viernes, 31 de agosto de 2012

Testigos y familiares buscan represores en álbum policial de fotos

Testigos de secuestros y familiares de víctimas desaparecidas, comenzaron a reconocer en un álbum de fotos de la Policía de Mendoza los rostros de represores que habrían participado de los delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante la última dictadura militar.

Así se dispuso en el Tribunal Oral I de Mendoza, cuyos miembros están a cargo del tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esta provincia, y que continuó hoy con una nueva ronda de testimonios que ayudaron a reconstruir la trama del secuestro y desaparición de casi una treintena de personas en la década del 70.

Los primeros relatos de los testigos de este tercer juicio, recordaron las desapariciones del estudiante Gustavo Camín y su padre Mario Camín, y confirmaron el clima de hostigamiento y violencia que vivían los alumnos y militantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) durante la última dictadura.

Así lo recordó esta mañana Raúl Francisco Anfuso, quien era presidente del Centro de Estudiantes de la UTN en 1978 y presidente del Partido Intransigente, además de miembro de la Iglesia Metodista.

Los miembros de la derecha que estaban en la facultad nos amedrentaban permanentemente, y había entre ellos informantes de la policía que marcaban a los estudiantes que hablaban en las asambleas, aseguró el hombre, quien recordó que en esas épocas los de la izquierda luchábamos por una sociedad justa y la felicidad del ser humano.

Junto a Anfuso, declararon hoy Antonio Montenegro; los hermanos Miguel y Gabriel Molina; y Ana Tenenbaum, mamá de una joven desaparecida; quienes relataron sus experiencias en cuanto a la desaparición de José Galamba, una de las víctimas cuya desaparición se investiga en este juicio y quien habría sido el motivo de varios secuestros de sus allegados.

Tras sus declaraciones, todos analizaron el álbum de fotos de la Policía de Mendoza aunque a diferencia de lo ocurrido ayer, nadie pudo identificar hoy algún rostro o reconocer a ex represores.

Ayer, gracias a la memoria visual de la madre de un joven desaparecido, cuatro integrantes del centro clandestino de detención D2, no imputados en este juicio, fueron reconocidos en el álbum de la Policía.

jueves, 30 de agosto de 2012

Madre de un desaparecido reconoció a los represores

La mujer, cuyo hijo desapareció en 1978 identificó a los secuestradores en fotos durante una audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad.

La madre de un joven desaparecido en mayo de 1978 identificó en un álbum de fotos a quien comandó el secuestro de su hijo en el hogar que compartían, y reconoció a otros ex policías que negaron su paradero durante el período de búsqueda, durante una audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue en esta provincia.

Se trata del ex policía que formó parte del Grupo D2 de Investigaciones, Eduardo Smaha, condenado el año pasado a prisión perpetua durante el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante el último gobierno militar.

"Era alto y robusto y mandaba a los demás que irrumpieron en mi casa la madrugada del 25 de mayo de 1978, cuando rompieron la puerta de entrada, golpearon a mi hijo y a mi nuera recién casados y se llevaron semidesnudo", aseguró María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera.

La madre de Herrera, quien tenía 26 años al desaparecer, relató junto a dos de sus hijos menores que también presenciaron el secuestro, cómo se llevaron al joven que trabajaba en una ferretería, jugaba al bowling con otros jóvenes desaparecidos "y militaba en el partido peronista".

Junto al ex coronel Smaha, María Isabel Salatino reconoció en un álbum de fotos que le mostraron en el Tribunal Federal al oficial inspector Mario Estipechi "quien me atendió en Tribunales y no me recibió denuncia ni me dijo nada cuando fui en búsqueda de información".

También reconoció a Carlos Octavio Bustos y Raúl Horacio Vega, "quienes entraron a cara descubierta aquella madrugada a mi casa".

"Todavía es el día de hoy que no se porque se lo llevaron, esa es mi gran pregunta", dijo la mujer.

Luego, recordó que tras cinco años de espera, alguien le dejó un papel bajo su puerta que decía: "Mami, ayúdame que estoy en La Plata", letra que ella reconoció era de su hijo y nota que entregó de inmediato a su ex marido.

Acusados. En este tercer juicio oral se encuentran imputados los represores Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro, Antonio Garibote, Armando Fernández, Ramón Puerta, Dardo Migno, Paulino Furió, Juan Oyarzábal y Alcides Francisca.

Durante la sexta jornada de debate oral de hoy, los magistrados intentaron dilucidar también los motivos y el accionar de la desaparición del estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Mario Camín, y su papá Gustavo, ocurridas el 22 mayo de 1978.

Para ello, declaró su ex compañero y amigo Alberto Antonio Montserrat, quien recordó que "se lo llevaron de la puerta de la facultad entre las 20.30 o 21.00" y dijo que ambos militaban en la Federación Argentina de Universitarios de Izquierda, que era un brazo estudiantil del Partido Comunista Revolucionario.

Asimismo, su ex novia Ana María Del Ollio, aclaró que "Mario se había ido de su casa a la facultad en el Fiat 128 color beige de su mamá".

"En ese tiempo de mayo del `78 la militancia era cero pero era pleno momento crítico. Cuando desapareció Mario y otros compañeros fue un alerta para mí y me tuve que ir de mi casa por miedo a que también me llevaran", comentó Montserrat, quien detalló que "siempre había un oficial en la puerta y pasillos de la facultad", y que "la gente de ultraderecha siempre nos prepeaba, rompía carteles y nos agredía".

