domingo, 2 de diciembre de 2012

Carlos Rico fue acusado por delitos de lesa humanidad y se fugó

Bajo el signo de la Justicia
 
En el lapso de diez días la justicia federal mendocina ordenó más de 35 detenciones por delitos de lesa humanidad. El sacerdote Franco Revérberi, refugiado desde hace años en Italia por múltiples denuncias de acoso, también es requerido por la Justicia.

Atrás quedó la imagen del ex Subsecretario de Seguridad Carlos Rico y el Ministro de Seguridad, el demócrata Juan Carlos Aguinaga, bajando la escalinata de Tribunales Federales, uno en calidad de imputado y el otro como abogado, en el trance de tener que declarar ante el Juez Walter Bento todo lo relativo a su participación al frente del grupo especial antisubversivo conformado para el mundial de fútbol -GES-78-. Y es que desde el pasado 21 de noviembre, el encuadre legal sobre Rico fue ajustado por la Cámara Especial para delitos de lesa humanidad y tal como sucedió con Otilio Romano, se fugó. Al cierre de esta edición, la justicia lo tiene como prófugo.

La orden de captura internacional se sustenta en una imputación como partícipe de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato, ninguno de esos delitos lo exime de estar en prisión, como sí ocurría cuando la causa lo mantenía como responsable de asociación ilícita, al menos hasta avanzado el tercer juicio en la provincia donde se ventilan justamente los casos de los detenidos-desaparecidos de mayo de 1978.

Todo indica que tarde o temprano, la Justicia dará con el paradero de Rico. Es cierto que lo mismo se creía en relación a otro importante represor que también fuera funcionario del área de seguridad durante el gobierno de Julio Cobos, Luis Stuhldreher, y a más de un año de su fuga, no hay certeza sobre si podrá ser llevado o no a juicio en la ciudad de San Rafael, lugar donde encabezó la represión ilegal en su condición de intendente de facto.

Hay que decir que un mes atrás, uno de los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Pablo Garciarena había alertado sobre el temor concreto de que, avanzada la causa penal contra Rico y ante la inminencia de una posible detención, éste decidiera fugarse. Ahora que tal posibilidad es una realidad, sólo resta esperar que tanto la Policía Federal como Interpol investiguen todos sus pasos y se adelanten a los movimientos que cabe esperar de un fugado, por caso la venta de sus propiedades, tal como ocurrió con la venta de la casa donde vivía la familia de Stuldreher para obviamente poder girarle ese dinero al exterior.

Golpe a la impunidad. Más allá del caso Rico, de por sí impactante por el grado de protección política que le diera el Partido Demócrata, el ex gobernador Celso Jaque pero también los principales grupos mediáticos de la provincia, están las 10 aprehensiones consumadas sobre las 35 ordenadas en San Rafael. La situación impacta por la dimensión del operativo, y nuevamente, por la calidad de “intocables” que durante años exhibieron algunos de los apresados. Según la crónica del periodista Ricardo Ragendorfer, en el instante de su arresto de Hugo Ramón Trentini, éste extendió un dedo hacia el magistrado y advirtió: “Usted no sabe lo que está haciendo. ¡Esto no va a quedar así!”

Le llegó la hora a Trentini. Si bien se trataba de un anunciado final, había que pasar el grado de tensión y la actitud patoteril esperable de este temperamental sujeto al momento de ser esposado, detenido y traslado a cárcel común en Mendoza ya que el establecimiento sureño carece de condiciones de seguridad para casos como éstos.

Hugo Trentini ingresa a prisión con 67 años de edad. Las últimas fotografías difundidas por la prensa fueron tomadas tres años antes, cuando fue a declarar como testigo al primer juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael. Petiso, regordete, ultracatólico, apodado el “Gringo” entre sus íntimos, exhibe su vida social a través de facebook. Allí puede verse que dice haber realizado estudios de abogacía en la Universidad Católica de Salta y es amigo del periodista radial y director del Semanario Departamental, Alejandro Delorbo, uno de los fascistas con micrófono más recalcitrantes del sur mendocino que se animó incluso a festejar públicamente la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

