"Sobrellevando" la impunidad
Mendoza.- El Tribunal Oral 1 de Mendoza rechazó hoy el pedido de prisión preventiva realizado por la Fiscalía y la querella, para seis de los diez ex represores que aún permanecen en libertad, al reiniciarse hoy el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la dictadura. En tanto, y en referencia al mismo pedido formulado la semana pasada, el tribunal decidió que los otros cuatro acusados en el marco de la causa continuen con prisión domiciliaria. Se trata de Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro, Antonio Garibote, Armando Fernández y Ramón Puerta, quienes continuarán el libertad mientras dure el proceso judicial. Los otros cuatro represores de la dictadura involucrados en las seis causas que se analizan durante este tercer juicio por delitos de lesa humanidad son Dardo Migno, Paulino Furió, Juan Oyarzábal y Alcides Paris Francisca, quienes cumplen sus condenas anteriores en prisión domiciliaria por razones salud.
Según se dictaminó, no existió justificación para enviar a prisión a los seis imputados que gozan de libertad, por lo cual el tribunal apoyó el argumento de la defensa que había destacado que los acusados “respondieron ante cada citación de la Justicia sin que haya peligro de fuga".
La jornada de hoy contó con la declaración del abogado Carlos Benier y Elba Morales, quienes a mediados de los 80 iniciaron una investigación propia tras el juicio a las Juntas Militares realizado en Buenos Aires “porque en Mendoza ningún juzgado investigaba las desapariciones ocurridas durante la dictadura”, recordó la mujer.
Ambos comprometidos con la lucha por los derechos humanos, relataron cómo armaron el rompecabezas de desapariciones y secuestros “en base al boca en boca de familiares y testigos”. “Fue un plan sistemático de secuestros que se inició a mediados de 1976 y que terminó a mediados de 1977 cuando se levantaron los centros clandestinos de detención para dar lugar a la creación del Grupo Operativo del 78, ordenado por Jorge Rafael Videla para que no haya desordenes durante el desarrollo del Mundial de Fútbol”, declaró Morales.
La mujer, quien investigó muchas de las desapariciones ocurridas en Mendoza, aseguró que se trató de “una acción represiva elaborada por policías muy avezados”. “El plan estaba absolutamente estructurado de arriba hacia abajo bajo las órdenes de los comandantes de las tres fuerzas armadas que se replicaba en zonas y sub zonas”, aseguró. La tarea de los magistrados del Tribunal Oral 1 será comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a treinta y dos víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.
Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.
Ahora, el debate oral continuará recién el próximo 23 de agosto por razones de ausencia de algunos de los jueces intervinientes, fecha en la que se preguntará nuevamente a los acusados si quieren declarar para posteriormente determinar si da lugar al pedido de la Fiscalía de cambio de carátula, que incluiría la imputación por homicidio y asociación ilícita.
Según se dictaminó, no existió justificación para enviar a prisión a los seis imputados que gozan de libertad, por lo cual el tribunal apoyó el argumento de la defensa que había destacado que los acusados “respondieron ante cada citación de la Justicia sin que haya peligro de fuga".
La jornada de hoy contó con la declaración del abogado Carlos Benier y Elba Morales, quienes a mediados de los 80 iniciaron una investigación propia tras el juicio a las Juntas Militares realizado en Buenos Aires “porque en Mendoza ningún juzgado investigaba las desapariciones ocurridas durante la dictadura”, recordó la mujer.
Ambos comprometidos con la lucha por los derechos humanos, relataron cómo armaron el rompecabezas de desapariciones y secuestros “en base al boca en boca de familiares y testigos”. “Fue un plan sistemático de secuestros que se inició a mediados de 1976 y que terminó a mediados de 1977 cuando se levantaron los centros clandestinos de detención para dar lugar a la creación del Grupo Operativo del 78, ordenado por Jorge Rafael Videla para que no haya desordenes durante el desarrollo del Mundial de Fútbol”, declaró Morales.
La mujer, quien investigó muchas de las desapariciones ocurridas en Mendoza, aseguró que se trató de “una acción represiva elaborada por policías muy avezados”. “El plan estaba absolutamente estructurado de arriba hacia abajo bajo las órdenes de los comandantes de las tres fuerzas armadas que se replicaba en zonas y sub zonas”, aseguró. La tarea de los magistrados del Tribunal Oral 1 será comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a treinta y dos víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.
Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.
Ahora, el debate oral continuará recién el próximo 23 de agosto por razones de ausencia de algunos de los jueces intervinientes, fecha en la que se preguntará nuevamente a los acusados si quieren declarar para posteriormente determinar si da lugar al pedido de la Fiscalía de cambio de carátula, que incluiría la imputación por homicidio y asociación ilícita.
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