Detenido el ex jefe de policía de San Juan, cuando paseaba por Villa Carlos Paz

Está acusado por la desaparición de la joven Marie Anne Erize. Había una recompensa de 100.000 por su captura. Claudio Leiva - Diario De Cuyo
Mientras paseaba por el centro de la localidad cordobesa de Carlos Paz, fue detenido el martes Juan Carlos Coronel, exjefe de la Policía de San Juan con posterioridad al golpe militar y sospechado de haber tenido participación en la desaparición y muerte de la joven Marie Anne Erize.

Esta es la segunda vez que cae preso y también en Córdoba porque en septiembre del 2009 ya había sido capturado por las fuerza de seguridad por orden del juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad tras el golpe militar. Pero recuperó la libertad por disposición de la Cámara Federal de Mendoza y cuando la Justicia lo requirió nuevamente, se fugó y no lo habían podido volver a encontrar hasta ahora.

Incluso en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación figuraba con un ofrecimiento de recompensa de 100.000 pesos, para quien diera información en forma reservada sobre su paradero.

Coronel ya fue traído a la provincia y está detenido en el Instituto Penal de Chimbas y el lunes comenzará a ser indagado por el juez Rago Gallo, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

El detenido está acusado de haber cometido los delitos de tormentos agravados y de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte por el caso de Erize, la joven que fue secuestrada por un grupo de tareas en la puerta de una bicicletería en Trinidad el 15 de octubre de 1976. Por ese mismo caso, en el megajuicio en marcha, el Ministerio Público Fiscal le pidió al exjefe de Inteligencia del RIM 22, Jorge Olivera, una condena de prisión perpetua por haber participado en un plan sistemático de exterminio contra la sociedad.

El exjefe de Policía está acusado en el mismo proceso en marcha, pero como estaba prófugo no pudo ser sometido a ese juicio. Además de Coronel, están evadiendo a la Justicia Carlos Malatto, Eduardo Vic y Jorge Páez. Según se informó en la última audiencia del megajuicio, éste último estuvo cerca de ser detenido en Bolivia, pero logró eludir a sus captores.

Erize era una joven nacida en Misiones y de padres franceses y militaba en Buenos Aires junto al asesinado sacerdote Carlos Mugica a quien ayuda en sus actividades solidarias. Pero se refugió en San Juan después de que los militares secuestraron a su pareja en Mendoza.

El ex camarista federal Pereyra González está prófugo de la Justicia

Cuando lo fueron a buscar, el ex magistrado no estaba ni en su domicilio ni en un hospital donde supuestamente acompañaba a su esposa. Es el segundo ex camarista declarado en rebeldía. El otro es Otilio Romano.
El ex camarista federal Pereyra González está prófugo de la Justicia

El ex camarista federal mendocino Carlos Pereyra González, está técnicamentye prófugo de la Justicia, ya que pesa sobre él un pedido de captura por el cargo de homicidio por omisión, pero no ha podido ser ubicado aún ni en su domicilio ni en donde supuestamente estaba según sus familiares.

Así lo informaron fuentes de la Justicia federal de Mendoza respecto a la situación judicial del ex camarista, el segundo que entra en la categoría de prófugo de la Justicia en Mendoza tras el caso de Otilio Romano, en Chile, quien espera que se resuelva su extradición en el corto plazo.

Pereyra González está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura militar. Era secretario de un juzgado federal.

Cuando oficiales de la policía federal fueron la semana pasada a hacer cumplir con la orden, el ex camarista no estaba en su casa, y familiares informaron que se encontraba en un hospital acompañando a su esposa, internada. Cuando los oficiales fueron al centro asistencial, no sólo no encontraron a Pereyra González, sino tampoco a su esposa.

Como han pasado los plazos establecidos para hacer cumplir una orden de captura, hoy por hoy el ex magistrado se encuentra prófugo de la Justicia.

Antecedentes.

La semana pasada, la justicia federal de San Luis emitió un pedido de captura para Pereyra González, acusado de haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Pereyra González, quien se desempeñaba como secretario del juzgado en esa época presentó un escrito con una eximición de prisión por problemas de salud de su esposa. Diferente fue la suerte del ex juez Eduardo Allende y del ex fiscal Hipólito Saá, ambos alojados en una dependencia federal.

De acuerdo con las investigaciones, los tres fueron testigos de la tortura y posterior homicidio de una presa política. Y, aún cuando podían haber evitado el asesinato, no hicieron nada.

El caso tomó estado público en el 2008, durante el juicio a los represores que se realizó en aquella provincia. Allí, dos testigos –Jorge Velázquez (chofer del D2 puntano) y el abogado Carlos Samper– aseguraron que Pereyra González estuvo presente mientras violaban a Graciela Fiochetti, una joven de 19 años que luego fue asesinada.

Desde que trascendió esta información en el debate, sólo pasaron unos días para que Pereyra González presentara su renuncia a la Cámara Federal de Mendoza, la cual presidía, y donde tenía como compañeros, por ejemplo, a Luis Miret y a Otilio Romano, ambos procesado por ser cómplices de delitos de lesa humanidad en Mendoza.

El caso de Pereyra González está relacionado directamente con la historia democrática argentina. La historia de él, del juez Allende y del fiscal Saá se conoció allá por 1987, cuando Velázquez contó cómo había actuado el capitán Carlos Esteban Plá, conocido como El Chueco, y sindicado como uno de los hombres más duros de la dictadura en San Luis.

Después de la tortura a Fiochetti, y al corroborar que no iba a obtener ninguna información, la puso boca abajo y la fusiló de un disparo en la nuca. Velázquez contó que el cuerpo fue llevado primero a la morgue y luego enterrada. Ya con el retorno de la democracia, mostró cuál era el lugar y el juez Juan Antonio González Macías (ahora nuevamente integrante de la Cámara Federal) ordenó hacer la excavación.

La información era tan precisa que el cadáver de Graciela Fiochetti fue encontrado en la posición que había sido señalada por el testigo.

Automáticamente se ordenó la captura de Plá, que se acuarteló en Buenos Aires y amenazó con provocar un levantamiento militar en todo el país si era detenido.

Corría el gobierno de Raúl Alfonsín y Horacio Jaunarena era el ministro de Defensa. Este último personalmente le pidió a la Cámara de Mendoza, que tenía competencia en San Luis y estaba compuesta por González Macias, Eduardo Mestre Brizuela y Manuel Martín Maffezzini, que desprocesaran a Plá para evitar una sedición y que decretaran la incompetencia para enviar la causa a Córdoba. La historia aparece contada en el libro Civiles y Militares, de Horacio Verbitsky.

Mestre Brizuela y Maffezzini accedieron a la negociación para dejar en libertad a Plá. Años más tarde, el militar fue condenado a perpetua por su delitos.

Esta vez, la justicia va por quienes vieron las aberraciones y, teniendo la posibilidad de alzar la voz para frenar, no hicieron nada. Y en esa lista, para los investigadores, aparecer Pereyra González.