mi hija y Carrizo me dijo que no sabía que yo iba a declarar y que por eso no había averiguado nada de la nena. Y me interrogaba dónde estaba mi esposo”, narró la testigo. Su marido, José Antonio Rossi, en ese momento se encontraba en la clandestinidad; posteriormente, fue secuestrado en un café céntrico mendocino, el 27 de mayo de 1976, y aún está desaparecido.
Desde el momento de la detención de ambas, la familia de Ferrón se abocó a la búsqueda de la pequeña. Sin resultados positivos decidió regresar a Santa Fe. En esa ciudad, la madre de Stella, solicitó la mediación del entonces obispo, Monseñor Zaspe, quien, presume la testigo, se comunicó con la curia mendocina hasta que finalmente dieron con el paradero de la criatura.
La hija de Ferrón había quedado en poder del comisario Juan Félix Amaya, de la seccional 25°. En la actuación policial consta que el funcionario “por peligro moral y material se hace cargo de la niña”. Sin embargo, cuando la entregó a los padres de la detenida, el 12 de marzo, Yanina tenía el mismo enterito que el día del secuestro -había pasado más de un mes- olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias. Ya con Stella, en la cárcel, debió soportar un simulacro de fusilamiento estando en brazos de su mamá; a raíz de clima de inseguridad y agresión que vivían, Ferrón decidió entregársela a sus padres.
“Las consecuencias psíquicas han sido severas”, dice parte de un informe médico con el que Stella Maris Ferrón cerró su testimonio.

martes, 17 de junio de 2014

Juicio de lesa humanidad a los ex jueces

Miret le tomó declaración a un ex detenido que vestía sólo pantalones

Al ex juez no le llamó la atención que los militares le llevaran un detenido sin ropa, con el torso desnudo. Tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba por la tortura. Se trataba de Alberto Mario Muñoz, que fue secuestrado con su esposa, Ivonne Larrieu, en 1976. Ella fue violada en el D2, al igual que otras detenidas-desaparecidas.

“Es una cochina mentira”, dijo Ivonne Larrieu. Así definió el acta que le hizo firmar el juez Rolando Carrizo, en la Unidad Regional Primera de la Policía de Mendoza. Ella no tenía idea qué decía el acta, pero esa firma era el pasaporte para su legalización: saldría del centro clandestino de detención donde la habían violado y torturado, en un entrepiso del Palacio Policial mendocino, y pasaría al penal provincial. Todo eso acompañada por su hija, de 15 días de vida, que había sido secuestrada con ella, un mes antes del golpe de Estado de 1976.

La detención de Larrieu fue parte de una razzia que incluyó la caída de varios militantes y simpatizantes de Montoneros. Todos ellos fueron apresados en Mendoza, llevados a los calabozos del Palacio Policial, donde hoy funciona un archivo, torturados durante una semana y legalizados con la asistencia del juez Carrizo. Junto con él trabajaron, para el dispositivo represivo, los defensores y jueces subrogantes Luis Miret y Petra Recabarren. Ambos habían firmado el acta como defensores pero ella no lo supo nunca. Se enteró cuando los abogados le leyeron ese texto, firmado con un torturado al lado.

Carrizo, Miret y Petra Recabarren están acusados junto al ex juez Otilio Romano de participar del terrorismo de Estado. Los juzgan en el marco de una causa judicial que incluye a 41 imputados y se desarrolla en los Tribunales Federales mendocinos.

Los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano, acusados de crímenes de lesa humanidad.

Larrieu fue secuestrada junto con su marido, Alberto Mario Muñoz. Ambos vivían en Mar del Plata pero viajaron a Mendoza en febrero de 1976. Se habían alojado en la casa de Miguel Angel Gil. Ahí los fue a buscar la patota policial la noche del 9 de febrero: los sacaron de la cama, les vendaron los ojos con ropa y los empezaron al golpear. A Muñoz lo sacaron a la calle y lo tiraron al piso. Mientras uno de los policías le pisaba los dedos, otro le saltaba en la espalda y le pateaba la cabeza.

De ahí lo llevaron, junto a su mujer y a Gil, al D2. A todos los torturaron durante varios días: golpes picana, simulacros de fusilamiento. A Larrieu, como ocurrió con las otras mujeres secuestradas, también la violaron reiteradamente. Esa cadena sistemática del horror le costó el embarazo a Stella Maris Ferrón, otra de las detenidas en la primera quincena de febrero de 1976, que declaró esta mañana, al cerrar una audiencia de cinco horas.

