jueves, 8 de noviembre de 2012

Tercer juicio por delitos de lesa humanidad

 Un periodista mendocino ratificó hoy, con documentación ya incluida en los expedientes del tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, que uno de los diez represores imputados pidió una picana eléctrica a personal de la Policía Federal para interrogar a dos jóvenes detenidos y desaparecidos en 1976.

Rodrigo Sepúlveda ratificó esta mañana la investigación que él mismo realizó hace unos años, y constató con documentación policial de noviembre de 1976 que el imputado Fernando Morellato pidió una picana eléctrica a personal de la Policía Federal para interrogar a los desaparecidos Oscar Ramos y Oscar Uturgay, ambos militantes montoneros.

Morelatto sabía muy bien que la Federal tenía picana y se la podía prestar, y luego entregó a los detenidos Ramos y Uturgay a los policías Armando Fernández y Eduardo Smaha, jefes del centro clandestino D2 de donde luego desaparecieron, señaló hoy el abogado querellante, Pablo Salinas.

Según el letrado, éste sería el único caso en juicios de lesa humanidad donde hay un documento oficial que prueba el secuestro y la sanción que luego le impuso el jefe del D2, Sánchez Camargo, a Morellato, por pedir prestado una picana y por haber desbaratado el procedimiento del D2".

El testimonio del periodista y documentalista Rodrigo Sepúlveda, fue presentado por miembros del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en relación a la indagación por el secuestro y desaparición de Roberto Blanco Fernández, y Oscar Ramos y Oscar Uturgay, y consta en un documento de noviembre de 1976.

Sepúlveda mencionó la vinculación de la Policía Federal en el secuestro de Miguel Poinsteau, y en los casos de Oscar Ramos y Oscar Iturgay y figura en el legajo de Sánchez Camargo, quien era Jefe de la Policía provincial, quien indicó a Morellato entre los captores, declaró el periodista.

Autor del documental denominado `D2: Centro Clandestino´, de 1999, Sepúlveda realizó más de cincuenta entrevistas a sobrevivientes y personas vinculadas a la represión.

Desde agosto de este año, miembros del Tribunal Oral 1 de Mendoza avanzan en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, y en el que se investiga la participación de diez ex represores imputados.

Se trata de Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro, Antonio Garibote, Armando Fernández, Ramón Puerta, Dardo Migno, Paulino Furió, Juan Oyarzábal y Alcides Paris Francisca.

La tarea de los magistrados del tribunal oral número 1 será comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a treinta y dos víctimas, de las cuales veintinueve fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.

Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC ; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.

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