El tribunal Oral Federal 1 de Mendoza está integrado por Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, y los nombrados desde Buenos Aires Alejando Nosetti Achával y Jorge Pizarengo, como tercer y cuarto miembros respectivamente.

domingo, 26 de agosto de 2012

“Ellos estaban matando la solidaridad”

Entrevista a Alicia Morales de Galamba, testigo en el juicio por la represión ilegal en Mendoza

Juan José Galamba era el esposo de Alicia Morales. Poco antes del Mundial ’78 la dictadura secuestró a diez personas que lo habían cobijado. Morales cuenta cómo los cercaron y “nos rompieron la vida”.

 Por Alejandra Dandan

“Como hacer, hice todo lo que pude para que estas cosas se esclarezcan, lo que sí puedo decir es que pensé que en realidad nunca se los iba a juzgar. La impunidad que yo sentí y viví durante muchos años hacía pensar que nunca iba a llegar el momento de la justicia, pero ha llegado.” Alicia Morales es la esposa de Juan José Galamba, militante cercano a la dirección de Montoneros que logró escapar de su captura en 1976, pero fue secuestrado en 1978, una semana antes del Mundial, en medio de lo que ahora aparece como una masacre: en una semana, el grupo especial de fuerzas de seguridad GE78, creadas para el Mundial, secuestró e hizo desaparecer a diez personas que lo habían cobijado. Las víctimas no tenían militancia orgánica en ninguna de las organizaciones políticas, pero eran parte de una red solidaria que se convirtió en blanco de la dictadura. Los querellantes están convencidos de que con eso, los represores buscaron mostrar un castigo ejemplar para esas estructuras. “Para mí no sucedió como suele decirse que cayeron diez por uno –dice Alicia–, ni cayeron porque buscaban a Juan José, lo que buscaron fue matar cualquier tipo de solidaridad, los restos de cualquier persona mínimamente solidaria, fue una forma de ejemplificar, como para que a nadie más se le ocurra alzar la voz.”

Este es uno de los ejes del juicio oral que se desarrolla en Mendoza. El caso Galamba es el hilo conductor de uno de los grupos más importantes de víctimas. En la causa declararon ya familiares de algunos de ellos y Elba Morales, una de las referentes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Una de las características del juicio es la poca cantidad de sobrevivientes. De las 27 víctimas “caso” del debate, sólo sobrevivieron cuatro, entre ellas un niño. En ese contexto, Alicia también explica por qué los organismos de derechos humanos están convocando a los vecinos a la puerta de los Tribunales. “Pedimos que se acerquen a cualquiera de las organizaciones –dice–: los datos que tenemos son muy escasos y la reconstrucción de lo que sucedió depende también de lo que pueda aparecer a partir de la participación de la gente.”

–¿Quién era Juan José?

–Nosotros vivíamos en Mendoza, estudiábamos en la UTN y en la Universidad de Cuyo. Yo fui detenida el 12 de junio de 1976 a la noche, junto con mis hijos. Mi marido no estaba. Estuve con mis hijos casi 40 horas; a ellos se los entregaron a mis padres y yo estuve luego cinco meses en el tristemente celebre D2. Me hicieron consejo de guerra con 24 años, que los cumplí en Devoto. Nosotros militábamos en el centro de estudiantes. Juan José era un tipo realmente que amaba la vida y a sus hijos (en ese momento tenían 1 y 2 años). Y bueno, nos rompieron la vida. De José, lo que supe, lo supe después, a partir de la Conadep. Logré encontrar alguna gente que algo sabía, porque antes nadie se sentía seguro para poder decir nada. A partir de ahí, lo único que supe es que esos dos años que pasó (desde el momento del secuestro de Alicia hasta que lo capturaron, en mayo de 1978) fueron una permanente persecución, una inseguridad absoluta. Fue detenido la semana antes del Mundial. Tengo como fecha de la desaparición forzada el 26 de mayo del ’78, pero en realidad la fecha exacta no la sabemos. O por lo menos yo no la sé. Yo estaba detenida. Tampoco sé si no fue visto después en ningún centro de detención ni en ningún lado. Sé que de la casa donde estaba lo sacan en muy mal estado.

–Ustedes vivían con Jorge Vargas, de Montoneros. ¿Por qué cree que buscaron a Juan José durante tanto tiempo?

–En realidad, para 1976 con nosotros vivía Jorge Vargas, pero desde hacía una semana. También estaba su esposa y dos niñas. Cuando me secuestraron a mí, también se los llevaron a ella y a sus hijos. Vamos al D2. Jorge Vargas a esa altura ya estaba detenido... y no sé si muerto. Cuando dos años más tarde se llevaron a Juan José, hay que tener en cuenta dos cosas: el contexto del Mundial, con la creación del Grupo Especial y en ese contexto él era el “cabo suelto”, aquella pieza que les había quedado suelta después de los secuestros del ’76. En el contexto del Mundial, tenían que ir por todo lo que podía convertirse en la posibilidad de algo, de algún tipo de rearmado en el sentido de reconstrucción.

–La “gran caída” del ’78 es un eje del juicio: diez de las 27 víctimas cayeron en una semana mientras buscaban a Juan José.

–Lo que sucedió en ese momento yo lo supe recién al salir de Devoto. Pero lo que quedó muy claro en el primer juicio que se hizo acá fue cómo se armó el GE78. Los propios imputados dijeron que la orden era evitar que algo sucediera en el Mundial, por lo tanto debían buscar cualquier punta suelta y eso es lo que hicieron. Yo a la gente que fue asesinada en esos días no la conocía. Pero parece que buscaron todas puntas posibles: los asesinaron la semana previa al Mundial. Los detuvieron y los hacen desaparecer.

–Cuando uno mira la lista, lee: “empleada”, lo refugió en 1976; “compañero de la universidad: su padre le dio trabajo en una cantera de San Juan”, en ese caso desaparecieron el hijo y el padre. Parece aquello de “a los amigos, los amigos de los amigos...”.