En su declaración, Muñoz ratificó todo lo que contó su esposa y agregó detalles del accionar judicial: cuando lo llevaron ante el juez Miret vestido sólo con un pantalón. Al magistrado no le llamó la atención, tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba.

A Ferrón la fueron a buscar el 10 de febrero de 1976, un día después que a Larrieu, Gil y Muñoz. Su marido intentó frenar el asalto y se tiroteó con la patota policial. Mientras ella, embarazada de dos meses y con su hija en brazos saltaba la pared trasera de su casa. Pero la atraparon y la golpearon. Querían que les contara dónde había ido su marido, que había logrado escapar.

En el camino al D2 no dejaron de amenazarla. Le sacaron a su hija y le dijeron que la matarían. En los calabozos del entrepiso del Palacio Policial la torturaron como al resto de las mujeres y perdió su embarazo.

Un día la llevaron a entrevistarse con el juez Carrizo y ella pidió por su hija. Le respondió que estaba bien. Fue enviada a una cárcel, legalizada,  logró que su hija, que había sido llevada a la casa de un comisario, volviera con ella. Ambas estuvieron presas en Villa Devoto, junto a Larrieu.

A 38 años del asesinato de Paco Urondo, militante, periodistas, poeta y autor de "La patria fusilada"

El 17 de junio de 1976 era asesinado en Mendoza el responsable de la Regional Cuyo de Montonero. En su célebre libro denunció la "Masacre de Trelew" perpetrada por oficiales de la Armada el 22 de agosto de 1972.
 
Su figura no sólo dejó huellas en el plano político, sino también en las letras, ya que fue el poeta que escribió: "Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad; la única irreal es la reja; la libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos...".

El 17 de junio de 1976, en Guaymallén, Mendoza, el auto en el que viajaban Urondo, su mujer Alicia Raboy, la hija de ambos, Ángela Urondo, de ocho meses, y la compañera de ambos, René "la Turca" Ahualli, fue interceptado a balazos por fuerzas de seguridad.

El entonces responsable de la Regional Cuyo de Montoneros decidió mentirle a su mujer y decirle que había tomado una pastilla de cianuro, con la intención de que ella escapara junto a su hija, pero en verdad lo secuestraron y asesinaron a golpes.

Alicia Raboy fue secuestrada y trasladada al Departamento 2 (D2) de Inteligencia de la policía mendocina que funcionaba en el
Palacio Policial, a dos cuadras de la Casa de Gobierno -el centro clandestino más importante de esa provincia-, y nunca más se supo de ella.

A su beba Ángela, su familia materna la halló 20 días más tarde en la Casa Cuna, luego de haber pasado también por el D2. La adoptó una prima de su madre, pero recién a los 20 años conoció su verdadera historia.

El 6 de octubre de 2011 el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a prisión perpetua a cuatro ex policías y aplicó la pena de doce años de prisión a un ex teniente acusados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el de "Paco" Urondo y Alicia Raboy.

En abril de 1973 escribía, en la Cárcel de Villa Devoto, donde compartió celda con los sobrevivientes de Trelew, luego desaparecidos como él: "los sueños, sueños son; los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad; un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad"

miércoles, 28 de mayo de 2014

Mendoza: El Ejercito y la represion ilegal, malas compañias

El 21 de mayo, en dependencias de la VIII Brigada de Infantería de Comunicaciones, se realizó una de las cuatro inspecciones oculares estipuladas por el Tribunal Oral Federal 1, en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad. Está probado que entre 1975 y fines de 1976 se desplegó allí un centro clandestino de detención, con personal e infraestructura militar destinados a la aplicación sistemática de torturas a decenas de personas prisioneras.

Por: Sebastián Moro - Fotos: Axel Lloret
Asistentes al reconocimiento junto a los sobrevivientes en el edificio donde eran torturados. Allí funcionó la radioestación de Comunicaciones.

