En 1997 –ya con grado de comisario– fue retirado del servicio activo por razones ajenas a su voluntad.
Una camada de hombres notables. Uno de ellos, el periodista Edgar Martín Ferreyra, supo conducir un ciclo de folklore muy exitoso en la radio LV4 de San Rafael, Mendoza. Otro, el sacerdote Franco Revérberi, guiaba a su rebaño desde el púlpito de la parroquia de Salto de las Rosas. En tanto, el funcionario judicial Daniel Ernesto Huajardo cumplía con suma responsabilidad sus tareas en una defensoría federal de esa provincia. Y el comisario Oscar Raúl Pérez, tras haber sido el jefe máximo de la policía provincial durante la gestión de Julio Cobos, fue hasta 2009 asesor del Consejo de Seguridad de San Rafael. No tan ascendente resultó la carrera de su camarada de armas, Hugo Ramón Trentini, quien en 1997 –ya con grado de comisario– fue retirado del servicio activo por razones ajenas a su voluntad.
Los nombres del quinteto ahora figuran en una lista de 35 órdenes de captura libradas esta semana por el juez federal Eduardo Puigdéngolas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el departamento de San Rafael durante la última dictadura. Desde entonces, fueron detenidos diez represores. Dicen que en el instante de su arresto, Trentini extendió un dedo hacia el magistrado, y advirtió: "Usted no sabe lo que está haciendo. ¡Esto no va quedar así!"
Lo cierto es que la ofensiva judicial contra quienes en Mendoza ejercieron el terrorismo estatal no contó con la bendición de ciertos sectores de la sociedad cuyana. En agosto, un día antes del comienzo del tercer juicio por secuestros, torturas y asesinatos en aquella provincia entre 1976 y 1983, fue amenazado el juez Roberto Burad, quien integra el tribunal oral. En paralelo, comenzó una campaña de desprestigio con afiches en la calle; sus blancos preferenciales: el apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Diego Lavado, los abogados querellantes Alfredo Guevara y Pablo Salinas, además del fiscal Dante Vega y el periodista Gustavo de Marinis, hermano de una desaparecida. En medio de esa atmósfera, manos anónimas destruyeron las placas de mármol que recuerdan a las víctimas de la dictadura frente a los tribunales federales de Mendoza. La sucesión de ataques fue denunciada por sus destinatarios. Lavado hizo pública sus sospecha sobre el fiscal de Cámara Javier Pascua como posible instigador de tales hechos.
"¡Esto no va quedar así!", bramaba Trentini, ya esposado.
El juez Puigdéngolas, en silencio, no le quitaba los ojos de encima.
A los 67 años, el represor era un hombre petiso y regordete, cuya papada bailoteaba al compás de sus dichos. Siete lustros antes, había sido uno de los integrantes de la patota del centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría 32ª de San Rafael. De esos días arrastra una tétrica historia.
Francisco Tripiana, de 33 años, estaba casado con Haydée y tenía un hijo de ocho meses. Era obrero de la construcción. Militaba en la Juventud Peronista y solía pintar en las paredes de la ciudad las consignas de Montoneros, junto a un grupo de compañeros; en ello consistía el activismo del Negro, tal como lo llamaban sus amigos. En la noche del 23 de marzo de 1976, él estaba con su familia en la casa de la calle 25 de mayo, cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, recibió un culatazo de fusil. La manzana estaba rodeada por soldados y policías. Los uniformados revisaron la casa con violencia. Entre ellos, había un oficial petiso y regordete. A Tripiana primero lo llevaron a la Comisaría 8ª; luego, fue trasladado a la Casa Departamental, como entonces se conocía la actual sede de los tribunales locales. Finalmente recaló en las mazmorras de la 32ª. En el ínterin, Haydée pudo acercarle comida, ropa y elementos de higiene. Hasta el 1 de abril. Esa mañana ella entregó en la guardia un termo con agua caliente para Francisco. Al rato, el mismo oficial petiso y regordete que había participado en el secuestro se lo devolvió. "A su marido lo liberamos anoche con los otros muchachos", fueron sus palabras. Ella no pareció comprender. El tipo, insistió: "Se fue anoche, señora. Como llovía, los subimos al celular y los llevamos a sus casas. Su marido fue el último y lo dejamos en la puerta." A continuación, le exhibió un acta con la firma de Tripiana en donde constaba la excarcelación. En realidad, esa firma había sido fraguada.
Desde entonces, el Negro está desaparecido.
Una camada de hombres notables. Uno de ellos, el periodista Edgar Martín Ferreyra, supo conducir un ciclo de folklore muy exitoso en la radio LV4 de San Rafael, Mendoza. Otro, el sacerdote Franco Revérberi, guiaba a su rebaño desde el púlpito de la parroquia de Salto de las Rosas. En tanto, el funcionario judicial Daniel Ernesto Huajardo cumplía con suma responsabilidad sus tareas en una defensoría federal de esa provincia. Y el comisario Oscar Raúl Pérez, tras haber sido el jefe máximo de la policía provincial durante la gestión de Julio Cobos, fue hasta 2009 asesor del Consejo de Seguridad de San Rafael. No tan ascendente resultó la carrera de su camarada de armas, Hugo Ramón Trentini, quien en 1997 –ya con grado de comisario– fue retirado del servicio activo por razones ajenas a su voluntad.