–En realidad, estaban castigando y matando la solidaridad. A la primera mujer (de la lista de caídos) yo la conocí muy poco, pero sé que no tenía ninguna militancia. Y con el resto, sucedía lo mismo. Sé poco, pero sé que con algunos Juan José trabajó por ejemplo haciendo ladrillos. Dada la formación del GE78, fue una forma de ejemplificar tomando a cada uno como para que a nadie más se le ocurriera alzar la voz. Estoy convencida de que fue un intento de castigo a la solidaridad. Alguien me mostró una vez un documento que decía que los expedientes de Juan José y de estas diez personas habían sido retirados del departamento de los prontuarios unos días antes de la desaparición. Y luego fueron reintegrados.

–¿Quiere decir que los perseguían a todos?

–Todos teníamos expedientes. Cuando me interrogaron me llamó la atención la cantidad de información que manejaban. Su sistema de inteligencia había funcionado sin que nosotros supiéramos que teníamos vigilancia aun de antes del ’76. Yo, por lo menos, de Juan José no sé nada. Del resto sé que los fueron a cazar a sus casas y los hicieron desaparecer. De mi marido, sé por familiares que lo vieron algunos minutos en la calle; que en esos dos años hizo dos o tres intentos de ver a los niños, pero son datos muy escasos y la mayoría de la gente que lo vio ya está fallecida. Cuando se hizo el juicio en San Rafael, la gente se sumó a testimoniar porque podía aportar datos, les pedimos que lo hicieran y fue importante. Son cosas que ahora vuelven a darte esperanza. Estamos intentando que suceda lo mismo

El TOF de Mendoza amplió la acusación a los diez imputados del nuevo juicio oral por el delito de homicidio, a pedido de fiscales y querellas. No hizo lugar en cambio a las detenciones inmediatas. “Nos dieron lugar a la ampliación y eso es muy importante, pero no creemos que los acusados deban seguir el libertad”, dijo el abogado por la querella Pablo Salinas. “Fallos recientes de la Corte nos dan la razón: deben ser detenidos.” Recurrirán a Casación, una vía que acaba de ser aceptada.

sábado, 25 de agosto de 2012

Entrevista a Dante Vega, el Fiscal de los casos por delitos de lesa humanidad.

“Encaro cada audiencia con un espíritu distinto”
Por: Eva Guevara
“Encaro cada audiencia con un espíritu distinto”
Con sello personal, Vega encara la cocina de los juicios envolviéndose en una atmósfera investigativa.

Durante muchos años los escalones de acceso al edificio de la justicia federal mendocina fueron el mudo escenario de una de las luchas más persistentes y conmovedoras que haya visto la sociedad: la del juicio y castigo a los represores de la última dictadura militar. El tiempo pasaba, las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de los desaparecidos no podían traspasar ni esos escalones ni la intemperie. O los expedientes con sus casos estaban archivados o de la cúspide de ese mismo poder se bajaba la orden de impedirles el acceso.  Desactivado ese perverso mecanismo impulsado para prolongar la impunidad de los victimarios, en los últimos dos años la situación es muy diferente. Los movimientos de entrada y salida son los propios de una oficina de justicia que atiende muchos casos, no sólo los que se ventilan por estos días en la Sala de Audiencias del Tribunal Oral.    

Así las cosas, acudir a la Unidad Fiscal es como entrar a la cocina de los juicios. Un sitio amable que invita a mirar más allá de la alta pila de expedientes y dejarse envolver por esa atmósfera investigativa donde es posible reconocer el sello personal del Fiscal a cargo, Dante Vega. 

-¿En qué momento y de qué modo la lucha de las madres y los familiares se cruzó  en su vida personal despertando alguna sensibilidad?

-Siempre fue un tema que me conmovió, desde que era joven. Recuerdo que cuando era chico en mi casa se hablaba del informe de la Comisión Interamericana pasado “clandestinamente” por Monseñor De Nevares a mi padre. Luego fui sumando otros datos; ya con el gobierno de Alfonsín se empieza a saber más en detalle con lo cual pasé a tener la convicción que estos delitos no tenían conexión con ninguna guerra y debían perseguirse. Pasó el tiempo, aún no era abogado cuando tuve contacto con Madres de Plaza de Mayo en Córdoba, leíamos documentos de Amnistía Internacional –mi mamá era militante de esa Asociación- y después como abogado conocí a colegas especializados en derechos humanos. Claro que es justo una época que coincide con la impunidad, con lo cual, repasando ha pasado mucho tiempo donde los únicos que sostienen este tema son los organismos de derechos humanos.

-¿Si tuviese que caracterizar su actitud de entonces qué diría?

-Lo mío no era una actitud activa, pero sí era de compromiso. Y debo decir que nunca pensé que ésta etapa de revisión judicial de los crímenes del terrorismo de Estado me iba a encontrar en el lugar en el que estoy.  Tal previsión apareció recién cuando rendí para Fiscal y por esa razón es que me mantuve al margen de los escritos que se presentaban en las distintas causas tramitadas en la provincia. Todo lo que pasó después fue vertiginoso, con decir que en junio del 2010 juré como fiscal y tres días después ya estaba en San Rafael abocado al primer juicio de delitos de lesa humanidad.

