domingo, 25 de noviembre de 2012

La historia siniestra de un represor

En 1997 –ya con grado de comisario– fue retirado del servicio activo por razones ajenas a su voluntad.

Una camada de hombres notables. Uno de ellos, el periodista Edgar Martín Ferreyra, supo conducir un ciclo de folklore muy exitoso en la radio LV4 de San Rafael, Mendoza. Otro, el sacerdote Franco Revérberi, guiaba a su rebaño desde el púlpito de la parroquia de Salto de las Rosas. En tanto, el funcionario judicial Daniel Ernesto Huajardo cumplía con suma responsabilidad sus tareas en una defensoría federal de esa provincia. Y el comisario Oscar Raúl Pérez, tras haber sido el jefe máximo de la policía provincial durante la gestión de Julio Cobos, fue hasta 2009 asesor del Consejo de Seguridad de San Rafael. No tan ascendente resultó la carrera de su camarada de armas, Hugo Ramón Trentini, quien en 1997 –ya con grado de comisario– fue retirado del servicio activo por razones ajenas a su voluntad.
Los nombres del quinteto ahora figuran en una lista de 35 órdenes de captura libradas esta semana por el juez federal Eduardo Puigdéngolas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el departamento de San Rafael durante la última dictadura. Desde entonces, fueron detenidos diez represores. Dicen que en el instante de su arresto, Trentini extendió un dedo hacia el magistrado, y advirtió: "Usted no sabe lo que está haciendo. ¡Esto no va quedar así!"
Lo cierto es que la ofensiva judicial contra quienes en Mendoza ejercieron el terrorismo estatal no contó con la bendición de ciertos sectores de la sociedad cuyana. En agosto, un día antes del comienzo del tercer juicio por secuestros, torturas y asesinatos en aquella provincia entre 1976 y 1983, fue amenazado el juez Roberto Burad, quien integra el tribunal oral. En paralelo, comenzó una campaña de desprestigio con afiches en la calle; sus blancos preferenciales: el apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Diego Lavado, los abogados querellantes Alfredo Guevara y Pablo Salinas, además del fiscal Dante Vega y el periodista Gustavo de Marinis, hermano de una desaparecida. En medio de esa atmósfera, manos anónimas destruyeron las placas de mármol que recuerdan a las víctimas de la dictadura frente a los tribunales federales de Mendoza. La sucesión de ataques fue denunciada por sus destinatarios. Lavado hizo pública sus sospecha sobre el fiscal de Cámara Javier Pascua como posible instigador de tales hechos.
"¡Esto no va quedar así!", bramaba Trentini, ya esposado.
El juez Puigdéngolas, en silencio, no le quitaba los ojos de encima.
A los 67 años, el represor era un hombre petiso y regordete, cuya papada bailoteaba al compás de sus dichos. Siete lustros antes, había sido uno de los integrantes de la patota del centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría 32ª de San Rafael. De esos días arrastra una tétrica historia.
Francisco Tripiana, de 33 años, estaba casado con Haydée y tenía un hijo de ocho meses. Era obrero de la construcción. Militaba en la Juventud Peronista y solía pintar en las paredes de la ciudad las consignas de Montoneros, junto a un grupo de compañeros; en ello consistía el activismo del Negro, tal como lo llamaban sus amigos. En la noche del 23 de marzo de 1976, él estaba con su familia en la casa de la calle 25 de mayo, cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, recibió un culatazo de fusil. La manzana estaba rodeada por soldados y policías. Los uniformados revisaron la casa con violencia. Entre ellos, había un oficial petiso y regordete. A Tripiana primero lo llevaron a la Comisaría 8ª; luego, fue trasladado a la Casa Departamental, como entonces se conocía la actual sede de los tribunales locales. Finalmente recaló en las mazmorras de la 32ª. En el ínterin, Haydée pudo acercarle comida, ropa y elementos de higiene. Hasta el 1 de abril. Esa mañana ella entregó en la guardia un termo con agua caliente para Francisco. Al rato, el mismo oficial petiso y regordete que había participado en el secuestro se lo devolvió. "A su marido lo liberamos anoche con los otros muchachos", fueron sus palabras. Ella no pareció comprender. El tipo, insistió: "Se fue anoche, señora. Como llovía, los subimos al celular y los llevamos a sus casas. Su marido fue el último y lo dejamos en la puerta." A continuación, le exhibió un acta con la firma de Tripiana en donde constaba la excarcelación. En realidad, esa firma había sido fraguada.
Desde entonces, el Negro está desaparecido.

