jueves, 15 de mayo de 2014

Por qué la IV Brigada Aérea fue una cárcel clandestina

Por: Jorge Fernández Rojas
José Chiofalo, uno de los Trovadores de Cuyo, hoy está detenido por su pasado militar en la Fuerza Aérea.
La detención del integrante de Los Trovadores de Cuyo obligó a los organismos de Derechos Humanos a puntualizar sobre el caso y a ampliar conceptualmente lo que pasaba dentro de las unidades militares en la época de plomo. La ineludible explicación del MEDH.
El jueves 8 de mayo, uno de los guitarristas del grupo folclórico Los Trovadores de Cuyo, José Santos Chiofalo, fue detenido como resultado de una investigación judicial sobre delitos cometidos por el aparato represor montado durante la dictadura cívico-militar.

Chiofalo fue jefe de la banda militar de la Fuerza Aérea en Mendoza y su ámbito de trabajo era la IV Brigada Aérea, ubicada en Las Heras. Como el caso llamó la atención por tratarse de un personaje público, integrante de un grupo musical muy popular por entonces, se instaló cierta sospecha de injusticia para con “Pipo” Chiofalo, tal como se lo conoce en el ambiente musical. Esto fue abonado por el hijo del hoy detenido. José Chiofalo (hijo) tuvo mucha exposición mediática y transmitió sus dudas públicamente, al pintar a su padre como una persona con una sensibilidad distinta a la de un militar.

Tanto fue así que, en realidad, la noticia que quedó invisibilizada es que hubo 12 personas detenidas (Chiofalo entre ellas) por delitos de lesa humanidad, por lo que ocurrió en el centro clandestino de detención que funcionó en la IV Brigada Aérea.

Todo este escenario hizo que trascendieran los motivos por los cuales Chiofalo hoy está alojado en una de las celdas de la cárcel de San Felipe.

A José Santos Chiofalo se lo acusa de ser autor mediato de los siguientes delitos:

    Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 3 hechos.
    Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, y por haber durado más de un mes, por 11 hechos.
    Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
    Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 14 hechos.
    Autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma (artículo 210 bis del C.P., según redacción actual).



Los fundamentos del MEDH

El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) se encargó de recopilar información y testimonios sobre la actividad represora de la Fuerza Aérea en Mendoza, que tuvo gran incidencia en el esquema de persecución y exterminio planeado por la Junta Militar que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. El siguiente es el texto del comunicado del MEDH que fundamenta lo que pasó en las dependencias militares en la época oscura del país:

Cuando las FFAA asumieron el poder en 1976, se trató de todo el poder político y administrativo. Ya el país había sido dividido en Zonas de Operaciones para la Lucha Antisubversiva. Mendoza integró la Zona III (por el 3er. Cuerpo de Ejército) al mando del Gral.Menéndez, y en este esquema se denominó Subzona 33 (Subzona 3, 1-2-3, Mendoza, San Juan y San Luis).

A partir del 24 de marzo de 1976, todo el poder quedó bajo el mando del  Comando Militar Jurisdiccional, CMJ, integrado por Ejército y Fuerza Aérea (aquí no había Marina). O sea, VIII Brigada de Infantería de Montaña y IV Brigada Aérea. Ejército dirigía la lucha contra la subversión, puede verse en los Consejos de Guerra que los principales cargos los ocupaban militares de la VIII Brigada de Ejército, y los cargos secundarios, militares de la IV Brigada Aérea.

Dentro de su rol en el esquema de la lucha antisubversiva, la IV Brigada ocupó la mayoría de  los cargos administrativos: Gobernación, Jefatura de Policía, ministerios, municipios. Las policías, Gendarmería, Servicio Penitenciario y demás fuerzas, servicios de inteligencia y de represión de delitos, quedaron subordinados a este CMJ.

Todo el país quedó supeditado al desarrollo de la lucha antisubversiva. Todos los civiles podíamos ser detenidos sin tiempo ni proceso. Esa lucha era la prioridad nacional. Fue reforzada la seguridad frente a establecimientos militares y policiales, al atardecer se colocaban vallas en algunas calles impidiendo el acceso aun a pie y se construyeron torretas defensivas frente a las Comisarías.

