Un defensor con prontuario: el abogado de uno de los ex jueces está vinculado al Destacamento de Inteligencia

Un defensor con prontuario

Carlos Alberto Carreño, representante del ex juez Guillermo Petra, se habría desempeñado como agente civil de Inteligencia durante la dictadura. Uno de los acusados que estaba prófugo se presentó en la audiencia y quedó detenido.

Carlos Alberto Carreño se presentó ayer como defensor del ex juez Guillermo Petra, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El nombre del abogado, según informó El Sol online, aparece vinculado al Destacamento de Inteligencia 144, donde entre 1976 y 1983 se habría desempeñado como agente civil. En la segunda audiencia de la megacausa mendocina, en la que se juzga a ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado, además de militares y policías, también quedó detenido Antonio Lorenzo Cosentino, un ex policía que cumplió funciones en la comisaría 7ª de Godoy Cruz y participó de los operativos del D2, y que hasta ahora estaba prófugo. Además, el ex magistrado Otilio Romano solicitó asumir su autodefensa.

En la audiencia de ayer, la querella solicitó agregar días de debate para acelerar el proceso judicial y que se apliquen las reglas fijadas por la Cámara de Casación para incorporar testimonios de juicios anteriores. Pablo Salinas, abogado litigante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y por 20 de las víctimas, contó que “la sesión comenzó con un pedido nuestro de que se requise a los presentes, en especial a los acusados, para evitar filmar o sacar fotos durante el debate oral. La decisión se vincula con que en un diario de la provincia salió publicada una foto, de la primera audiencia, en que se ve a Luis Miret –imputado– sacando una foto al fiscal Jorge Auat”. El abogado estimó que “consideramos que esto no es más que un acto intimidatorio por parte de un acusado de delitos de lesa humanidad a un fiscal de la Nación”. En una segunda instancia, el tribunal identificó a los acusados, tal como lo había realizado el lunes anterior, durante la primera audiencia. Entre los presentes estaban los ex jueces en funciones durante la dictadura Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y el entonces fiscal Otilio Romano. Todos imputados por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados. En esta ocasión, entre las filas de las fuerzas de seguridad estaba el represor Lozano Constantino, a quien se detuvo al inicio de la audiencia. En tanto, Francisco López Rodríguez aún se encuentra con pedido de captura.

Se destacó el anuncio que hizo el defensor de Romano, Bernardo Calderón, en el que afirmó que se retirará si no se le permite a su patrocinado ejercer su autodefensa, como el ex juez había solicitado. El defensor dijo que el ex camarista que estuvo prófugo en Chile y fue extraditado conoce los detalles de la causa mejor que él. Hoy, en un nuevo encuentro, el tribunal va a dar una respuesta a ese pedido. “Nosotros nos opusimos rotundamente porque pensamos que oculta una trampa, después van a decir que estuvo indefenso”, dijo Salinas. “No son más que planteos dilatorios para ir alargando el juicio y que no concluya nunca”, destacó.

Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando el tribunal decidió retirarse por unos minutos del recinto, debido a que una ex jueza federal de la provincia, Dora Goldfarb de Lucero, decidió interrumpir el curso de la audiencia y responsabilizar a Miret por la detención de su esposo, Pedro Tránsito Lucero, ex director del diario El Andino, un caso emblemático de la provincia aún sin resolver.

Durante la jornada de ayer quedaron desafectados, por razones de salud, los acusados Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez y Timoteo Amaya. Se suman a los ya separados Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda. En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desligado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja. En total son 34 los acusados cuyas imputaciones comenzará a leer el fiscal hoy, cuando el tribunal vuelva a sesionar.

Informe: Laura Guarinoni.

Comenzó en Mendoza el juicio contra jueces

"Se juzga el aparato judicial del terrorismo de Estado", destacaron en la querella. Provocaciones de Romano y Miret en la audiencia.