Los nombres del quinteto ahora figuran en una lista de 35 órdenes de captura libradas esta semana por el juez federal Eduardo Puigdéngolas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el departamento de San Rafael durante la última dictadura. Desde entonces, fueron detenidos diez represores. Dicen que en el instante de su arresto, Trentini extendió un dedo hacia el magistrado, y advirtió: "Usted no sabe lo que está haciendo. ¡Esto no va quedar así!"
Lo cierto es que la ofensiva judicial contra quienes en Mendoza ejercieron el terrorismo estatal no contó con la bendición de ciertos sectores de la sociedad cuyana. En agosto, un día antes del comienzo del tercer juicio por secuestros, torturas y asesinatos en aquella provincia entre 1976 y 1983, fue amenazado el juez Roberto Burad, quien integra el tribunal oral. En paralelo, comenzó una campaña de desprestigio con afiches en la calle; sus blancos preferenciales: el apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Diego Lavado, los abogados querellantes Alfredo Guevara y Pablo Salinas, además del fiscal Dante Vega y el periodista Gustavo de Marinis, hermano de una desaparecida. En medio de esa atmósfera, manos anónimas destruyeron las placas de mármol que recuerdan a las víctimas de la dictadura frente a los tribunales federales de Mendoza. La sucesión de ataques fue denunciada por sus destinatarios. Lavado hizo pública sus sospecha sobre el fiscal de Cámara Javier Pascua como posible instigador de tales hechos.
"¡Esto no va quedar así!", bramaba Trentini, ya esposado.
El juez Puigdéngolas, en silencio, no le quitaba los ojos de encima.
A los 67 años, el represor era un hombre petiso y regordete, cuya papada bailoteaba al compás de sus dichos. Siete lustros antes, había sido uno de los integrantes de la patota del centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría 32ª de San Rafael. De esos días arrastra una tétrica historia.
Francisco Tripiana, de 33 años, estaba casado con Haydée y tenía un hijo de ocho meses. Era obrero de la construcción. Militaba en la Juventud Peronista y solía pintar en las paredes de la ciudad las consignas de Montoneros, junto a un grupo de compañeros; en ello consistía el activismo del Negro, tal como lo llamaban sus amigos. En la noche del 23 de marzo de 1976, él estaba con su familia en la casa de la calle 25 de mayo, cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, recibió un culatazo de fusil. La manzana estaba rodeada por soldados y policías. Los uniformados revisaron la casa con violencia. Entre ellos, había un oficial petiso y regordete. A Tripiana primero lo llevaron a la Comisaría 8ª; luego, fue trasladado a la Casa Departamental, como entonces se conocía la actual sede de los tribunales locales. Finalmente recaló en las mazmorras de la 32ª. En el ínterin, Haydée pudo acercarle comida, ropa y elementos de higiene. Hasta el 1 de abril. Esa mañana ella entregó en la guardia un termo con agua caliente para Francisco. Al rato, el mismo oficial petiso y regordete que había participado en el secuestro se lo devolvió. "A su marido lo liberamos anoche con los otros muchachos", fueron sus palabras. Ella no pareció comprender. El tipo, insistió: "Se fue anoche, señora. Como llovía, los subimos al celular y los llevamos a sus casas. Su marido fue el último y lo dejamos en la puerta." A continuación, le exhibió un acta con la firma de Tripiana en donde constaba la excarcelación. En realidad, esa firma había sido fraguada.
Desde entonces, el Negro está desaparecido.
Desde entonces, Haydée recuerda el rostro del oficial Trentini.
Por ello, sintió un escalofrío en la tarde del 27 octubre de 1997, al reconocer su robusta silueta en el televisor. El tipo estaba más gordo y disimulaba sus entradas con un laborioso peinado. Ahora era el comisario de la Seccional 38ª. Y estaba en problemas.
El estudiante bonaerense Sebastián Bordón, de 19 años, había sido hallado muerto el 12 de octubre al pie de un barranco en el distrito de El Nihuil. El cadáver presentaba fracturas de clavículas y antebrazos, junto a un profundo corte en la cabeza. Todo indica que sufrió una agonía de días y que el deceso se produjo por falta de atención médica. El caso sumió al gobierno de Arturo Lafalla en una profunda crisis. Su signo más visible: la renuncia del ministro Ángel Cirasino y de varios jefes policiales. Ocurre que, tras abandonar por propia voluntad el contingente de alumnos del que formaba parte, la víctima terminó en una celda de la comisaría comandada por Trentini. "El pibe golpeó un guardia y se nos escapó", fue la versión del hecho esgrimida por él. Luego se supo que Sebastián fue molido a palos en la comisaría. Y que el propio Trentini impartió la orden de abandonarlo en el barranco.
"El pibe se nos escapó", diría una y otra vez, ante los micrófonos.
Haydée de Tripiana, sin apartarse del televisor, no daba crédito a sus ojos.
No era la primera vez que al comisario se le escapaba un muerto.
Trentini fue condenado entonces a 15 años de prisión. Y recuperó la libertad en noviembre de 2007.
Ahora deberá pagar por otros crímenes.
Por: Ricardo Ragendorfer
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