A raíz de su detención, ya han empezado a circular “solidaridades” de personas que creen que Trentini es un preso político más del régimen, y que está en la cárcel del “enemigo”. No es nada comparado con su influencia en 1997 cuando era el poderoso comisario de la seccional 38 y debía recibir en su despacho a Luis Bordón, padre de Sebastián, para hacerle creer que su hijo andaba por algún lugar del Nihuil cuando en realidad él había dado la orden de esconderlo luego de la tremenda golpiza que le habían dados tres de sus hombres de confianza. En ese momento, también la papada de Trentini bailoteaba al enfrentar las cámaras y micrófonos que de Buenos Aires habían venido para obtener una explicación de la desaparición, y él, cual intocable, se apresuró a organizar a toda la tropa policial para sellar un pacto de silencio que terminó rompiendo, por borracho, el cabo Esteban Merello. Fue comentar entre parroquianos en un bar que ese muchacho bonaerense de 19 años, hallado muerto el 12 de octubre de 1997 al fondo de un barranco de El Nihuil, le había pegado en el destacamento pero “no se la había llevado de arriba” que apareció el hilo del ovillo de la causa por el homicidio de Sebastián Bordón, cuyo principal responsable era Hugo Ramón Trentini. Las pruebas periciales indicaron que Sebastián tenía fractura de clavícula y un profundo golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y que la muerte se produjo luego de una larga agonía de días por falta de atención médica. En ese penoso momento de la historia de la provincia fue que se supo quién era verdaderamente este comisario. Tenía un expediente por tormentos, -le había fracturado la clavícula a un detenido- y además de eso, tenía varias denuncias por coimas y fraude a la administración, tan es así que terminó imputado en siete hechos. En el año 2000 se realizó el juicio oral y público por el homicidio de Sebastián Bordón en la ciudad de San Rafael. Trentini resultó condenado a 15 años de prisión. Los días previos a la sentencia, movilizó a sus parientes y a integrantes de la familia policial, también a militantes católicos de la ciudad para que bramaran por su inocencia. Pero éstos hicieron algo más que expresar su malestar con el veredicto del Tribunal, en tren de abierta agresión empujaron, insultaron, amenazaron y arrojaron cosas contra los padres y amigos de Sebastián que debieron retirarse rápidamente de Tribunales y también de la ciudad. Luego de gozar beneficios especiales en las instalaciones de Infantería de San Rafael donde era habitual verlo en compañía de sus familiares y como en su casa, Trentini recuperó la libertad en noviembre de 2007.

Como pasó casi un año en prisión antes que la condena quedara firme, se le restaron dos años, y también se acortó la ejecución de la pena por los años ya cumplidos, así fue que salió en libertad mucho antes de lo previsto. A menos de cumplir 24 horas de liberado, daba varias notas a la prensa cuestionando la reforma producida durante el gobierno de Arturo Lafalla luego de que el escándalo del encubrimiento del crimen salpicara a toda la cúpula policial. Fueron momentos duros para Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, quien año a año –cada 12 de octubre- viaja a San Rafael a rendir homenaje a su hijo. En ese período no faltaron agresiones organizadas del tipo “comitivas” pro-defensa de la institución policial, donde llamativamente los vigilados por las fuerza policial no eran esos vecinos supuestamente auto-convocados sino los familiares y amigos de Sebastián Bordón. En esta difícil situación tuvo lugar el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Y lo que ocurrió fue un cambio rotundo de actitud en la sociedad sanrafaelina, sobre todo en los jóvenes que empezaron a interesarse en lo que había sucedido durante los años de dictadura. Muchos que habían estado callados por miedo durante más de 30 años pudieron relatar por vez primera violaciones a los derechos humanos. Apenas comenzadas las primeras audiencias Haydée de Tripiana, ató cabos y vinculó el rostro de aquel petiso y regordete que había visto en la televisión a propósito de la gran trama policial del caso Bordón con el de aquel oficial Subinspector que en 1976 le había informado falsamente sobre la liberación de su marido, Francisco, El Negro, Tripiana.

“A su marido lo liberamos anoche con los otros muchachos”, fueron sus palabras. Ella no pareció comprender. El tipo, insistió: “Se fue anoche, señora. Como llovía, los subimos al celular y los llevamos a sus casas. Su marido fue el último y lo dejamos en la puerta.” A continuación, le exhibió un acta con la firma de Tripiana en donde constaba la excarcelación. En realidad, esa firma había sido fraguada. Tripiana, militante de la Juventud Peronista, obrero de la construcción que solía salir en bicicleta a hacer changas como pintor de paredes, es uno de los detenidos-desaparecidos de San Rafael.