-¿Qué significó esa experiencia? Porque una cosa es leer expedientes sobre la represión y otra muy diferente es lo que a uno como persona le sucede llegado el momento de celebrarse el juicio…

-Fue una experiencia muy intensa.  Yo algo había leído sobre el factor humano en el juicio a las Juntas. Esto es, algo pasa al escuchar a una persona que sufrió la represión de parte de los organismos estatales o paraestatales relatar su historia, algunos lo hacían por primera vez. Es por demás significativo porque relata su sufrimiento o el de sus seres queridos ante el mismo Estado que lo había privado de libertad o de ese ser querido. Pero claro, una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo lo cual me hizo aprender que cada caso es distinto e igual de importante que otro. Cada caso encierra una cuota de dolor distinta, es un universo cerrado, una individualidad en su estructura, si bien todos se inscriben en un contexto. Vaya dualidad…por un lado se inscriben en un plan represivo donde nada es al azar, pero por otro lado, cada uno tiene su particularidad. Y entonces nunca uno deja de sorprenderse con las historias que cuentan los testigos. Y hay otro tema que es la credibilidad del testigo.

-¿La regla general de que el testigo no miente?

-Es muy sorprendente verlo y confirmarlo. Yo como Fiscal tengo la obligación de indagar en la veracidad del testigo, y jamás tuve sospecha alguna de un testigo que estuviera mintiendo. Cuando una víctima no se acordaba, decía no me acuerdo, cuando se acordaba, se acordaba. En todos los juicios ha sido así. Son personas que están relatando hechos ocurridos hace más de 30 años, si tuvieran una actitud ganancial o vengativa podrían fácilmente involucrar a alguien que no haya estado en la situación o ante la simple sospecha. Pero no, lo cual demuestra el grado de compromiso cívico de las víctimas. Esto de “no queremos venganza” no es algo que se dice en el aire, es algo que se demuestra todos los días cuando se va a declarar a un tribunal.

-¿Qué dice esto del sentido último de estos juicios, frente a la idea de querer barrer la humanidad?

-Que pese a que lo intentaron, no pudieron barrer  la humanidad. Esto se reafirma desde el momento en que pasaron tantos años y se le brinda a una persona la posibilidad de hablar. Y atención porque no es fácil hablar de historias íntimas en un ámbito como lo es el judicial, tan formal y estricto. Mucho menos cuando la crueldad de la represión es tan intensa como ocurrió en Mendoza, mucho más que en San Rafael. Hemos asistido a testimonios muy fuertes, como el de David Blanco, quien declara que los hombres en el D2 también eran violados, o el de las valientes mujeres que contaron cómo eran sometidas sexualmente, hay que tener mucho coraje para eso.

¿Todo eso lo impacta de alguna manera en lo personal?

-Creo que sí, que a raíz de esta experiencia encaro cada audiencia con un espíritu distinto. Sé que me van a contar algo tremendo, que marcó vidas para siempre, y que nunca voy a dejar de sorprenderme por algo, sea del coraje o la veracidad.

-¿Tiene la sensación de estar ante un hecho de carácter histórico?

-Sin duda. Quien reconstruya el día de mañana la década del 70, su historia, no va a poder prescindir de los juicios de lesa humanidad. Por eso nosotros nos tomamos el trabajo de estudiar, intentamos reconstruir el funcionamiento de los grupos organizados de poder en Mendoza, y es curioso, hemos detectado períodos históricos. En el juicio de San Rafael empezamos a profundizar lo que pasó durante la última dictadura, después en Mendoza aproveché para ampliar lo que había empezado antes del 24 de marzo de 1976, bajo el período democrático. Y después, al ocuparme del juicio de la Masacre de Trelew me he ido más atrás todavía, al período de las anteriores dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse que es donde está el origen de muchas de las prácticas que luego se van a generalizar adquiriendo luego verdadera sistematicidad.

-En ésta línea habrá que considerar los ensayos represivos del 71, como la desaparición en San Juan del matrimonio Marcelo Verd y Sara Palacio. ¿Es posible eso?

-Es muy importante tener entonces la visión de los tres períodos históricos para sacar conclusiones, es justamente lo que estoy evaluando, en lo cuantitativo hay un número notable de ejecuciones y desapariciones desde 1966 hasta el 25 de mayo de 1973 que es cuando asume Héctor Cámpora.  Es decir, a los Verd se suman tantos otros casos de todo el país lo cual revela una organización. Alguien podrá decir y con razón que no existía entonces, la sistematicidad que hubo después, está bien, pero hay una línea, un continuum que merece ser investigado, seguramente el verdadero origen lo encontremos en los reglamentos militares de fines de la década del 60. Ahí se puede ver que en la faz normativa hay mucho de lo que luego se va a sistematizar en la dictadura del 76.

-Por último, con respecto al pedido de prisión para los acusados rechazado por el Tribunal Oral ¿hay motivos para preocuparse? ¿Puede leerse esto como un retorno a las anteriores decisiones de la justicia federal mendocina que sistemáticamente excarcelaba y concedía garantías a acusados de delitos de lesa humanidad?

-En cuanto a la aplicación de garantías lo que yo vengo diciendo es que se trata de la respuesta del Estado de Derecho al terrorismo de estado. Y es que el Estado de Derecho está munido de garantías, todos sabemos que éstas se aplican a cualquier acusado cualquiera sea el delito, ahora bien, partiendo de esa base, es cierto que la jurisprudencia ha avanzado, sobre todo la Corte Suprema,  en el sentido restrictivo de excarcelaciones y libertades anticipadas en materia de delitos de lesa humanidad.  Entonces, si lo resuelto por el Tribunal Oral se sostiene en que no se ha modificado la situación de los imputados y por lo tanto deben permanecer en libertad, lo que yo digo es que tal resolución no debería quedar firme. Vamos a discutirla en el único ámbito donde esto puede hacerse que es en la Cámara de Casación Penal  que es quien revisa los autos que dicta el Tribunal Oral en el transcurso del juicio. Entendemos que sería un precedente negativo que esta resolución quede firme y vamos a demostrar por qué entendemos que estas personas tienen que estar presas, a diferencia de lo que entiende el tribunal. No sólo nos apoya la jurisprudencia de la Corte sino la de los propios Tribunales Orales de la región que han sido restrictivos en cuanto a la libertad de los imputados. En éste contexto el fallo del que hablamos no se explica bien.