Se estima que fueron más de un centenar los detenidos durante el funcionamiento pleno de dos de las tres cuadras de Comunicaciones que se ocuparon para tal fin, y que hubo al menos seis mujeres ilegalmente detenidas en otra área del predio de la también llamada “Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII”. Se considera que ese campo de concentración era un punto de detención y “ablandamiento” masivo similar al que funcionó en el Liceo Militar. Por allí pasaron contingentes de militantes y referentes, de amplio reconocimiento social y exposición pública, en los meses cercanos al golpe de Estado y antes de ser “legalizados”, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados a la Penitenciaría Provincial en algunos casos. El grueso de las personas que pasaron por Comunicaciones concluyeron sus presidios años después en la Unidad 9 de La Plata, luego del masivo y cruento traslado del 27 de septiembre de 1976 en el avión Hércules.

Los aportes de los sobrevivientes Gaitán, Guidone, Tagarelli y Toledo permitieron establecer los emplazamientos de los antiguos pabellones, la existencia de un edificio que funcionó como lugar de torturas y un amplio abanico de implicados, tanto civiles como militares.

El mayor centro clandestino del Ejército en Mendoza es comparable con el D2, su correlato de la Policía Provincial, tanto por el número de víctimas como por el grado de violencia aplicado. Desde hace décadas las denuncias, investigaciones y causas elevadas han dado cuenta del terror que allí se vivió: secuestros, aislamiento, tabicamiento, golpizas, torturas e incluso desapariciones, como es el caso de Luis Moriña Young, visto por última vez con vida por sus compañeros en ese predio militar. Lo que los juicios permiten es ampliar responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, redimensionar hechos aberrantes no del todo visibilizados, y redefinir el nivel articulador y estructural que tenían los militares en la represión ilegal. El recorrido del pasado miércoles permitió profundizar esas líneas de investigación; de ahí su carácter histórico, al igual que el de cada una de las recientes inspecciones realizadas.

Oscar Guidone, Mario Gaitán, la secretaria Natalia Suárez, la fiscal Patricia Santoni y el juez Raúl Fourcade.

A este cuarto juicio llegaron imputados nueve exmilitares, tres de los cuales fueron apartados por motivos de salud. Se trata de Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército; Enrique Gómez Saá, uno de los jefes de Inteligencia en Mendoza, y el exoficial Roberto Montes Salvarrey. De los finalmente acusados, Ramón Ángel Puebla, Paulino Enrique Furió y Dardo Migno, respectiva y jerárquicamente jefe, jefe de Inteligencia y jefe del Lugar de Reunión de Detenidos (LRD, es decir el centro clandestino) de Comunicaciones ya han sido condenados por otros hechos en los juicios anteriores. El cuarto acusado, en cambio, sí afronta un proceso por primera vez. Es el exenlace militar José Antonio Fuertes, conocido como “el represor al que se le perdió un prisionero”. Se trata de Santiago José Illa, desaparecido desde el 12 mayo de 1976, cuando Fuertes lo trasladó desde la Penitenciaría al Liceo Militar. En una indagatoria, el acusado ratificó que la firma de la entrega de Illa era suya; sin embargo, no pudo justificar su desaparición “a menos que el prisionero se haya escapado”. Los cuatro están acusados por conformar una asociación ilícita que, tras privar a Illia de su libertad, ejecutó su homicidio. Pero no son los únicos. Carlos Horacio Tragant y Pablo Antonio Tradi, exmilitares “de carrera”, también están acusados por este caso paradigmático respecto de las responsabilidades castrenses. Tragant era el director del Liceo Militar y Tradi, uno de sus hombres de confianza. Ambos permanecen detenidos en Marcos Paz, Córdoba.

Entre personal militar y de Justicia, fiscales, querellantes, defensores, víctimas del terrorismo de Estado y periodistas, alrededor de 40 personas hicieron el recorrido de reconocimiento del predio militar ubicado en el Parque San Martín a la altura de la Avenida Lencinas, vía de acceso a la UNCUYO. El ingreso se realizó por la transitada avenida Boulogne Sur Mer y, si bien el trayecto contó con cierta rigurosidad formal por parte de la recepción militar, la delegación al mando del general de Brigada Ocampo acompañó correctamente las inquietudes del grupo. Fue el doctor Raúl Fourcade, uno de los jueces del Tribunal, quien condujo la inspección; facilitó y dio lugar en todo momento a las expresiones de las víctimas, y de las abogadas y abogados de las partes.