Tretini fue convocado a declarar como testigo y al término del proceso, tanto el Fiscal como los querellantes solicitaron para él compulsa penal, lo cual explica la investigación que sigue el titular del Juzgado Federal de San Rafael, Eduardo Ariel Puigdéncolas. El magistrado dictó procesamiento con orden de detención para 35 personas involucradas en unos 76 casos. Entre los primeros 15 detenidos que ya han sido trasladados a la cárcel de Almafuerte figuran, además de Hugo Trentini, los ex policías Orlando Gutiérrez, el ex comisario Daniel Frías, el ex Jefe del D-2 Oscar Raúl Pérez, Daniel Huajardo, Luis J. Graín, el ex comisario Isidro Juan Freire, Daniel Navarro, Tomás Rojas y otro ex comisario Ciro Maza.

Según trascendió, el Fiscal Francisco Maldonado ratificó que se continúa con la búsqueda del resto de los procesados a través de pesquisas que se llevan a cabo en diferentes puntos de las provincias de Córdoba, Salta, Buenos Aires y también en la Capital Federal, con intervención de un cuerpo especializado de fuerzas federales. Además de los ex oficiales policiales, se detuvo a Edgar Martín Ferreyra, conocido periodista de San Rafael que conducía un programa de folklore en la radio LV4 e integró el área de inteligencia militar, y se ordenó la captura del sacerdote católico Franco Revérberi, ex párroco de Salto de las Rosas, quien desde hace años reside en Italia, resguardado por el clero en otra jugada que evidencia el doble discurso de la Iglesia Católica.

En cuanto a Ferreyra, se trata del único civil detenido por delitos de lesa humanidad. Si bien aún no trascendió qué imputación tiene y en relación a qué causas y hechos, se presume que su vinculación con LV4 trascendía su labor de locutor ya que ese medio ha sido señalado como uno de los lugares donde se torturaba. En el 2010 el testigo Rodolfo Ibáñez relato que fue en la radio municipal donde lo torturaron. Recibió golpes desde las 11 de la noche hasta las seis de la mañana, ocasión en la que terminó desmayado y a punto de helarse de frío. Ferreyra tuvo el cargo de Suboficial mayor y fue miembro de la Sección Inteligencia 144 de San Rafael. Su programa de folklore salió al aire hasta hace dos años. En el 2009 fue premiado como “ciudadano distinguido” por la Municipalidad de San Rafael.

Rostros sin gloria. La historia de Franco Revérberi hace recordar a la de Monseñor Rodolfo Laise, de San Luis, en el sentido de que ambos buscaron refugio en Italia para evitar preguntas molestas sobre su rol durante la dictadura militar. Además, salvando las diferencias de jerarquía, ambos eran conocidos públicamente. Revérberi tenía un espacio en el único canal de televisión abierta de san Rafael, antes de eso era lo que se dice “un curita de campo”, de esos que entraban a las todas comer y a conversar a todas las cosas. Según relató la escritora Sonnia De Monte, en su infancia se apareció llegando al pueblo con cantidad de libros en las manos para repartirlos entre los jóvenes que se acercaban a los grupos de la iglesia, especialmente el grupo Scout, de allí reclutaba para los cursillos de cristiandad. Más tarde fue capellán militar, durante los años dictatoriales, y luego fue un importante referente de la Iglesia Católica desde la parroquia de Salto de las Rosas.

No fue uno sino al menos cuatro fueron los detenidos que lo vieron presenciando las torturas en las celdas de la Departamental. A raíz de esas revelaciones fue citado a declarar el Dr. Domingo Mauricio quien testificó que siendo Fiscal Correccional intervino ante las denuncias que le hacían familiares de los soldados que hacían la conscripción. Todos ellos daban cuenta de acoso sexual, pero fueran denunciadas hechas en secreto, y estuvieron celosamente guardadas, de ahí que a la fecha del juicio pocos en San Rafael supieran que Revérberi había sido expulsado como capellán.