Circulaban vehículos con jefes y soldados, era frecuente que se detuviera un colectivo y se requisara a todos los pasajeros; que se cerrara una cuadra en una calle, se subiera a los transeúntes a un vehículo militar y se los condujera a una seccional para verificación de datos y antecedentes. Circular era la consigna; se prohibieron las actividades políticas, teniéndose por tales los partidos, agrupaciones, centros de estudiantes, etcétera.

Todos los jefes militares arengaban a la población en actos patrios que presidían y que eran los únicos que se realizaban. Todos los jefes militares arengaban a sus subordinados. Basta mirar diarios de la época, llenos de discursos militares. No había otras voces que las afines a ese discurso.

Todo militar está inserto en un sector militar que a la vez integra un esquema de actividades militares. Tiene un grado militar como principal factor de su identidad personal. Tiene superiores y subordinados. Recibe e imparte órdenes. Está sujeto a una disciplina de mando y obediencia a las órdenes. Así funciona una brigada, un cuartel, las instituciones militares en general.
De la Jefatura de la IV Brigada Aérea dependían el Grupo Aéreo, el Grupo Base 4, y el grupo Técnico.

En el Grupo Base 4 se encontraba el Escuadrón Tropa y, dentro de este, la Compañía Policía Militar y Compañía de Defensa, la Compañía de Servicios y la Banda de Música.

Cada uno de estos sectores funcionaba militarmente con sus jefaturas y sus escalas de mando, su disciplina, sus días de guardias reglamentarias, sus tareas asignadas.

Todos estos sectores compartían el mismo espacio institucional y también físico en la IV Brigada. Compartían los Casinos de Oficiales y de Suboficiales, los lugares de atención de salud, los vehículos, las guardias. La información general y particular que se comparte al interior de un espacio común, sea importante o banal.

La institución militar de un país tiene como eje trabajar alrededor de una hipótesis de conflicto en relación con la situación imperante en una etapa dada.

La hipótesis de conflicto en 1976 y siguientes era, en lo continental, el peligro de avance del comunismo internacional. En Argentina, en ese marco, era destruir al enemigo interno, políticamente enemigo de las instituciones nacionales, y del modo de vida occidental y cristiano. Todos los jefes militares indagados por la Justicia entre 1985 y 1986 explicaron prolijamente esto que aquí se desarrolla de manera básica. También en años recientes fue explicitado por algunos de aquellos jefes sobrevivientes, como el GeneralTamer Yapur.

La posición de no saber nada, no haber oído nada, no conocer que hubo una lucha antisubversiva de su arma, su unidad, su condición de integrante de una institución militar, es pueril y peca de creer en una excesiva ignorancia de los jueces. Como mensaje a un sector desprevenido de la ciudadanía, causa un impacto cuyo efecto y duración están condenados a ser breves.

No caben dudas de que muchos militares de menor rango no participaron en forma directa de operativos represivos, no integraron el personal de un centro clandestino de detención. Lo que sí se puede asegurar es que ninguno de ellos ignoró que había sectores que entraban y salían de la Brigada en misiones antisubversivas, que cumplían servicios especiales, que en la Seccional 16 y en el viejo cine de la Brigada hubo civiles detenidos, custodiados por Fuerza Aérea, y que en Las Lajas “pasaba algo” (por lo menos) de lo que se hablaba en voz baja pero era conocido por todos.

"Yo no supe nada" no es un camino digno para un militar. Y menos "Yo estaba ahí, pero haciendo otra cosa, era un militar de mentiritas". No estamos en una comedia norteamericana sobre un cuartel muy divertido, sino en una etapa legal que por fin llegó a nuestro país, a nuestra sociedad civil cansada de impunidad y de inacción de la Justicia.

La mejor hipótesis hoy es que la impunidad de los culpables se acabó, y los no culpables y no responsables harían muy bien a la sociedad y a sus familias si esgrimieran la responsabilidad de mirar al pasado y describir las cosas como realmente ocurrieron ante sus ojos. Sin subordinación al ocultamiento, con valor para seguir adelante y dar genuinos ejemplos.