Por: Gerardo Aranguren

El ex camarista Otilio Romano, que por años fuera el hombre fuerte de la justicia mendocina, debió ingresar ayer al edificio del Poder Judicial provincial esposado y bajo custodia del Servicio Penitenciario. La imagen marcó el inicio del cuarto juicio de la provincia por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

Además de Romano hay casi 40 acusados, entre quienes se encuentran otros cuatro ex magistrados que prestaron funciones en la última dictadura: sus compañeros en la Cámara Federal de Mendoza Luis Miret y Guillermo Petra Recaberren, y los ex jueces federales Rolando Carrizo y Gabriel Guzzo, aunque este último no participará del debate en Mendoza por problemas de salud.
El histórico juicio oral comenzó ayer con una breve audiencia en la que el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, sólo identificó a los acusados pero no avanzó con la lectura de las elevaciones a juicios, que arrancará recién en la próxima audiencia, el lunes 24 de febrero.
En la sala sólo estuvo una veintena de los imputados, el resto presenció el debate por videoconferencia desde diferentes puntos del país: Rosario, Tucumán, los penales de Ezeiza y Marcos Paz y los tribunales porteños de Comodoro Py.
"Este es un momento muy importante, un antes y un después para la justicia argentina, porque en este proceso se juzga el aparto judicial del terrorismo de Estado. Se vio sentados a los represores junto a jueces y fiscales que permitieron que se llevara adelante el terrorismo de Estado y eso simbólicamente es muy fuerte. Era algo impensado teniendo en cuenta que Romano fue jefe de la justicia de Mendoza hasta 2010", aseguró el abogado querellante Pablo Salinas a Tiempo Argentino.
El comienzo del debate fue acompañado por más de 300 personas que desde temprano se instalaron frente al edificio judicial para acompañar a familiares y víctimas en un acto organizado por la municipalidad local, bajo la consigna "Democracia con Justicia. Futuro con Memoria".
Junto a organismos de Derechos Humanos se acercaron organizaciones políticas y sindicales, el diputado nacional Horacio Pietragalla y Susana Trimarco, madre de Marita Verón y símbolo de la lucha contra la trata de personas. "Es un gusto estar acá acompañando a los familiares. Es la misma lucha la que sigo, y es una experiencia impresionante estar a su lado porque siempre admiré a Madres, a Abuelas e Hijos. Son un ejemplo y esto que sucede en Mendoza me tocó el corazón", señaló Trimarco.
También estuvieron presentes el titular de la Unidad especializada en casos de apropiación, Pablo Parenti, y Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que luego ingresaron a la audiencia junto al fiscal Dante Vega.
El debate transcurrió sin incidentes hasta que Miret sacó su celular y le tomó fotos al fiscal Auat. El gesto generó la reacción del funcionario, que años atrás fue denunciado por el entonces camarista por haber hecho pública la connivencia con represores. "No me gusta hacer alarde de bravuconadas pero tiene que ser observado por el Tribunal como objetivo intimidatorio", reclamó, por lo que el acusado fue advertido.
Al terminar la primera audiencia, Romano levantó sus manos esposadas en un gesto provocador. Sus hijos y su esposa le gritaban "héroe de la patria". Sus gritos fueron tapados por los cánticos de familiares y víctimas de la represión, dirigidos al ex camarista que estuvo más de un año prófugo en Chile: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Se unifican las causas en Mendoza,el mega juicio comenzará en febrero

El exx juez Otilio  Romano encausado

Una megacausa por el pasado en Mendoza

El reclamo de los organismos de derechos humanos fue atendido y se hará un solo juicio en Mendoza, el más importante de su historia en crímenes de lesa humanidad. Incluirá a los ex jueces involucrados como cómplices.

 Por Ailín Bullentini

Varias fueron las batallas que los organismos defensores de los derechos humanos ganaron en Mendoza en pos de iniciar, sostener y acelerar el camino que lleva justicia a las víctimas de la última dictadura cívico militar. Esta semana obtuvieron otra, tal vez una de las más importantes de ese recorrido. El Tribunal Oral Federal (TOF)

N° 1 de la provincia aceptó unificar las causas que investigan delitos de lesa humanidad y determinó que el próximo 17 de febrero comenzará a resolverlas en un gran juicio oral. Según los organismos, se tratará del más importante en la historia de Mendoza no sólo por su magnitud –más de 40 genocidas imputados y más de 200 víctimas–, sino porque los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, entre otros, integran el grupo de acusados. Con ellos, una porción del Poder Judicial cómplice con el terrorismo de Estado en la provincia que se mantuvo en funcionamiento hasta hace muy poco tiempo será finalmente analizada: “Es la primera vez que se enjuicia a ex magistrados exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia”, concluyó el fiscal Dante Vega.