-Más allá de los argumentos jurídicos, el mensaje se parece a una suerte de doble vara de la justicia en cuanto a la aplicación de los más duros criterios de excarcelación para el delito común, no así para los delitos más graves como los de lesa humanidad.

-Es cierto, pero para sacar tal conclusión hay que tomar el panorama general. Por caso, Trelew, en ese juicio yo pedí la detención de los imputados donde a algunos se les atribuye 16 homicidios agravados y 3 tentativas de homicidio; con esa imputación en el ámbito de los delitos comunes es impensable que una persona esté en libertad. Así lo planteé yo, dije que la justicia federal debía ser coherente, pero el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia argumentó que la casación se ha pronunciado por la libertad de los imputados y que no le correspondía hacer nuevas consideraciones. Los dejó libres, o sea, no es un criterio particular de éste Tribunal Oral,  todavía se siguen discutiendo aspectos que nosotros creemos que son propios de ésta jurisdicción y resulta que están ocurriendo en todo el país.

Un Fiscal para Trelew

El 15 de agosto de 1972, los líderes de las conducciones guerrilleras coordinaron con éxito fugarse del penal de Rawson. Llegaron al aeropuerto de Trelew para huir rumbo a Chile en un avión secuestrado, pero 19 de ellos que salieron en segundo término llegaron tarde y tuvieron que rendirse. Violando el compromiso asumido por las autoridades del penal, fueron recluidos en la Base Almirante Zar. Una semana después fueron ejecutados a mansalva. El juicio oral se abrió recién este año y uno de los Fiscales del proceso es Dante Vega, encargado de fundamentar por qué la masacre es un delito imprescriptible y de lesa humanidad. 

“Hasta ahora el discurso en torno a Trelew ha girado en torno a la idea del episodio aislado. Si bien no pueden negar los fusilamientos, intentan presentarlo como algo producto de 3 o 5 oficiales de marina que estaban particularmente exaltados porque habían tomado alcohol o por alguna otra razón. En realidad la masacre se inscribe en un contexto represivo de ataque general o sistemático contra la población civil, por lo tanto es un delito de lesa humanidad”, agregó Vega.

domingo, 12 de agosto de 2012

Clarificador testimonio de Elba Morales (MEDH)

La coordinadora de MEDH fue la principal testigo de la tercera jornada del juicio por delitos de lesa humanidad. Su testimonio fue fundamental para comprender la desaparición de nueve personas en mayo de 1978. Carlos Rico fue mencionado varias veces durante la declaración. Por Santiago Montiveros

Las imprescindibles. Así presentó un documental de Rodrigo Sepúlveda a dos incansables luchadoras por los Derechos Humanos: Pocha Gil de Camín y Elba Morales, coordinadora del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y que ayer brindó un clarificador testimonio en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza.

La declaración de Morales sirvió para otorgar luz sobre una de las causas del juicio en la que se investigan las desapariciones de Juan José Galamba, Margarita Dolz, Raúl Gómez, Daniel Romero, Juan Carlos Romero (hermanos), Ramón Sosa, Víctor Hugo Herrera, Gustavo Camín y Mario Camín (padre e hijo), todas ocurridas en mayo de 1978, un mes antes del Mundial.

En primer lugar, Morales contó que después de investigar diferentes líneas, en el MEDH concluyeron que el hilo conductor de los asesinatos fue la búsqueda de Juan José Galamba, quien militaba en Montoneros y era muy cercano a la conducción de la agrupación, de acuerdo con la testigo. En ese sentido, sostuvo que las nueve desapariciones formaban parte de un mismo operativo.

Asimismo, Morales reforzó la teoría de que los responsables fueron los integrantes del Grupo Especial '78 (GE '78), encabezado por el ex funcionario de Seguridad de Celso Jaque, Carlos Rico, quienes cumplieron funciones bajo las órdenes de los militares que se encontraban al mando de la provincia.

Galamba, la clave de la causa

En junio de 1976, Juan José Galamba sobrevivió a un operativo que acabó con la vida de Jorge Vargas Álvarez y a partir de ese momento, pasó dos años en la clandestinidad. Reconocido referente de Montoneros, a sus 23 años tuvo que ocultarse apoyado en sus amistades y personas que se solidarizaron con él. Incluso, permaneció un año trabajando en una cantera de San Juan.

A diferencia de los secuestros producidos hasta mediados de 1977, Morales recordó que las desapariciones investigadas en esta causa (mayo de 1978) -más allá del secuestro de Galamba- no respondieron a motivaciones políticas, sino a la colaboración con Galamba (la mayoría no había militado en agrupaciones políticas o ya había abandonado la participación activa).

A partir de allí, Morales explicó que Galamba se refugió en las casas de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Daniel Romero y Víctor Hugo Herrera. Además, recordó que Juan Carlos Romero (hermano de Daniel) tenía un horno de ladrillos donde semanas antes de las desapariciones se reunieron algunos del grupo para comer un asado (todos desaparecidos).

Desde la clandestinidad, Galamba también trabajó en San Juan en una cantera de Gustavo Camín, padre de Mario Camín, quienes serían secuestrados el 22 de mayo de 1978. Por su parte, Ramón Sosa fue capturado cuando iba a buscar a Galamba para trasladarlo a un lugar más seguro. Ambos fueron secuestrados el 26 de mayo.