Fuente: Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos

domingo, 11 de mayo de 2014

Detienen a un músico de folklore por delitos de Lesa Humanidad

Es miembro de "Los trovadores de Cuyo"

José Santos Chiófalo, de 79 años, fue detenido en una causa que investiga delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Chiófalo, integrante del popular grupo de folklore mendocino “Los Trovadores de Cuyo”, fue detenido ayer en su casa de Guaymallén por orden del juez federal Walter Bento, frente a quien declararía hoy, informó la agencia Télam. Chiófalo está alojado en los tribunales federales de la capital mendocina.

Durante los años 70, Chiófalo se desempeñó como director de la banda de música de la Fuerza Aérea. Se retiró en 1986.

La orden de detención contra Chiófalo se concretó ayer pero el sábado ya había tenido indicios de que algo no andaba bien. Fue cuando quiso abordar un avión en el aeropuerto Francisco Gabrielli, para viajar a Colombia, donde iba a presentarse con su banda en un festival. El personal de Migraciones no lo dejó subir porque dijo que había una orden de captura en su contra


"Se lo llevaron detenido a la unidad 32 y lo liberaron. El lunes se presentó en Tribunales para exhibir la visa con el contrato para la actuación en Colombia y solicitar que lo dejen salir. Le respondieron que se busque un abogado”, explicó José, uno de los hijos del músico a los medios locales.

En Mendoza, la justicia federal está en pleno desarrollo del cuarto juicio oral y público por delitos de Lesa Humanidad, donde se juzga la participación de más 30 ex policías y militares y cuatro ex magistrados.

miércoles, 7 de mayo de 2014

Para Miret, ser nombrado camarista en julio de 1976 fue "haber tocado el cielo con las manos"

Lo declaró ayer en el megajuicio que enfrenta el ex magistrado por delitos de lesa humanidad al responderle a la querella. También se refirió al acto de su asunción ocurrido en julio de 1976.
Para Miret, ser nombrado camarista fue "haber tocado el cielo con las manos"

Miret declaró durante varias jornadas ante el tribunal. (Florencia Kaiser / Los Andes)

Después de varias jornadas y muchas horas de exposición, cerca de las 14 de ayer, terminó la declaración del ex camarista federal Luis Miret.

Su presencia como imputado por delitos de lesa humanidad se refiere a no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron a sus manos -durante los años ‘70-. Miret fue defensor oficial, juez subrogante e, incluso, ocupó un lugar en la Cámara Federal de Apelaciones que le significó “haber tocado el cielo con las manos”, según sus palabras y que, a pedido de la querella, esa frase quedó “incorporada en forma textual” en el acta del juicio.

Como ha sido una constante desde que se sentó de cara al Tribunal que integran Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, además del juez Héctor Cortez como suplente, Miret se extendió en consideraciones sobre aquel tiempo cuando “llegó a lo más alto, después de haber entrado por lo más bajo”, en relación a su incorporación a la Justicia Federal.

Precisamente, sobre su jura como miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, hecho ocurrido el 17 de junio de 1976, se detuvo Pablo Salinas, en su calidad de abogado querellante, cuando ofreció algunas páginas de diarios de la época, que reproducían ese acto, realizado en los altos del Pasaje San Martín y del que participaron, entre otros, el ex interventor brigadier mayor (RE) Jorge Sixto Fernández y los ministros de Gobierno y Economía comodoro Teófilo Ramírez Dolan y teniente coronel Oscar Alberto Román Molina.

Los Andes de esa fecha, bajo una foto donde el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Julio Soler Miralles le toma juramento a Miret, hizo referencia en su título a que “Juraron cinco magistrados de la Justicia Federal”. Ellos fueron, además de Miret, Gabriel Guzzo, como juez federal y que fuera separado de este magajuicio por su estado de salud; Jorge Arnaldo Césped, juez federal de San Rafael; Guillermo Max Petra Recabarren (también imputado en este debate) y Juan Manuel Sosa Araujo, ambos como defensores de pobres, incapaces y ausentes en Mendoza y San Rafael, respectivamente.

Por su parte Miret también recordó que como él, también juraron por el Proceso de Reorganización Nacional, Enrique Petracci, Elena Highton de Nolasco, Enrique Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y el propio Julio César Strassera.