“Es un reclamo histórico de las organizaciones de los derechos humanos”, definió Pablo Salinas, el abogado querellante en representación del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) mendocino. Se refirió a la unificación de las causas que investigan secuestros, torturas, desapariciones y homicidios ocurridos durante la dictadura en la provincia, por la que el MEDH y otros organismos han presentado varios pedidos ante el TOF N° 1 y han realizado movilizaciones. El valor simbólico que tiene la unificación de las causas para las víctimas sobrevivientes y los familiares de aquellos que no lo lograron es “enorme”, supuso el abogado, que lo hipotetizó desde “lo fundamental que será para ellos ver sentados en el rincón de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado en la provincia, o al menos a aquellos que siguen vivos”.

Pero, además, Salinas sopesó el valor que tiene el análisis en conjunto de la inmensa cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1975 y 1983. Significa entender que aquello que ventilan los expedientes por separado forma parte, en realidad, de una misma cosa: el plan criminal que se perpetró desde el aparato del Estado. “El plan criminal del terrorismo de Estado no se entiende sino en la unificación de los casos. La gran lucha de los defensores de los represores ha sido la atomización de las causas para diluir sus responsabilidades y para defenderse más cómodamente. Pero si uno ve la totalidad, si uno pone en relación las actas de las Juntas, las órdenes secretas, se entiende que lo que ocurrió no fue una cuestión azarosa, que no fueron un par de loquitos”, explicó.

El mapa del plan

Si no hay dilaciones, el 17 de febrero de 2014 los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade tendrán frente a sí a gran parte de los responsables de aquel plan criminal, incluso a miembros del poder que integran. Por el momento, son 15 causas que incluyen a 41 represores acusados y a 207 víctimas. Si las esperanzas de las querellas llegan a buen puerto, otras dos causas más sumarán.

Uno de los expedientes de la unificación es la causa número 636, que analiza las responsabilidades en delitos de lesa humanidad de los ex jueces Otilio Romano –quien permaneció prófugo en Chile durante más de dos años y fue recientemente extraditado–, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. En esa causa, Miret, Carrizo y Petra Recabarren están imputados por omitir investigar desapariciones, secuestros, torturas y robos. Romano está acusado de ser partícipe necesario en varios homicidios calificados. Guzzo también está imputado como partícipe.

Esta causa se analizará junto con otras catorce, en principio. Doce de ellas integraron un requerimiento masivo de elevación a juicio elaborado por la fiscalía a cargo de Vega: investigaciones en las que los hechos principales padecidos por las víctimas tenían que ver con centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial –de ellos, el D2 fue el de mayor envergadura y, también, el más terrorífico– y algunas otras no acumuladas a esta última que se refieren a violaciones vinculadas específicamente con el accionar de las Fuerzas Armadas. Otros dos expedientes más “chicos”, de pocas víctimas y menos acusados, completan la quincena unificada el lunes pasado. Uno de esos expedientes es el que se intentó comenzar a ventilar en lo que sería el cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad de la provincia, pero fue suspendido una semana antes. En ése, el represor que integraba la VIII Brigada de Infantería de Montaña Enrique Blas Gómez Saa es acusado de los secuestros y torturas aplicadas a tres sobrevivientes del terrorismo de Estado.
La unificación

Vega consideró “fragmentada” la instrucción por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que recién comenzó a ordenarse en el último año y medio. “Había de todo. Cuando tomamos la instrucción empezamos a ordenarlas por patrones comunes: centros clandestinos generalmente, o fuerzas policiales, por ejemplo, porque era la única manera de juzgar tantas cosas”, puntualizó. En abril pasado, la fiscalía elevó al tribunal un primer pedido de unificación debido a que “no es nada extraño, es algo que está previsto en el Código Procesal Penal y que responde al sentido común: no se puede hacer siete juicios cuando se puede abreviar en uno solo”. El entrecruzamiento de los datos de las víctimas y de los victimarios era, en algunos casos, escandaloso. “Si se seguía adelante con la resolución de juicios orales por separado, algunas víctimas iban a tener que declarar dos, tres y hasta cuatro veces. Era un disparate”, apuntó Salinas.

