Cuando lo fueron a buscar, el ex magistrado no estaba ni en su domicilio ni en un hospital donde supuestamente acompañaba a su esposa. Es el segundo ex camarista declarado en rebeldía. El otro es Otilio Romano.
El ex camarista federal Pereyra González está prófugo de la Justicia
El ex camarista federal mendocino Carlos Pereyra González, está técnicamentye prófugo de la Justicia, ya que pesa sobre él un pedido de captura por el cargo de homicidio por omisión, pero no ha podido ser ubicado aún ni en su domicilio ni en donde supuestamente estaba según sus familiares.
Así lo informaron fuentes de la Justicia federal de Mendoza respecto a la situación judicial del ex camarista, el segundo que entra en la categoría de prófugo de la Justicia en Mendoza tras el caso de Otilio Romano, en Chile, quien espera que se resuelva su extradición en el corto plazo.
Pereyra González está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura militar. Era secretario de un juzgado federal.
Cuando oficiales de la policía federal fueron la semana pasada a hacer cumplir con la orden, el ex camarista no estaba en su casa, y familiares informaron que se encontraba en un hospital acompañando a su esposa, internada. Cuando los oficiales fueron al centro asistencial, no sólo no encontraron a Pereyra González, sino tampoco a su esposa.
Como han pasado los plazos establecidos para hacer cumplir una orden de captura, hoy por hoy el ex magistrado se encuentra prófugo de la Justicia.
Antecedentes.
La semana pasada, la justicia federal de San Luis emitió un pedido de captura para Pereyra González, acusado de haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Pereyra González, quien se desempeñaba como secretario del juzgado en esa época presentó un escrito con una eximición de prisión por problemas de salud de su esposa. Diferente fue la suerte del ex juez Eduardo Allende y del ex fiscal Hipólito Saá, ambos alojados en una dependencia federal.
De acuerdo con las investigaciones, los tres fueron testigos de la tortura y posterior homicidio de una presa política. Y, aún cuando podían haber evitado el asesinato, no hicieron nada.
El caso tomó estado público en el 2008, durante el juicio a los represores que se realizó en aquella provincia. Allí, dos testigos –Jorge Velázquez (chofer del D2 puntano) y el abogado Carlos Samper– aseguraron que Pereyra González estuvo presente mientras violaban a Graciela Fiochetti, una joven de 19 años que luego fue asesinada.
Desde que trascendió esta información en el debate, sólo pasaron unos días para que Pereyra González presentara su renuncia a la Cámara Federal de Mendoza, la cual presidía, y donde tenía como compañeros, por ejemplo, a Luis Miret y a Otilio Romano, ambos procesado por ser cómplices de delitos de lesa humanidad en Mendoza.
El caso de Pereyra González está relacionado directamente con la historia democrática argentina. La historia de él, del juez Allende y del fiscal Saá se conoció allá por 1987, cuando Velázquez contó cómo había actuado el capitán Carlos Esteban Plá, conocido como El Chueco, y sindicado como uno de los hombres más duros de la dictadura en San Luis.
Después de la tortura a Fiochetti, y al corroborar que no iba a obtener ninguna información, la puso boca abajo y la fusiló de un disparo en la nuca. Velázquez contó que el cuerpo fue llevado primero a la morgue y luego enterrada. Ya con el retorno de la democracia, mostró cuál era el lugar y el juez Juan Antonio González Macías (ahora nuevamente integrante de la Cámara Federal) ordenó hacer la excavación.
La información era tan precisa que el cadáver de Graciela Fiochetti fue encontrado en la posición que había sido señalada por el testigo.
Automáticamente se ordenó la captura de Plá, que se acuarteló en Buenos Aires y amenazó con provocar un levantamiento militar en todo el país si era detenido.
Corría el gobierno de Raúl Alfonsín y Horacio Jaunarena era el ministro de Defensa. Este último personalmente le pidió a la Cámara de Mendoza, que tenía competencia en San Luis y estaba compuesta por González Macias, Eduardo Mestre Brizuela y Manuel Martín Maffezzini, que desprocesaran a Plá para evitar una sedición y que decretaran la incompetencia para enviar la causa a Córdoba. La historia aparece contada en el libro Civiles y Militares, de Horacio Verbitsky.
Mestre Brizuela y Maffezzini accedieron a la negociación para dejar en libertad a Plá. Años más tarde, el militar fue condenado a perpetua por su delitos.