La audiencia

“Si la memoria no me falla”, fue la frase que utilizó el presidente del Tribunal, Alejandro Piña al darle continuidad a este megajuicio, cuando abrió la jornada de la víspera. Y estaba referida a preguntas que habían quedado “pendientes” de respuesta por parte de Miret. Sin embargo, estas se centraron en escritos firmados por el ex magistrado, como camarista, causas que no se encuentran incorporadas en la elevación a juicio, pero que aún así optó por responder.

Se refirió a los decretos (firmados durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, donde se hablaba de “aniquilar” la subversión). Y ante otra pregunta volvió a relatar el encuentro con un general del Comando al que le pidió explicaciones por los allanamientos y detenciones sin la intervención de la Justicia, a lo que el militar le contestó “son órdenes, por el momento secretas, pero ya se van a conocer...” .

Ahora el turno de ex policías

Tomando como base la negativa de casi la mayoría de los acusados, entre ellos los ex jueces Otilio Roque Romano, Evaristo Carrizo y  Petra Recabarren de declarar en esta etapa, el Tribunal escuchará hoy a los ex policías Pedro Modesto Linares Pereyra, de 62 años, que llega al debate en libertad y que estuvo en la Comisaría 7° de Godoy Cruz, en los años ‘70. Su defensa está en manos del abogado Omar Venier.

Otro que prestó su conformidad para declarar es Rubén Darío González Camargo (62), actualmente detenido en el Complejo San Felipe, sobre su actuación en el D 2  y que estará asistido por el abogado Alfredo Paturzo.

Finalmente trascendió que en los próximos días se realizará una “visita” al edificio donde funcionó el Juzgado Federal N° 1 durante los años de la dictadura.

martes, 25 de febrero de 2014

Un defensor con prontuario: el abogado de uno de los ex jueces está vinculado al Destacamento de Inteligencia

Un defensor con prontuario

Carlos Alberto Carreño, representante del ex juez Guillermo Petra, se habría desempeñado como agente civil de Inteligencia durante la dictadura. Uno de los acusados que estaba prófugo se presentó en la audiencia y quedó detenido.

Carlos Alberto Carreño se presentó ayer como defensor del ex juez Guillermo Petra, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El nombre del abogado, según informó El Sol online, aparece vinculado al Destacamento de Inteligencia 144, donde entre 1976 y 1983 se habría desempeñado como agente civil. En la segunda audiencia de la megacausa mendocina, en la que se juzga a ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado, además de militares y policías, también quedó detenido Antonio Lorenzo Cosentino, un ex policía que cumplió funciones en la comisaría 7ª de Godoy Cruz y participó de los operativos del D2, y que hasta ahora estaba prófugo. Además, el ex magistrado Otilio Romano solicitó asumir su autodefensa.

En la audiencia de ayer, la querella solicitó agregar días de debate para acelerar el proceso judicial y que se apliquen las reglas fijadas por la Cámara de Casación para incorporar testimonios de juicios anteriores. Pablo Salinas, abogado litigante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y por 20 de las víctimas, contó que “la sesión comenzó con un pedido nuestro de que se requise a los presentes, en especial a los acusados, para evitar filmar o sacar fotos durante el debate oral. La decisión se vincula con que en un diario de la provincia salió publicada una foto, de la primera audiencia, en que se ve a Luis Miret –imputado– sacando una foto al fiscal Jorge Auat”. El abogado estimó que “consideramos que esto no es más que un acto intimidatorio por parte de un acusado de delitos de lesa humanidad a un fiscal de la Nación”. En una segunda instancia, el tribunal identificó a los acusados, tal como lo había realizado el lunes anterior, durante la primera audiencia. Entre los presentes estaban los ex jueces en funciones durante la dictadura Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y el entonces fiscal Otilio Romano. Todos imputados por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados. En esta ocasión, entre las filas de las fuerzas de seguridad estaba el represor Lozano Constantino, a quien se detuvo al inicio de la audiencia. En tanto, Francisco López Rodríguez aún se encuentra con pedido de captura.