Desde entonces, Haydée recuerda el rostro del oficial Trentini.
Por ello, sintió un escalofrío en la tarde del 27 octubre de 1997, al reconocer su robusta silueta en el televisor. El tipo estaba más gordo y disimulaba sus entradas con un laborioso peinado. Ahora era el comisario de la Seccional 38ª. Y estaba en problemas.
El estudiante bonaerense Sebastián Bordón, de 19 años, había sido hallado muerto el 12 de octubre al pie de un barranco en el distrito de El Nihuil. El cadáver presentaba fracturas de clavículas y antebrazos, junto a un profundo corte en la cabeza. Todo indica que sufrió una agonía de días y que el deceso se produjo por falta de atención médica. El caso sumió al gobierno de Arturo Lafalla en una profunda crisis. Su signo más visible: la renuncia del ministro Ángel Cirasino y de varios jefes policiales. Ocurre que, tras abandonar por propia voluntad el contingente de alumnos del que formaba parte, la víctima terminó en una celda de la comisaría comandada por Trentini. "El pibe golpeó un guardia y se nos escapó", fue la versión del hecho esgrimida por él. Luego se supo que Sebastián fue molido a palos en la comisaría. Y que el propio Trentini impartió la orden de abandonarlo en el barranco.
"El pibe se nos escapó", diría una y otra vez, ante los micrófonos.
Haydée de Tripiana, sin apartarse del televisor, no daba crédito a sus ojos.  
No era la primera vez que al comisario se le escapaba un muerto.
Trentini fue condenado entonces a 15 años de prisión. Y recuperó la libertad en noviembre de 2007.
Ahora deberá pagar por otros crímenes.
Por: Ricardo Ragendorfer

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Piden detenciones por crímenes de lesa huamanidad en San Rafael, Mendoza

Represores que se reciclaron

Hasta ayer se habían concretado diez arrestos. Entre los imputados están el ex policía Hugo Ramón Trentini, condenado por el asesinato de Sebastián Bordón, y el ex sacerdote Franco Revérberi, sobre quien pesa una orden de captura internacional.

 Por Diego Martínez

El ex policía Oscar Raúl Pérez fue funcionario del área de Seguridad del municipio de San Rafael hasta 2009. Su ex compañero de tareas Daniel Ernesto Huajardo seguía activo hasta estos días en una defensoría ante la Justicia Federal. El periodista Edgar Martín Ferreyra trabajó hasta hace dos años en la radio pública LV4. Los tres están ahora detenidos por orden del juez federal Eduardo Ariel Puigdengolas, imputados por delitos de lesa humanidad en San Rafael durante la última dictadura. Las órdenes de detención abarcan a 35 imputados e incluyen al ex policía Hugo Ramón Trentini, condenado en los ’90 por el asesinato del estudiante Sebastián Bordón, y al ex sacerdote Franco Revérberi, que huyó a Italia luego de que trascendiera su actuación durante la represión ilegal y sobre quien pesa una orden de captura internacional. En la misma causa sigue prófugo el ex intendente de la dictadura Luis Alberto Stuhldreher, por cuya captura se ofrecen cien mil pesos de recompensa para quien aporte información.

Las detenciones de represores de San Rafael se producen en un contexto de creciente actividad de los nostálgicos de la capucha en Cuyo. A principios de agosto, un día antes del comienzo del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, fue amenazado de muerte el juez Roberto Burad, miembro del tribunal oral. Luego comenzó una campaña de desprestigio contra el abogado Diego Lavado, apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). La campaña, con afiches en las calles, se extendió luego al fiscal federal Dante Vega y a los abogados querellantes Alfredo Guevara y Pablo Salinas. Las amenazas siguieron por el periodista Gustavo De Marinis, hermano de una desaparecida. El lunes pasado, unos desconocidos destruyeron las placas de mármol que recuerdan a las víctimas del terrorismo estatal frente a los tribunales federales de Mendoza. La sucesión de ataques fue denunciada por las respectivas víctimas. El abogado Lavado hizo públicas ayer sus sospechas sobre el fiscal de Cámara Javier Pascua como posible instigador de varios de los ataques.

Las capturas que el juez Puigdengolas ordenó esta semana fueron pedidas hace un mes por el fiscal general Omar Palermo y los fiscales federales Dante Vega y Francisco Maldonado. Hasta ayer se habían concretado diez. Uno de los flamantes detenidos con bueno vínculos en los círculos de poder locales es el ex policía Oscar Raúl Pérez, ex jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la delegación San Rafael de la policía mendocina entre 1975 y 1978. Mendoza On Line recordó ayer que Pérez llegó a ser jefe de policía en plena democracia, que es “una persona muy influyente” en la fuerza y que hasta 2009 reportó como funcionario del gobierno municipal en el área de Seguridad. Gendarmería rodeó el lunes la manzana en donde vivía, en el Barrio Policial, en tanto agentes de la Policía Federal lo trasladaron a tribunales.