No hubo respuesta. Reiteraron el pedido en agosto, cuando se sumó el MEDH. La solicitud fue repetida a semanas de comenzar el juicio contra Gómez Saa, acompañada de una movilización de los organismos de derechos humanos hacia la sede del TOFN° 1. Hace 15 días, los jueces escucharon los argumentos del Ministerio Público Fiscal, de las querellas y de las defensas a favor o en contra de la unificación. “Fueron desastrosos los planteos de los represores porque no tenían cómo justificar que se citara varias veces a las víctimas”, consideró Salinas, quien, en cambio, evaluó positivamente el desempeño de las querellas y de la fiscalía. “Los planteos se correspondían con los principios de dignidad humana y de la responsabilidad del Estado de no revictimizar a las víctimas.”
La justicia

A Vega, la llegada del proceso de febrero lo maravilla, sobre todo porque por primera vez Mendoza juzgará a quienes durante años les negaron justicia a muchos. “Es la primera vez que se enjuicia a un juez exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia.”

Entre 1975 y 1983, Romano fue fiscal. Miret, Carrizo, Guzzo y Petra Recabarren eran jueces. “Cada operativo tenía su contrapartida judicial”, relacionó Salinas. “El aparato judicial generaba la impunidad necesaria para que las distintas patotas actuaran. Funcionaba juntamente con el aparato represivo”, continuó explicando y ejemplificó: “En el D2 se torturaba a la persona. Bajo tortura, le hacían confesar una serie de delitos y bajo tortura también le hacían firmar una declaración policial, que luego era utilizada por jueces y fiscales. Por esas declaraciones, éstos lo acusaban, lo imputaban y daban orden de detención. Así le daban valor de prueba a esa declaración tomada bajo tortura”, concluyó.

Más de dos años para conseguir boleto : La Corte suprema de Chile ordena la extradición del ex juez Riomano

 LA CORTE SUPREMA DE CHILE ORDENO LA EXTRADICION DEL EX JUEZ OTILIO ROMANO
Un boleto de regreso forzado

El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza está procesado por delitos de lesa humanidad. Huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo.

Otilio Roque Romano, ex juez mendocino que será juzgado por su rol durante la última dictadura

San Juan : Hubo alivio y festejo por la condena a represores

Olivera, Martel y Nieto recibieron la condena más alta del proceso, que fue la de prisión perpetua. Claudio Leiva 

Sensaciones. Adelante, el abrazo emocionado de Yolanda y Juan Erize, hermanos de Marie Anne Erize, en medio de otras víctimas de las causas investigadas, y detrás la alegría desatada entre los representantes de las agrupaciones políticas y de derechos humanos por la condena histórica.

Alivio para las víctimas y los familiares en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia tras el golpe militar. Y festejo por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las agrupaciones políticas que asistieron a la lectura del veredicto. Esas fueron ayer las dos sensaciones que se mezclaron en la planta baja del edificio del Rectorado de la UNSJ cuando el secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) anunció que Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron una pena de 25 años de prisión. El que cumplirá el castigo más leve es Alejandro Lazo, con 10 años de prisión, porque sólo estaba acusado por un hecho, el de tormentos cometidos contra Margarita Camus.

Los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña encontraron a los acusados responsables de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos a perseguidos políticos, homicidio agravado y hasta, algunos de ellos, de haber violado a sus víctimas cuando las interrogaban (ver página 3).

El proceso se extendió 1 año y 8 meses. Comenzó el 7 de noviembre del 2011 y la intención de dar a conocer el veredicto ayer estuvo en duda hasta horas de la mañana, porque el alegato de la defensa se había prolongado más de lo calculado. Finalmente, minutos antes de las 18 comenzó la lectura del fallo que estableció, además, que se investigue la responsabilidad penal de dos exintegrantes de la Justicia Federal. Se trata del exsecretario del único Juzgado nacional que había en la provincia al momento del golpe, Raúl Plana, y del exfiscal, Juan Carlos Yannello.

En la primera fila presenciaron la lectura el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Zalazar; el rector y la vicerrectora de la UNSJ, Oscar Nasisi y Mónica Coca; el cónsul general de Francia en Argentina, Patrick Flot, y el senador Ruperto Godoy. Entre el público y portando carteles y pancartas hubo representantes de las agrupaciones políticas Kolina y La Cámpora, de la JP, de la Juventud Comunista y de la Agrupación Hijos, que nuclea a familiares de los desaparecidos durante los años del horror.

En este proceso, histórico por ser el primero en realizarse en la provincia por delitos cometidos en la última dictadura militar, y al que seguirán otros que sigue investigando la Justicia Federal, se analizaron 4 causas, llamadas Camus, Erize, Carvajal y Bustos. Y estuvo referido a los casos de 60 víctimas, entre las que hubo 2 desaparecidos, Marie Anne Erize y Juan Carlos Cámpora, y a 2 muertos, Daniel Russo y Alberto Carvajal.