Se destacó el anuncio que hizo el defensor de Romano, Bernardo Calderón, en el que afirmó que se retirará si no se le permite a su patrocinado ejercer su autodefensa, como el ex juez había solicitado. El defensor dijo que el ex camarista que estuvo prófugo en Chile y fue extraditado conoce los detalles de la causa mejor que él. Hoy, en un nuevo encuentro, el tribunal va a dar una respuesta a ese pedido. “Nosotros nos opusimos rotundamente porque pensamos que oculta una trampa, después van a decir que estuvo indefenso”, dijo Salinas. “No son más que planteos dilatorios para ir alargando el juicio y que no concluya nunca”, destacó.

Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando el tribunal decidió retirarse por unos minutos del recinto, debido a que una ex jueza federal de la provincia, Dora Goldfarb de Lucero, decidió interrumpir el curso de la audiencia y responsabilizar a Miret por la detención de su esposo, Pedro Tránsito Lucero, ex director del diario El Andino, un caso emblemático de la provincia aún sin resolver.

Durante la jornada de ayer quedaron desafectados, por razones de salud, los acusados Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez y Timoteo Amaya. Se suman a los ya separados Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda. En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desligado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja. En total son 34 los acusados cuyas imputaciones comenzará a leer el fiscal hoy, cuando el tribunal vuelva a sesionar.

Informe: Laura Guarinoni.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Comenzó en Mendoza el juicio contra jueces

"Se juzga el aparato judicial del terrorismo de Estado", destacaron en la querella. Provocaciones de Romano y Miret en la audiencia.

Por: Gerardo Aranguren

El ex camarista Otilio Romano, que por años fuera el hombre fuerte de la justicia mendocina, debió ingresar ayer al edificio del Poder Judicial provincial esposado y bajo custodia del Servicio Penitenciario. La imagen marcó el inicio del cuarto juicio de la provincia por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

Además de Romano hay casi 40 acusados, entre quienes se encuentran otros cuatro ex magistrados que prestaron funciones en la última dictadura: sus compañeros en la Cámara Federal de Mendoza Luis Miret y Guillermo Petra Recaberren, y los ex jueces federales Rolando Carrizo y Gabriel Guzzo, aunque este último no participará del debate en Mendoza por problemas de salud.
El histórico juicio oral comenzó ayer con una breve audiencia en la que el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, sólo identificó a los acusados pero no avanzó con la lectura de las elevaciones a juicios, que arrancará recién en la próxima audiencia, el lunes 24 de febrero.
En la sala sólo estuvo una veintena de los imputados, el resto presenció el debate por videoconferencia desde diferentes puntos del país: Rosario, Tucumán, los penales de Ezeiza y Marcos Paz y los tribunales porteños de Comodoro Py.
"Este es un momento muy importante, un antes y un después para la justicia argentina, porque en este proceso se juzga el aparto judicial del terrorismo de Estado. Se vio sentados a los represores junto a jueces y fiscales que permitieron que se llevara adelante el terrorismo de Estado y eso simbólicamente es muy fuerte. Era algo impensado teniendo en cuenta que Romano fue jefe de la justicia de Mendoza hasta 2010", aseguró el abogado querellante Pablo Salinas a Tiempo Argentino.
El comienzo del debate fue acompañado por más de 300 personas que desde temprano se instalaron frente al edificio judicial para acompañar a familiares y víctimas en un acto organizado por la municipalidad local, bajo la consigna "Democracia con Justicia. Futuro con Memoria".
Junto a organismos de Derechos Humanos se acercaron organizaciones políticas y sindicales, el diputado nacional Horacio Pietragalla y Susana Trimarco, madre de Marita Verón y símbolo de la lucha contra la trata de personas. "Es un gusto estar acá acompañando a los familiares. Es la misma lucha la que sigo, y es una experiencia impresionante estar a su lado porque siempre admiré a Madres, a Abuelas e Hijos. Son un ejemplo y esto que sucede en Mendoza me tocó el corazón", señaló Trimarco.
También estuvieron presentes el titular de la Unidad especializada en casos de apropiación, Pablo Parenti, y Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que luego ingresaron a la audiencia junto al fiscal Dante Vega.
El debate transcurrió sin incidentes hasta que Miret sacó su celular y le tomó fotos al fiscal Auat. El gesto generó la reacción del funcionario, que años atrás fue denunciado por el entonces camarista por haber hecho pública la connivencia con represores. "No me gusta hacer alarde de bravuconadas pero tiene que ser observado por el Tribunal como objetivo intimidatorio", reclamó, por lo que el acusado fue advertido.
Al terminar la primera audiencia, Romano levantó sus manos esposadas en un gesto provocador. Sus hijos y su esposa le gritaban "héroe de la patria". Sus gritos fueron tapados por los cánticos de familiares y víctimas de la represión, dirigidos al ex camarista que estuvo más de un año prófugo en Chile: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Se unifican las causas en Mendoza,el mega juicio comenzará en febrero