Galamba llegó al Gran Mendoza proveniente de General Alvear, donde cursó sus estudios secundarios en la escuela Agricultura. Estaba casado con Alicia Morales, actual titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, quien fue secuestrada en 1976 y liberada en 1980 después de compartir cautiverio con Antonio Cafiero.

Cuando Morales declaró en el juicio que concluyó en 2011, también se refirió a su marido: "Recién en 1983 me animé a averiguar qué había pasado con Juan José (Galamba). Me enteré que hasta 1978 trabajó en unos hornos de ladrillos, hasta que días antes del inicio del mundial '78 lo agarraron en la casa de un primo en Villa Nueva".

Por otra parte, la esposa de Galamba brindó un testimonio clave para que Carlos Rico finalmente abandonara la gestión de Jaque. En febrero de 2008, dijo a MDZ: "A Rico yo lo ví en el D2. Cuando aparece el nombramiento de este señor, yo veo la foto en el diario y se me viene uno de los tantos fantasmas de los rostros que yo ví en ese lugar".

De la tranquilidad al GE'78

"Desde mediados de 1977 hubo cierta tranquilidad. Lo peor había pasado entre 1976 y 1977 (...) A fines del '77 se levantaron los centros clandestinos de detención y ya no se realizaban operativos", recordó la titular del MEDH, y completó: "Pero se formó el Grupo Especial '78 para mantener una calma absoluta durante el Mundial, por orden de Videla".

En ese sentido, Morales acompañó la versión de que este grupo fue el responsable de secuestrar y asesinar a Galamba y a quienes tuvieran relación con su ocultamiento. "Es muy probable que hayan hecho desaparecer a este grupo de personas. Ellos funcionaban en Infantería y encontramos un paralelismo importante entre los movimientos registrados de sus integrantes y las desapariciones", dijo.

En ese sentido, el abogado querellante Pablo Salinas ya había manifestado que los registros de Infantería señalan que Carlos Rico, cabecilla del GE'78, salió en un auto una hora antes del secuestro de Raúl Gómez, "a las 0.40 del 17 de mayo de 1978". Hoy, Morales agregó: "Hay llamativos movimientos nocturnos".

Más allá de las sospechas que ya surgieron contra Rico durante el desarrollo de este juicio (el tercero de delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza), las pruebas contra el ex comisario forman parte de otra causa. Asimismo, Morales habló de la necesidad de profundizar la investigación sobre la muerte del inspector Cornejo, quien falleció de un disparo en la cabeza durante una instrucción a cargo de Rico.

"El nombre de Rico aparece en el decreto de conformación del GE'78. Era un grupo eficiente y ágil que se conformó para mantener una calma absoluta antes del Mundial", reiteró la testigo, completando un cuadro de situación óptimo para el desarrollo de la causa que tiene como único imputado a Aldo Bruno Pérez.

Sin juicio por dos semanas

El juicio se reanudará el jueves 23 de agosto por contratiempos de algunos miembros del Tribunal que residen en Buenos Aires. A partir de allí, la idea del presidente del Tribunal, Juan Antonio González Macías, es que las sesiones tengan lugar los jueves y viernes, hasta la finalización del juicio.

viernes, 10 de agosto de 2012

El TOF rechazó un pedido de prisión preventiva para 6 de los 10 imputados en la causa

"Sobrellevando" la impunidad

 Mendoza.- El Tribunal Oral 1 de Mendoza rechazó hoy el pedido de prisión preventiva realizado por la Fiscalía y la querella, para seis de los diez ex represores que aún permanecen en libertad, al reiniciarse hoy el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la dictadura. En tanto, y en referencia al mismo pedido formulado la semana pasada, el tribunal decidió que los otros cuatro acusados en el marco de la causa continuen con prisión domiciliaria. Se trata de Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro, Antonio Garibote, Armando Fernández y Ramón Puerta, quienes continuarán el libertad mientras dure el proceso judicial. Los otros cuatro represores de la dictadura involucrados en las seis causas que se analizan durante este tercer juicio por delitos de lesa humanidad son Dardo Migno, Paulino Furió, Juan Oyarzábal y Alcides Paris Francisca, quienes cumplen sus condenas anteriores en prisión domiciliaria por razones salud.

Según se dictaminó, no existió justificación para enviar a prisión a los seis imputados que gozan de libertad, por lo cual el tribunal apoyó el argumento de la defensa que había destacado que los acusados “respondieron ante cada citación de la Justicia sin que haya peligro de fuga".

La jornada de hoy contó con la declaración del abogado Carlos Benier y Elba Morales, quienes a mediados de los 80 iniciaron una investigación propia tras el juicio a las Juntas Militares realizado en Buenos Aires “porque en Mendoza ningún juzgado investigaba las desapariciones ocurridas durante la dictadura”, recordó la mujer.

Ambos comprometidos con la lucha por los derechos humanos, relataron cómo armaron el rompecabezas de desapariciones y secuestros “en base al boca en boca de familiares y testigos”. “Fue un plan sistemático de secuestros que se inició a mediados de 1976 y que terminó a mediados de 1977 cuando se levantaron los centros clandestinos de detención para dar lugar a la creación del Grupo Operativo del 78, ordenado por Jorge Rafael Videla para que no haya desordenes durante el desarrollo del Mundial de Fútbol”, declaró Morales.

La mujer, quien investigó muchas de las desapariciones ocurridas en Mendoza, aseguró que se trató de “una acción represiva elaborada por policías muy avezados”. “El plan estaba absolutamente estructurado de arriba hacia abajo bajo las órdenes de los comandantes de las tres fuerzas armadas que se replicaba en zonas y sub zonas”, aseguró. La tarea de los magistrados del Tribunal Oral 1 será comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a treinta y dos víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.

Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.