En su declaración testimonial en el 2010, Revérberi explicó que “no miraba hacia el patio de los Bomberos -donde que pasaban detenidos hacia el baño, “por decoro”. Nunca habló de los horrores cometidos durante la dictadura militar ni de su propio silencio cómplice, de concretarse la captura internacional, el caso exhibirá la vergonzosa situación de las autoridades del Arzobispado de Mendoza. Y es que cuando se reveló que Reverberi ingresaba habitualmente donde se torturaban a los detenidos, nadie de la Iglesia hizo declaraciones, preguntado el vocero Marcelo de Benedectis señaló escuetamente: “no es necesario declarar nada puntualmente. Ya la Conferencia Episcopal Argentina dejó sentada su posición en documentos que hablan de la necesidad de justicia, verdad y reconciliación”.

Otra persona a la que se le cae la máscara, es el ex comisario general Oscar Raúl Pérez, conocido por su posición antireformista. Fue Jefe de Inteligencia Policial durante la dictadura y al momento de realizarse el juicio se desempeñaba como asesor del Consejo de Seguridad de San Rafael con el aval del intendente Emir Félix, a quien no le quedó más remedio que hacerlo renunciar cuando el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó investigarlo. Ese fue el fin de su carrera, que venía plena de apoyo político ya que el mismo gobernador Julio Cobos, lo había designado Director General de Policías luego de una profunda crisis generada por la seguidilla de muertes por gatillo fácil. Según trascendió en fuentes judiciales, su caso es de los más avanzados ya que en paralelo a su captura se habría conseguido documentación clave sobre el D2 sanrafaelino.

Un caso particular es el del funcionario judicial Daniel Ernesto Huajardo, cumplía con suma responsabilidad sus tareas en una defensoría federal de esa provincia. La responsabilidad en delitos de lesa humanidad es a raíz de que trabajó en Inteligencia del Ejército a partir de junio de 1976. Según su propia declaración, trabajaba con Ruiz Soppe, y con el Mayor Suárez, y participó de varios operativos, entre ellos, uno realizado en la casa de la abogada Susana Sanz de Llorente.
En cuanto a Ciro Isidro Maza, hay que decir que fue comisario en Malargüe hasta principios de 1977 y que de acuerdo al testimonio del gremialista Luis Barahona, fue detenido por él durante la tarde del 28 de abril de 1976 en la fábrica Grassi, y de paso, en su casa también ingresaron policías que destruyeron algunas cosas y le robaron otras.

El turno de Cardello y Mirotta. Parece increíble que dos sujetos preparados para colocar bombas, secuestrar, encapuchados, con autos sin patentes, sacar información mediante torturas, y varios delitos más, hayan estado libres los últimos tres años. La razón es que la anterior composición de la Cámara Federal de Apelaciones –Alfredo López Cuitiño, Julio etra y Carlos Pereira González- había desestimado los procesamientos sobre estos dos integrantes de la policía federal a los que hay que agregar otros dos nombres: Marcelo León y Ricardo Aleks. El cuarteto conformaba una verdadera patota que sembró el terror desde la delegación de la Policía Federal.

Afortunadamente, gracias a la investigación del periodista Rodrigo Sepúlveda, puede verse el rostro de “Willy” Cardello, que fue capturado mientras caminaba impunemente por la Peatonal Sarmiento de ciudad. Las cámaras del documental “Legajo 7746” lo siguieron porque tenían la información que hoy los incrimina. Y es que todos ellos participaron del secuestro de Amadeo Sánchez Andía el 6 de junio de 1975, y el de Víctor Romano Rivamar, el 22 de abril de 1976. De la investigación periodística realizada por el equipo de Sepúlveda se ven los diarios de la época también se obtuvo la imagen de Oscar Fenocchio, Jefe de la Delegación y Ricardo Aleks, Jefe de Inteligencia.

En el documental, Carmelo Cirella Paredes -un ex miembro de la patota, luego arrepentido-, confiesa ante las cámaras que participó con otros policías del secuestro y asesinato de Víctor Romano Rivamar, primo hermano del hasta hace poco integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Luego ese testimonio fue confirmado en la Justicia, pero ésta no estuvo a la altura de las circunstancias. Pese a que al comienzo Mirotta, Cardello y León fueron detenidos por privación ilegítima de la libertad, -también Cirella Paredes resultó imputado y en esa condición estuvo hasta su muerte- poco tiempo después, la Cámara Federal de Apelaciones desestimó todo lo actuado. Con la nueva composición de la Cámara y con el testimonio de Cirella Paredes avalado por la Cámara de Casación Penal, al trío de federales se le termina la libertad de que gozaban. Mirotta y Cardello ya están en cárcel común, falta que la justicia de con el paradero de Marcelo León.