El oficial subinspector Hugo Ramón Trentini, ex guardia del centro de detención clandestino que funcionó en la seccional 32ª, es más conocido por su prontuario en democracia: fue el responsable de la comisaría 38ª de San Rafael, de la cual “huyó” en 1997 Sebastián Bordón, cuyo cadáver apareció días después. El periodista Jorge Hirschbrand recordó ayer que en 1976, un año antes de aprobar el curso de “Instrucción Contrasubversiva”, Trentini estaba de turno en la seccional donde se fraguó la liberación de Francisco Tripiana, uno de los primeros desaparecidos de Mendoza. Veinte años después, su nombre reapareció en otra historia de ficción para encubrir otro asesinato, el de Bordón, por el que terminó condenado.

El suboficial mayor Edgar Martín Ferreyra, ex miembro de la Sección Inteligencia 144 de San Rafael y ex agente de la SIDE, condujo hasta hace dos años un programa folklórico en LV4. Ferreyra llegó a ser premiado en 2009 como “ciudadano distinguido” por la municipalidad de San Rafael. El conocimiento sobre su pasado le impidió cosechar un año después la “Distinción Sanmartiniana” en la legislatura local. La orden de captura internacional del cura Franco Revérberi, ex capellán con grado de capitán, se firmó hace dos semanas. Su nombre asociado a sesiones de tortura surgió en el primer juicio oral en San Rafael. Cuando fiscales y querellantes pidieron que se lo investigara, el sacerdote huyó a Italia.

Entre lunes y martes también fueron detenidos el ex comisario Luis Juan Edgardo Graín, el oficial principal Orlando Gerardo Gutiérrez –que también hizo el curso de “Contrasubversión” en 1976–, el ex subcomisario de la comisaría 8ª Isidro Freire, el ex subcomisario Daniel Navarro Frías y el ex comisario Ciro Isidro Maza Correa. “Estoy gratamente sorprendido por la cantidad de detenciones”, afirmó Mariano Tripiana, querellante y miembro de Hijos San Rafael. “Es muy importante que no queden impunes, que no puedan seguir caminando por las calles y actuando desde distintos espacios contra el proceso de justicia”, explicó

jueves, 8 de noviembre de 2012

Tercer juicio por delitos de lesa humanidad

 Un periodista mendocino ratificó hoy, con documentación ya incluida en los expedientes del tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, que uno de los diez represores imputados pidió una picana eléctrica a personal de la Policía Federal para interrogar a dos jóvenes detenidos y desaparecidos en 1976.

Rodrigo Sepúlveda ratificó esta mañana la investigación que él mismo realizó hace unos años, y constató con documentación policial de noviembre de 1976 que el imputado Fernando Morellato pidió una picana eléctrica a personal de la Policía Federal para interrogar a los desaparecidos Oscar Ramos y Oscar Uturgay, ambos militantes montoneros.

Morelatto sabía muy bien que la Federal tenía picana y se la podía prestar, y luego entregó a los detenidos Ramos y Uturgay a los policías Armando Fernández y Eduardo Smaha, jefes del centro clandestino D2 de donde luego desaparecieron, señaló hoy el abogado querellante, Pablo Salinas.

Según el letrado, éste sería el único caso en juicios de lesa humanidad donde hay un documento oficial que prueba el secuestro y la sanción que luego le impuso el jefe del D2, Sánchez Camargo, a Morellato, por pedir prestado una picana y por haber desbaratado el procedimiento del D2".

El testimonio del periodista y documentalista Rodrigo Sepúlveda, fue presentado por miembros del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en relación a la indagación por el secuestro y desaparición de Roberto Blanco Fernández, y Oscar Ramos y Oscar Uturgay, y consta en un documento de noviembre de 1976.

Sepúlveda mencionó la vinculación de la Policía Federal en el secuestro de Miguel Poinsteau, y en los casos de Oscar Ramos y Oscar Iturgay y figura en el legajo de Sánchez Camargo, quien era Jefe de la Policía provincial, quien indicó a Morellato entre los captores, declaró el periodista.

Autor del documental denominado `D2: Centro Clandestino´, de 1999, Sepúlveda realizó más de cincuenta entrevistas a sobrevivientes y personas vinculadas a la represión.

Desde agosto de este año, miembros del Tribunal Oral 1 de Mendoza avanzan en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, y en el que se investiga la participación de diez ex represores imputados.

Se trata de Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro, Antonio Garibote, Armando Fernández, Ramón Puerta, Dardo Migno, Paulino Furió, Juan Oyarzábal y Alcides Paris Francisca.

La tarea de los magistrados del tribunal oral número 1 será comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a treinta y dos víctimas, de las cuales veintinueve fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.

Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC ; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.