Ahora, el debate oral continuará recién el próximo 23 de agosto por razones de ausencia de algunos de los jueces intervinientes, fecha en la que se preguntará nuevamente a los acusados si quieren declarar para posteriormente determinar si da lugar al pedido de la Fiscalía de cambio de carátula, que incluiría la imputación por homicidio y asociación ilícita.

En la primera jornada del juicio pidieron prisión preventiva para los imputados

La fiscalía y la querella solicitaron la detención inmediata de los acusados para evitar amenazas y fugas. Este viernes comienza el debate.

El recinto del Tribunal Oral Federal 1 está repleto. Foto: Martín Pravata.   

Por: Sebastián Salas

Durante la jornada de este jueves comenzó el tercer juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad, en Tribunales Federales. Se procedió a la lectura de los expedientes de las 6 causas y desde la parte acusatoria solicitaron prisión preventiva para los imputados.

En total son juzgados diez exintegrantes de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.

Tres de estos estuvieron presentes en los Tribunales Federales de Mendoza: Fernando Morellatto, Aldo Bruno Pérez y Ricardo Miranda Genaro.

Mientras que el resto siguió su juicio vía teleconferencia. Una desde Rosario, con Alcides Paris Francisca y Dardo Migno; otra desde Comodoro Py, con Ramón Puebla, y la tercera desde el segundo piso de los tribunales mendocinos, con los imputados Juan Antonio Garibotte, Juan Agustín Oyarzábal y Armando Fernández, bajo cuidados médicos.

El único procesado que no se hizo presente fue Paulino Furió, ya que está internado.

Cerca de las 10, el tribunal presidido por Juan Antonio Macías y secundado por Jorge Roberto Burad y Alejandro Nosetti Achaval comenzó con la lectura de los expedientes ante un recinto que lucía repleto.

Además, en las afueras del edificio se instaló un televisor que transmitía lo que ocurría dentro. Allí se apostaron cerca de 80 personas, en su mayoría, jóvenes militantes de distintas agrupaciones.

Pasado el mediodía se procedió a un cuarto intermedio que duró alrededor de 40 minutos, y luego el juez Macías autorizó a Oyarzábal y Migno a retirarse de la conferencia, debido a problemas de salud.

La próxima instancia sería reaundar el debate, pero la fiscalía pidió una intervención. El discurso del representante del Ministerio Público, Dante Vega, giró en torno a dos ejes: el cambio de carátula en cuatro causas y el pedido de prisión preventiva para los imputados.

Con respecto al primer punto, se solicitó que tengan en cuenta una serie de agravantes con respecto a la privación abusiva de la libertad, como lo son las amenazas realizadas y la duración del tiempo retenido. Lo mismo ocurrió con la desaparición forzada de personas, a lo que el fiscal solicitó que sea tenido en cuenta como homicidio agravado.

Luego recordó que sólo Furió, Migno, Alsides y Oyarzábal se encuentran en estado de prisión domiciliaria, por lo que pidió la misma categoría para los 6 imputados restantes. "Con esto evitamos que los nostálgicos del terrorismo de Estado amenacen a la familia de un juez de este tribunal", dijo en alusión al llamado telefónico intimidatorio que recibió el juez Burad el miércoles pasado.

La querella se adhirió a los pedidos de Vega. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, manifestó que "mantener a los acusados libres es desmerecer los atroces crímenes que cometieron". También advirtió que con esto se evitarían posibles casos de fuga, recordándo al destituido juez Otilio Romano, quien se encuentra en calidad de prófugo en Chile.

"Ellos enterraron los cuerpos de nuestros compañeros para tener impunidad y llegar libres hasta esta instancia. Es lo mismo que hacía la Alemania nazi", argumentó Salinas.

Ante el pedido de la contraparte, los defensores pidieron que se prolongue el plazo para poder armar una nueva defensa, lo que fue aceptado por el tribunal.

De esta forma, este viernes comenzará el debate pero sólo se escucharán las premisas de la fiscalía y la querella, en tanto que los acusados tendrán una semana más para exponer su parte.

Con respecto al pedido de detención inmediata de los imputados, Salinas se mostró expectante ante una posible resolución del tribunal el viernes, aunque admitió que "es complicado".

jueves, 2 de agosto de 2012

A un día del juicio a represores, Burad denunció que lo amenazaron de muerte

Roberto Burad, magistrado del Tribunal Oral Federal 1.
 
"Dígale a ese hijo de puta que lo vamos a cagar matando", relató la esposa del juez Roberto Burad que le dijo una voz en el teléfono, hoy al mediodía. El magistrado formalizó la correspondiente denuncia penal.
   
El juez mendocino Roberto Burad, integrante del Tribunal Oral Federal 1, que comenzará la tercera ronda de juicios orales a imputados por delitos de lesa humanidad, fue amenazado de muerte en una llamada telefónica anónima.

"Alrededor de este mediodía la esposa del juez Burad recibió en su domicilio una llamada telefónica anónima que pidió hablar con el magistrado, pero como no estaba dejaron dicho `dígale a ese hijo de puta que lo vamos a cagar matando´ y luego cortaron", según señalaron abogados locales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Además de Burad, integran el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) los jueces Alejandro Nocetti Achaval y Juan Antonio González Macías quienes desde mañana a las 9.30 iniciarán el juicio a diez oficiales: 5 de la Policía provincial, 4 del Ejército y 1 de Aeronáutica, acusados por crímenes de lesa humanidad.

El aparato represivo de la provincia funcionó fuertemente ligado al Poder Judicial.
Esa articulación, que es una de las que le dio al golpe de Estado la característica de cívico-militar, está siendo investigada por la justicia, según un informe oficial.