El exx juez Otilio  Romano encausado
Una megacausa por el pasado en Mendoza

El reclamo de los organismos de derechos humanos fue atendido y se hará un solo juicio en Mendoza, el más importante de su historia en crímenes de lesa humanidad. Incluirá a los ex jueces involucrados como cómplices.

 Por Ailín Bullentini

Varias fueron las batallas que los organismos defensores de los derechos humanos ganaron en Mendoza en pos de iniciar, sostener y acelerar el camino que lleva justicia a las víctimas de la última dictadura cívico militar. Esta semana obtuvieron otra, tal vez una de las más importantes de ese recorrido. El Tribunal Oral Federal (TOF)

N° 1 de la provincia aceptó unificar las causas que investigan delitos de lesa humanidad y determinó que el próximo 17 de febrero comenzará a resolverlas en un gran juicio oral. Según los organismos, se tratará del más importante en la historia de Mendoza no sólo por su magnitud –más de 40 genocidas imputados y más de 200 víctimas–, sino porque los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, entre otros, integran el grupo de acusados. Con ellos, una porción del Poder Judicial cómplice con el terrorismo de Estado en la provincia que se mantuvo en funcionamiento hasta hace muy poco tiempo será finalmente analizada: “Es la primera vez que se enjuicia a ex magistrados exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia”, concluyó el fiscal Dante Vega.

“Es un reclamo histórico de las organizaciones de los derechos humanos”, definió Pablo Salinas, el abogado querellante en representación del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) mendocino. Se refirió a la unificación de las causas que investigan secuestros, torturas, desapariciones y homicidios ocurridos durante la dictadura en la provincia, por la que el MEDH y otros organismos han presentado varios pedidos ante el TOF N° 1 y han realizado movilizaciones. El valor simbólico que tiene la unificación de las causas para las víctimas sobrevivientes y los familiares de aquellos que no lo lograron es “enorme”, supuso el abogado, que lo hipotetizó desde “lo fundamental que será para ellos ver sentados en el rincón de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado en la provincia, o al menos a aquellos que siguen vivos”.

Pero, además, Salinas sopesó el valor que tiene el análisis en conjunto de la inmensa cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1975 y 1983. Significa entender que aquello que ventilan los expedientes por separado forma parte, en realidad, de una misma cosa: el plan criminal que se perpetró desde el aparato del Estado. “El plan criminal del terrorismo de Estado no se entiende sino en la unificación de los casos. La gran lucha de los defensores de los represores ha sido la atomización de las causas para diluir sus responsabilidades y para defenderse más cómodamente. Pero si uno ve la totalidad, si uno pone en relación las actas de las Juntas, las órdenes secretas, se entiende que lo que ocurrió no fue una cuestión azarosa, que no fueron un par de loquitos”, explicó.

El mapa del plan

Si no hay dilaciones, el 17 de febrero de 2014 los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade tendrán frente a sí a gran parte de los responsables de aquel plan criminal, incluso a miembros del poder que integran. Por el momento, son 15 causas que incluyen a 41 represores acusados y a 207 víctimas. Si las esperanzas de las querellas llegan a buen puerto, otras dos causas más sumarán.

Uno de los expedientes de la unificación es la causa número 636, que analiza las responsabilidades en delitos de lesa humanidad de los ex jueces Otilio Romano –quien permaneció prófugo en Chile durante más de dos años y fue recientemente extraditado–, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. En esa causa, Miret, Carrizo y Petra Recabarren están imputados por omitir investigar desapariciones, secuestros, torturas y robos. Romano está acusado de ser partícipe necesario en varios homicidios calificados. Guzzo también está imputado como partícipe.