En la última jornada y luego del alegato de la defensa, que había pedido la nulidad del proceso y la absolución de los acusados, llegó el turno de que los acusados expresaran sus últimas palabras.

En esa etapa, De Marchi dijo que “no soy inocente de nada”, pero sostuvo que lo que hizo fue “cumpliendo órdenes”. Otros, como Gómez, manifestaron que “los juicios de lesa humanidad son ilegales”, pero ninguno de ellos dio señales de arrepentimiento, más allá de que hasta llegaron a las lágrimas, como Del Torchio, cuando dirigiéndose a los miembros del TOF sostuvo que “no pido ni justicia ni clemencia”.

A la espera del resultado del proceso, desde la mañana se habían concentrado en las puertas del Rectorado las agrupaciones juveniles, que habían colgado un muñeco con la vestimenta de un detenido y la cara de Olivera, considerado durante la investigación como el responsable del área de Inteligencia del RIM 22.

Durante toda la jornada arengaron con consignas por los derechos humanos y a la hora de la lectura del veredicto ingresaron al Rectorado, aunque el presidente del Tribunal, Cortés, les pidió silencio y que bajaran las pancartas.

Después vino la lectura, que se prolongó durante algo más de 30 minutos, y mientras los guardias del Servicio Penitenciario y la custodia de la Policía Federal retiraba rápidamente a los acusados, se desató la algarabía, los gritos y los abrazos interminables tras casi 37 años de espera.

Según lo dispuesto por los jueces, Nieto y Lazo continuarán con prisión domiciliaria, como hasta ahora, mientras que el resto será alojado en unidades penitenciarias que resta por definir.

Detenido el ex jefe de policía de San Juan, cuando paseaba por Villa Carlos Paz

Está acusado por la desaparición de la joven Marie Anne Erize. Había una recompensa de 100.000 por su captura. Claudio Leiva - Diario De Cuyo
Mientras paseaba por el centro de la localidad cordobesa de Carlos Paz, fue detenido el martes Juan Carlos Coronel, exjefe de la Policía de San Juan con posterioridad al golpe militar y sospechado de haber tenido participación en la desaparición y muerte de la joven Marie Anne Erize.

Esta es la segunda vez que cae preso y también en Córdoba porque en septiembre del 2009 ya había sido capturado por las fuerza de seguridad por orden del juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad tras el golpe militar. Pero recuperó la libertad por disposición de la Cámara Federal de Mendoza y cuando la Justicia lo requirió nuevamente, se fugó y no lo habían podido volver a encontrar hasta ahora.

Incluso en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación figuraba con un ofrecimiento de recompensa de 100.000 pesos, para quien diera información en forma reservada sobre su paradero.

Coronel ya fue traído a la provincia y está detenido en el Instituto Penal de Chimbas y el lunes comenzará a ser indagado por el juez Rago Gallo, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

El detenido está acusado de haber cometido los delitos de tormentos agravados y de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte por el caso de Erize, la joven que fue secuestrada por un grupo de tareas en la puerta de una bicicletería en Trinidad el 15 de octubre de 1976. Por ese mismo caso, en el megajuicio en marcha, el Ministerio Público Fiscal le pidió al exjefe de Inteligencia del RIM 22, Jorge Olivera, una condena de prisión perpetua por haber participado en un plan sistemático de exterminio contra la sociedad.

El exjefe de Policía está acusado en el mismo proceso en marcha, pero como estaba prófugo no pudo ser sometido a ese juicio. Además de Coronel, están evadiendo a la Justicia Carlos Malatto, Eduardo Vic y Jorge Páez. Según se informó en la última audiencia del megajuicio, éste último estuvo cerca de ser detenido en Bolivia, pero logró eludir a sus captores.

Erize era una joven nacida en Misiones y de padres franceses y militaba en Buenos Aires junto al asesinado sacerdote Carlos Mugica a quien ayuda en sus actividades solidarias. Pero se refugió en San Juan después de que los militares secuestraron a su pareja en Mendoza.