Daniel Tagarelli, Luis Toledo, Mario Gaitán y Oscar Guidone dieron testimonio de las vejaciones a las que fueron sometidos, entre otros puntos de detención, en el centro clandestino que funcionó desde antes del golpe de Estado en Comunicaciones. Todos permanecieron por meses, aunque en distintos lapsos, entre fines de 1975 y septiembre de 1976, en los “barracones”. Según se pudo determinar en la inspección, estos ocupaban un área similar a una cancha de fútbol y se ubicaban aproximadamente hacia el centro del predio, entre algunos edificios de la época aún en pie. A instancias del magistrado, la reconstrucción de lo vivido terminó siendo una experiencia colectiva entre los compañeros, con recuerdos y precisiones que surgían en distintos puntos del recorrido, con el contingente en círculo o caminando, mientras trataban de comprender el alcance de lo que casi de manera naturalizada se mencionaba como “aparato organizado de poder para asegurar el terrorismo de Estado”.

Así lo describieron los sobrevivientes, como “algo muy parecido a un campo de concentración nazi”, con decenas de prisioneros en cuadras militares que albergaban a 60 personas distribuidas en cuchetas, con un área “libre” entre dos cuadras, perimetrada con alambre de púas y soldados apostados permanentemente con ametralladoras. Los pabellones tenían un largo de 50 metros y estaban dispuestos de norte a sur, sobre una elevación de “unos diez escalones, aunque más baja hacia la cuadra del medio, siempre ocupada por detenidos”. En cada uno de los extremos de los pabellones estaban los baños y la oficina de guardia, primer lugar de “ablande” antes de las sesiones de torturas extremas. A la salida de la cuadra central estaban, a un lado, la oficina del teniente Dardo Migno, reconocido jefe del centro clandestino; del otro lado, una habitación que funcionaba a modo de recepción de los detenidos que llegaban de otros centros o provenientes de nuevos operativos de secuestros, y como lugar de espera para los prisioneros que serían torturados. Ese punto consistía en un sitio aislado en el interior del predio, a unos 100 metros hacia el noroeste, próximo a la Avenida Lencinas. Era la Central de Radiocomunicaciones, contenía equipamiento y el edificio, que aún existe, fue reconocido por Gaitán y Toledo.

Si bien las víctimas eran vendadas cuando las llevaban a la tortura en jeeps y camiones del Ejército, todos pudieron reconocer a alguno de los represores, por descuidos en los procedimientos y por la cotidianidad con que se movían en la cuadra. Así, el suboficial Peralta era el principal guardia, al punto de vivir con su familia en el predio. También salieron los nombres del sargento Pagella, del oficial Largacha, y de los suboficiales Cabañas y Robles, algunos de ellos mencionados en juicios previos. Se reiteró puntualmente que, en varias oportunidades, Migno y Peralta condujeron y encapucharon a detenidos hasta la entrada de la sala de torturas. También señalaron la presencia de “El Porteño”, perverso personaje que aparece en la mayoría de los relatos como el conductor de los interrogatorios con torturas, tanto en el D2 como en la Brigada y en el Penal.


Las pruebas vivientes

Daniel Tagarelli fue detenido el 22 de noviembre de 1975 y enviado al D2. A principios de diciembre fue trasladado junto a un grupo numeroso en camiones del Ejército a Comunicaciones. Contó que llegó “en tal estado lamentable del D2 que fui asistido por soldados para poder comer”. El primer interrogatorio “fue político, sin violencia”. Lo hizo un capitán quien, por el tenor de sus preguntas y la expresión “Nosotros ya vamos a llegar”, dio al detenido la pauta de un plan exhaustivamente diseñado. “Somos una prueba viviente de que todo estuvo preparado de antes. Y de que nuestro compañero Luis Moriña Young –actualmente desaparecido– fue visto con vida en este lugar”, dijo Tagarelli. Agregó que las torturas eran periódicas, que los colgaban boca abajo de un palo y que “hasta que quedamos a disposición del PEN y aparecimos legalizados en la cárcel, acá estábamos de regalito”.

Además de resaltar la solidaridad que existía entre los compañeros detenidos, Daniel refirió dos situaciones que vivió como particularmente traumáticas: el encuentro por cinco minutos, vendados y esposados, que tuvo con su novia Silvia Mícoli, detenida en la dependencia militar a instancias de un sargento; y el simulacro de fusilamiento masivo al que sometieron a toda la cuadra “una noche frente al murallón por orden de la Comandancia”. “Ustedes van a ser fusilados en nombre de la Patria” recordó. Y el “¡Apunten, fuego!”. Y los disparos al aire.