Esta causa se analizará junto con otras catorce, en principio. Doce de ellas integraron un requerimiento masivo de elevación a juicio elaborado por la fiscalía a cargo de Vega: investigaciones en las que los hechos principales padecidos por las víctimas tenían que ver con centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial –de ellos, el D2 fue el de mayor envergadura y, también, el más terrorífico– y algunas otras no acumuladas a esta última que se refieren a violaciones vinculadas específicamente con el accionar de las Fuerzas Armadas. Otros dos expedientes más “chicos”, de pocas víctimas y menos acusados, completan la quincena unificada el lunes pasado. Uno de esos expedientes es el que se intentó comenzar a ventilar en lo que sería el cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad de la provincia, pero fue suspendido una semana antes. En ése, el represor que integraba la VIII Brigada de Infantería de Montaña Enrique Blas Gómez Saa es acusado de los secuestros y torturas aplicadas a tres sobrevivientes del terrorismo de Estado.
La unificación

Vega consideró “fragmentada” la instrucción por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que recién comenzó a ordenarse en el último año y medio. “Había de todo. Cuando tomamos la instrucción empezamos a ordenarlas por patrones comunes: centros clandestinos generalmente, o fuerzas policiales, por ejemplo, porque era la única manera de juzgar tantas cosas”, puntualizó. En abril pasado, la fiscalía elevó al tribunal un primer pedido de unificación debido a que “no es nada extraño, es algo que está previsto en el Código Procesal Penal y que responde al sentido común: no se puede hacer siete juicios cuando se puede abreviar en uno solo”. El entrecruzamiento de los datos de las víctimas y de los victimarios era, en algunos casos, escandaloso. “Si se seguía adelante con la resolución de juicios orales por separado, algunas víctimas iban a tener que declarar dos, tres y hasta cuatro veces. Era un disparate”, apuntó Salinas.

No hubo respuesta. Reiteraron el pedido en agosto, cuando se sumó el MEDH. La solicitud fue repetida a semanas de comenzar el juicio contra Gómez Saa, acompañada de una movilización de los organismos de derechos humanos hacia la sede del TOFN° 1. Hace 15 días, los jueces escucharon los argumentos del Ministerio Público Fiscal, de las querellas y de las defensas a favor o en contra de la unificación. “Fueron desastrosos los planteos de los represores porque no tenían cómo justificar que se citara varias veces a las víctimas”, consideró Salinas, quien, en cambio, evaluó positivamente el desempeño de las querellas y de la fiscalía. “Los planteos se correspondían con los principios de dignidad humana y de la responsabilidad del Estado de no revictimizar a las víctimas.”
La justicia

A Vega, la llegada del proceso de febrero lo maravilla, sobre todo porque por primera vez Mendoza juzgará a quienes durante años les negaron justicia a muchos. “Es la primera vez que se enjuicia a un juez exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia.”

Entre 1975 y 1983, Romano fue fiscal. Miret, Carrizo, Guzzo y Petra Recabarren eran jueces. “Cada operativo tenía su contrapartida judicial”, relacionó Salinas. “El aparato judicial generaba la impunidad necesaria para que las distintas patotas actuaran. Funcionaba juntamente con el aparato represivo”, continuó explicando y ejemplificó: “En el D2 se torturaba a la persona. Bajo tortura, le hacían confesar una serie de delitos y bajo tortura también le hacían firmar una declaración policial, que luego era utilizada por jueces y fiscales. Por esas declaraciones, éstos lo acusaban, lo imputaban y daban orden de detención. Así le daban valor de prueba a esa declaración tomada bajo tortura”, concluyó.

viernes, 23 de agosto de 2013

Más de dos años para conseguir boleto : La Corte suprema de Chile ordena la extradición del ex juez Riomano

 LA CORTE SUPREMA DE CHILE ORDENO LA EXTRADICION DEL EX JUEZ OTILIO ROMANO
Un boleto de regreso forzado

El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza está procesado por delitos de lesa humanidad. Huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo.

Otilio Roque Romano, ex juez mendocino que será juzgado por su rol durante la última dictadura