Esta vez, la justicia va por quienes vieron las aberraciones y, teniendo la posibilidad de alzar la voz para frenar, no hicieron nada. Y en esa lista, para los investigadores, aparecer Pereyra González.
El ex camarista federal Pereyra González está prófugo de la Justicia
El ex camarista federal mendocino Carlos Pereyra González, está técnicamentye prófugo de la Justicia, ya que pesa sobre él un pedido de captura por el cargo de homicidio por omisión, pero no ha podido ser ubicado aún ni en su domicilio ni en donde supuestamente estaba según sus familiares.
Así lo informaron fuentes de la Justicia federal de Mendoza respecto a la situación judicial del ex camarista, el segundo que entra en la categoría de prófugo de la Justicia en Mendoza tras el caso de Otilio Romano, en Chile, quien espera que se resuelva su extradición en el corto plazo.
Pereyra González está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura militar. Era secretario de un juzgado federal.
Cuando oficiales de la policía federal fueron la semana pasada a hacer cumplir con la orden, el ex camarista no estaba en su casa, y familiares informaron que se encontraba en un hospital acompañando a su esposa, internada. Cuando los oficiales fueron al centro asistencial, no sólo no encontraron a Pereyra González, sino tampoco a su esposa.
Como han pasado los plazos establecidos para hacer cumplir una orden de captura, hoy por hoy el ex magistrado se encuentra prófugo de la Justicia.
Antecedentes.
La semana pasada, la justicia federal de San Luis emitió un pedido de captura para Pereyra González, acusado de haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Pereyra González, quien se desempeñaba como secretario del juzgado en esa época presentó un escrito con una eximición de prisión por problemas de salud de su esposa. Diferente fue la suerte del ex juez Eduardo Allende y del ex fiscal Hipólito Saá, ambos alojados en una dependencia federal.
De acuerdo con las investigaciones, los tres fueron testigos de la tortura y posterior homicidio de una presa política. Y, aún cuando podían haber evitado el asesinato, no hicieron nada.
El caso tomó estado público en el 2008, durante el juicio a los represores que se realizó en aquella provincia. Allí, dos testigos –Jorge Velázquez (chofer del D2 puntano) y el abogado Carlos Samper– aseguraron que Pereyra González estuvo presente mientras violaban a Graciela Fiochetti, una joven de 19 años que luego fue asesinada.
Desde que trascendió esta información en el debate, sólo pasaron unos días para que Pereyra González presentara su renuncia a la Cámara Federal de Mendoza, la cual presidía, y donde tenía como compañeros, por ejemplo, a Luis Miret y a Otilio Romano, ambos procesado por ser cómplices de delitos de lesa humanidad en Mendoza.
El caso de Pereyra González está relacionado directamente con la historia democrática argentina. La historia de él, del juez Allende y del fiscal Saá se conoció allá por 1987, cuando Velázquez contó cómo había actuado el capitán Carlos Esteban Plá, conocido como El Chueco, y sindicado como uno de los hombres más duros de la dictadura en San Luis.
Después de la tortura a Fiochetti, y al corroborar que no iba a obtener ninguna información, la puso boca abajo y la fusiló de un disparo en la nuca. Velázquez contó que el cuerpo fue llevado primero a la morgue y luego enterrada. Ya con el retorno de la democracia, mostró cuál era el lugar y el juez Juan Antonio González Macías (ahora nuevamente integrante de la Cámara Federal) ordenó hacer la excavación.
La información era tan precisa que el cadáver de Graciela Fiochetti fue encontrado en la posición que había sido señalada por el testigo.
Automáticamente se ordenó la captura de Plá, que se acuarteló en Buenos Aires y amenazó con provocar un levantamiento militar en todo el país si era detenido.
Corría el gobierno de Raúl Alfonsín y Horacio Jaunarena era el ministro de Defensa. Este último personalmente le pidió a la Cámara de Mendoza, que tenía competencia en San Luis y estaba compuesta por González Macias, Eduardo Mestre Brizuela y Manuel Martín Maffezzini, que desprocesaran a Plá para evitar una sedición y que decretaran la incompetencia para enviar la causa a Córdoba. La historia aparece contada en el libro Civiles y Militares, de Horacio Verbitsky.
Mestre Brizuela y Maffezzini accedieron a la negociación para dejar en libertad a Plá. Años más tarde, el militar fue condenado a perpetua por su delitos.
Esta vez, la justicia va por quienes vieron las aberraciones y, teniendo la posibilidad de alzar la voz para frenar, no hicieron nada. Y en esa lista, para los investigadores, aparecer Pereyra González.
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