Luis Toledo y Daniel Tagarelli (de espaldas) a pasos de donde estuvieron detenidos y fueron torturados.

Luis Toledo fue detenido los días inmediatos al golpe de Estado y trasladado hasta fines de abril al Liceo Militar. Ya en Comunicaciones, evocó un discurso que Migno, “que venía de Tucumán”, dio a los prisioneros “para envalentonar a su tropa”: “Nos dijo que acá no iba a pasar lo mismo que en Trelew donde hubo sobrevivientes, que nos iban a matar a todos”. Entre otros datos, Toledo aportó que vio a Reynaldo Puebla –a quien habían secuestrado de su casa y “estaba perdido, nadie sabía dónde lo tenían”– por la ventana de un edificio, fuertemente torturado. También narró que en el predio había compañeras detenidas en lo que se conoce como el “Casino”: “Un día desde el alambrado vi a Betty García, que me saludó como diciendo 'Me voy, Luis'”. Luego, la señora Vilma Rupolo me confirma que habían sido varias”.

A Luis sigue sorprendiéndolo la fluidez e impunidad con la que los militares se manejaban en un sitio donde, además, decenas de jóvenes hacían la conscripción: “A la noche vigilaban el perímetro desde autos Fiat 125. Había civiles, había personal armado, había mucho movimiento”, señaló.

Oscar Guidone fue secuestrado el 2 de junio de la casa de sus padres en un operativo de enorme despliegue, con más de 30 uniformados y dos camiones en escena. A su ingreso, consideró en 150 el número de detenidos. “Parecía que marcaban tarjeta los torturadores, de ocho de la mañana a ocho de la noche, era el calvario para nosotros”, dijo, y se explayó sobre los “tres modos de tortura” de los que fue víctima. En el primero fue colgado durante cuatro horas y sometido a todo tipo de apremios, no le realizaron preguntas y el maltrato derivó en la extracción de su bazo en el Hospital Militar. En el segundo volvió a perder el conocimiento, pero “fue peor todavía, picana y más picana sobre una mesa de ping pong, tiros por arriba de mi cuerpo, gritos de un compañero torturado al lado y el 'Porteño' diciendo 'Dale manija al máximo'”. “Llega un punto en que el cuerpo ya no siente pero la cabeza sigue funcionando”, completó al describir que en esa sesión, por la contracción muscular, se cortaron las cadenas que sujetaban sus manos y pies. La última sesión fue más leve y la realizó “gente de mayor edad”.

Oscar se casó en esa situación de ilegalidad en la capilla de la Brigada. Su novia de entonces estaba embarazada y él aceptó ante la disyuntiva familiar. El 21 de septiembre de 1976, luego de una semana de convalecencia por las torturas recibidas, Migno lo condujo con el padre Rafael Rey, capellán militar, “confesor” de los detenidos, y testigo ineludible sobre lo que sucedía en ese centro clandestino. Dijo la víctima: “Monseñor Rey es absolutamente testigo y sabedor de todas estas cosas, de la cantidad de gente que torturaron, sacaron e incluso mataron aquí. Acá torturaban muy mal y él lo sabe”.

“Puedo afirmar, señor juez, que aquí funcionaba la Radioestación de Comunicaciones como lugar de torturas. Recuerdo que me traía Migno y había autos estacionados. Veíamos pasar autos por esa calle lateral que da a la cancha de Gimnasia y Esgrima. Era ideal para las prácticas de torturas porque estaba aislado del resto de las estructuras edilicias, lo único contiguo era una cancha de fútbol”, dijo Mario Gaitán sobre el final del recorrido, una vez que el contingente encontró el sitio buscado. Desde el principio, Gaitán se había mostrado mejor orientado con respecto a las disposiciones espaciales del predio. Había sido trasladado allí a principios de julio de 1976, luego de 40 días en el D2. Su compañero Toledo lo respaldó mientras indicaba una pared de la sala: “Ahí vi a Migno, a Pagella y al 'Porteño'”. Ese cielo raso no existía. Por arriba, desde la juntura de las dos alas del techo nos colgaban y levantaban para torturarnos”. En una de esas sesiones, a Mario Gaitán le fisuraron las costillas.

Vista lateral del sitio de torturas. Hacia el norte está a 40 metros la calle Lencinas. Gaitán pudo ver y oír vehículos cada vez que lo dirigieron a la tortura.(mendoza1)