En cuanto a las víctimas se trata de 27 civiles, de las cuales 23 siguen desaparecidas, una falleció por causas naturales y sólo dos están vivas: Oscar Martín Guidone y el concejal en la ciudad de Las Heras, Roberto Vélez.

Uno de los abogados querellantes en representación de familiares de desaparecidos en Mendoza, Pablo Salinas, informó que el juez Burad ya formalizó la correspondiente denuncia penal por la amenaza anónima recibida.

Respecto del compromiso del aparato represivo y judicial, un caso emblemático es el del ex camarista Otilio Romano, procesado por 103 delitos de lesa humanidad.

Prófugo de la justicia argentina desde el año pasado, alojado en Chile, recibió una visa para permanecer durante ocho meses, con el compromiso de extraditarlo en caso de ser destituido.

Esto se concretó el 15 de diciembre de 2011, por la decisión unánime del Consejo de la Magistratura, aunque Romano sigue en Chile.

El TOF 1 de Mendoza unificó cinco causas de violaciones a los derechos humanos y en la provincia ya se realizaron dos juicios a represores; uno en San Rafael (de julio a noviembre de 2010) y otro en la Capital (de noviembre de 2010 a octubre 2011).

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y áreas del gobierno nacional nucleadas bajo el lema "Los juicios son ahora" convocaron a participar en las actividades organizadas por el juicio y a concurrir a los Tribunales Federales para acompañar el proceso histórico de justicia

Empezó el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza

Los familiares y militantes hicieron una vigilia. Hubo números artísticos y espectáculos musicales. Este jueves comenzó el debate que tiene a 9 acusados de haber participado en las desapariciones de 18 personas durante la última dictadura militar.

En la noche de miércoles comenzó frente el edificio de los Tribunales Federales la vigilia de cara al tercer juicio por delitos de lesa humanidad que comenzará a partir de este jueves. El debate que iba a comenzar en principio el pasado 6 de junio y que fue postergado porque el tribunal no estaba conformado, finalmente tendrá su inicio este 2 de agosto, cuando el Tribunal Oral Federal 1 de comienzo al debate.

A partir de las 22 familiares de las víctimas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se congregaron en España y Pedro Molina para hacer frente a la espera. Hubo números artísticos y espectáculos musicales, algunos de ellos a cargo de Karamelo Santo, Los Argentinitos, Usted Señálemelo, Pucha Che y Dedos Pegajosos, entre otros.

El juicio

El debate tiene nueve acusados y 18 víctimas desaparecidas y se trata del tercer juicio que tiene lugar en la provincia. Los que se sentarán en el banquillo de los acusados serán: Dardo Migno, Juan Agustín Oyarzábal, Paulino Furio, Armando Fernández, Fernando Morellato, Raúl Angel Puebla, Alcides Francisca, Juan Antonio Garibote y Aldo Bruno Pérez. Todos ellos, tienen su pasado en las fuerzas de seguridad.

En los casos de Migno, Oyarzábal y Furió, los tres ya estuvieron en el juicio que terminó a fines del año pasado. El primero de ellos, cumple actualmente una condena de doce años de prisión; el segundo, prisión perpetua; mientras que el tercero fue absuelto en aquel debate. Asimismo, Fernández formó parte del juicio pero al poco tiempo de haber comenzado, se lo separó por razones de salud.

Los otros acusados no tienen juicios previos y todos han pertenecido a las fuerzas de seguridad. Fernando Morellato fue miembro de la policía provincial durante la última dictadura militar y fue denunciado en su momento, por pedir una picana para interrogar a dos de las víctimas Oscar Ramos y Oscar Iturgay. Durante la democracia, supo ser presidente de Atlético Argentino.

Ramón Ángel Puebla fue, junto a Migno y Furió, miembro del Ejército. Desde su lugar ejerció la jefatura de la Compañía de Comunicaciones desde diciembre de 1975 hasta enero de 1979 y era uno de los máximos responsables del centro clandestino de detención que dependía de su compañía.

En tanto, Juan Antonio Garibotte es el cuarto integrante del Ejército que estará entre los acusados. Perteneció al grupo de inteligencia de la fuerza desde mediados de diciembre de 1976 hasta octubre de 1978. Alcides Francisca perteneció a la aeronáutica, donde se desempeñó como Comodoro. Bajo ese cargo, supo ser también Jefe de la policía mendocina desde diciembre de 1976 hasta febrero de 1979.

En tanto, el resto de los acusados son ex miembros de la policía de Mendoza. Entre ellos, además de Oyarzábal y el ya mencionado, Morellato, se encuentran: Aldo Pérez, quien estuvo al frente del D2 en 1978; Ricardo Miranda quien ocupó el mismo cargo que Pérez desde 1977 hasta el año siguiente.

Las víctimas

La mayoría de los casos que tratará el tribunal a partir del dos de agosto, son por desapariciones. El primero de ellos es Juan José Galamba. Su historia está ligada a montoneros y al grupo de la policía provincial conocido como GES ´78, ya que apareció previo al mundial de ese año.

Galamba fue secuestrado en 1978, dos años antes había logrado zafar, pero en mayo de ese año fue atrapado en una serie de operativos que hizo el grupo especial y en donde también fueron secuestrados Ramón Sosa, Daniel y Juan Carlos Romero, Víctor Herrera, Gustavo y Mario Camín, Raúl Gómez y Margarita Dolz. Además también figuran en el listado de casos, las desapariciones de Blanca Santamaría, Ángeles Gutiérrez, Roberto Blanco, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos, Oscar Iturgay, Antonia Campos, José Alcaráz; Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Roberto Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro.

En tanto, también se tratarán las detenciones ilegales de: Roberto Vélez, Oscar Guidone, Martín Alcaráz y Martín Lecea.
Producción Periodística: Daniel Calivares