Clima violento. La novedad de las detenciones llega en medio de un clima tenso que por momentos hace recordar lo que sucedía en San Rafael ante la apertura del juicio. En aquel entonces eran pocos eventos, pero lo eran de alto voltaje psicológico. Por ejemplo, en horas de la noche ingresaba a la casa de la testigo Alicia Morales, militante de la Asamblea por los Derechos Humanos, un individuo que luego de desactivar la alarma del hogar se llevó un sable del padre de Alicia, que era militar, y la mochila de una amiga con un cuaderno donde tomaba apuntes sobre el juicio. El segundo hecho fue protagonizado por un joven de 19 años que rompió carteles que estaban en la vereda de la Universidad Nacional de Cuyo, publicitaban una charla del filósofo, teólogo y docente Rubén Dri, devenido en blanco de insultos de militantes del Instituto del Verbo Encarnado.

En agosto de este año, un día antes del comienzo del tercer juicio en Mendoza, el Juez Roberto Burad, integrante del Tribunal Oral recibió amenazas por vía telefónica. Y en paralelo empezaron a ocurrir una serie de eventos que actualmente están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos Complejos. El 19 de octubre, en los alrededores de Casa de Gobierno y de los Tribunales aparecen pegados carteles en postes y semáforos con la foto y agravios al Dr. Diego Lavado, referente del movimiento de Derechos Humanos. Por la tarde éste recibe una llamada de una voz femenina que le advierte que los carteles que han pegado en la zona de tribunales fueron realizados por los familiares de las víctimas que se junta con el fiscal Javier Pascua (NdelaR: Pascua es Fiscal de Cámara de la Provincia). Textualmente dijo: “se volvieron locos cuando se enteraron que Uds. quieren que se declare la inconstitucionalidad de la “ley Petri”. El Fiscal Pascua los asesora, ese tipo lo odia a Ud. y al resto de los abogados de derechos humanos, por la denuncia que le hicieron ante el Consejo de la Magistratura. El Pascua ha logrado el apoyo de algunos familiares víctimas de delitos y quiere ponerlos a todos en contra suya. Primero le tocó a Ud. pero van a seguir con Salinas, Guevara y el resto de los abogados para que no se metan con esa ley que la consideran propia”. Finalmente esta persona manifestó: “cuídese Dr. que esta gente es pesada y están muy locos, quieren ir a las casa y al estudio de Uds. para hacerle daño”.

El 7 de noviembre aparecen nuevos carteles en el interior de locales comerciales de los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz. Bajo la foto de doctores Pablo Salinas, Alfredo Guevara Escayola, Diego Lavado y Dante Vega (Fiscal en delitos de lesa humanidad) una leyenda dice: “estos son los mercaderes de los derechos humanos” y en la parte inferior dice: “Marque las diferencias entre las personas de bien y los abogados que defienden y liberan a los delincuentes que nos roban, nos violan y asesinan. Si tiene un comercio (zapatería, restaurant, drugstore, farmacia, café, etc.) no los atienda. Es hora de comenzar nuestra lucha…la lucha de personas de bien. No tenga miedo, participe de las marchas sin violencia ni agresión, ni daño a la propiedad pública o privada”.

Esto último, no se cumplió ya que la escalada de estas agresiones derivó en el hecho más grave: el 14 de noviembre, por la mañana se detecta que manos anónimas han producido hechos de vandalismo contra el monumento que se ubica frente al edificio de los Tribunales Federales de Mendoza (Av. España y calle Pedro Molina de Ciudad), ocasionando la destrucción del friso y las placas que contienen el nombre de las personas desaparecidas en la Provincia durante la dictadura cívico militar que gobernó el país en el periodo 1976-1983. Más tarde se supo que había sido amenazado el periodista Gustavo de Marinis, hermano de una desaparecida.

De acuerdo a lo informado por la policía de Mendoza, en Tribunales hay cámaras de seguridad que pueden haber registrado el destrozo y pueden ayudar a identificar a sus autores. Lo más llamativo de todo es que la sucesión de ataques tiene una lógica. Segú la denuncia pública que hizo Diego Lavado, quien está detrás es el Fiscal de Cámara Javier Pascua, aunque éste negó todos los hechos recientemente en una entrevista al Diario Uno.

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