El ex camarista federal Pereyra González está prófugo de la Justicia

Cuando lo fueron a buscar, el ex magistrado no estaba ni en su domicilio ni en un hospital donde supuestamente acompañaba a su esposa. Es el segundo ex camarista declarado en rebeldía. El otro es Otilio Romano.
El ex camarista federal Pereyra González está prófugo de la Justicia

El ex camarista federal mendocino Carlos Pereyra González, está técnicamentye prófugo de la Justicia, ya que pesa sobre él un pedido de captura por el cargo de homicidio por omisión, pero no ha podido ser ubicado aún ni en su domicilio ni en donde supuestamente estaba según sus familiares.

Así lo informaron fuentes de la Justicia federal de Mendoza respecto a la situación judicial del ex camarista, el segundo que entra en la categoría de prófugo de la Justicia en Mendoza tras el caso de Otilio Romano, en Chile, quien espera que se resuelva su extradición en el corto plazo.

Pereyra González está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura militar. Era secretario de un juzgado federal.

Cuando oficiales de la policía federal fueron la semana pasada a hacer cumplir con la orden, el ex camarista no estaba en su casa, y familiares informaron que se encontraba en un hospital acompañando a su esposa, internada. Cuando los oficiales fueron al centro asistencial, no sólo no encontraron a Pereyra González, sino tampoco a su esposa.

Como han pasado los plazos establecidos para hacer cumplir una orden de captura, hoy por hoy el ex magistrado se encuentra prófugo de la Justicia.

Antecedentes.

La semana pasada, la justicia federal de San Luis emitió un pedido de captura para Pereyra González, acusado de haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Pereyra González, quien se desempeñaba como secretario del juzgado en esa época presentó un escrito con una eximición de prisión por problemas de salud de su esposa. Diferente fue la suerte del ex juez Eduardo Allende y del ex fiscal Hipólito Saá, ambos alojados en una dependencia federal.

De acuerdo con las investigaciones, los tres fueron testigos de la tortura y posterior homicidio de una presa política. Y, aún cuando podían haber evitado el asesinato, no hicieron nada.

El caso tomó estado público en el 2008, durante el juicio a los represores que se realizó en aquella provincia. Allí, dos testigos –Jorge Velázquez (chofer del D2 puntano) y el abogado Carlos Samper– aseguraron que Pereyra González estuvo presente mientras violaban a Graciela Fiochetti, una joven de 19 años que luego fue asesinada.

Desde que trascendió esta información en el debate, sólo pasaron unos días para que Pereyra González presentara su renuncia a la Cámara Federal de Mendoza, la cual presidía, y donde tenía como compañeros, por ejemplo, a Luis Miret y a Otilio Romano, ambos procesado por ser cómplices de delitos de lesa humanidad en Mendoza.

El caso de Pereyra González está relacionado directamente con la historia democrática argentina. La historia de él, del juez Allende y del fiscal Saá se conoció allá por 1987, cuando Velázquez contó cómo había actuado el capitán Carlos Esteban Plá, conocido como El Chueco, y sindicado como uno de los hombres más duros de la dictadura en San Luis.

Después de la tortura a Fiochetti, y al corroborar que no iba a obtener ninguna información, la puso boca abajo y la fusiló de un disparo en la nuca. Velázquez contó que el cuerpo fue llevado primero a la morgue y luego enterrada. Ya con el retorno de la democracia, mostró cuál era el lugar y el juez Juan Antonio González Macías (ahora nuevamente integrante de la Cámara Federal) ordenó hacer la excavación.

La información era tan precisa que el cadáver de Graciela Fiochetti fue encontrado en la posición que había sido señalada por el testigo.

Automáticamente se ordenó la captura de Plá, que se acuarteló en Buenos Aires y amenazó con provocar un levantamiento militar en todo el país si era detenido.

Corría el gobierno de Raúl Alfonsín y Horacio Jaunarena era el ministro de Defensa. Este último personalmente le pidió a la Cámara de Mendoza, que tenía competencia en San Luis y estaba compuesta por González Macias, Eduardo Mestre Brizuela y Manuel Martín Maffezzini, que desprocesaran a Plá para evitar una sedición y que decretaran la incompetencia para enviar la causa a Córdoba. La historia aparece contada en el libro Civiles y Militares, de Horacio Verbitsky.

Mestre Brizuela y Maffezzini accedieron a la negociación para dejar en libertad a Plá. Años más tarde, el militar fue condenado a perpetua por su delitos.

Esta vez, la justicia va por quienes vieron las aberraciones y, teniendo la posibilidad de alzar la voz para frenar, no hicieron nada. Y en esa lista, para los investigadores, aparecer Pereyra González.