martes, 25 de febrero de 2014

Un defensor con prontuario: el abogado de uno de los ex jueces está vinculado al Destacamento de Inteligencia

Un defensor con prontuario

Carlos Alberto Carreño, representante del ex juez Guillermo Petra, se habría desempeñado como agente civil de Inteligencia durante la dictadura. Uno de los acusados que estaba prófugo se presentó en la audiencia y quedó detenido.

Carlos Alberto Carreño se presentó ayer como defensor del ex juez Guillermo Petra, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El nombre del abogado, según informó El Sol online, aparece vinculado al Destacamento de Inteligencia 144, donde entre 1976 y 1983 se habría desempeñado como agente civil. En la segunda audiencia de la megacausa mendocina, en la que se juzga a ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado, además de militares y policías, también quedó detenido Antonio Lorenzo Cosentino, un ex policía que cumplió funciones en la comisaría 7ª de Godoy Cruz y participó de los operativos del D2, y que hasta ahora estaba prófugo. Además, el ex magistrado Otilio Romano solicitó asumir su autodefensa.

En la audiencia de ayer, la querella solicitó agregar días de debate para acelerar el proceso judicial y que se apliquen las reglas fijadas por la Cámara de Casación para incorporar testimonios de juicios anteriores. Pablo Salinas, abogado litigante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y por 20 de las víctimas, contó que “la sesión comenzó con un pedido nuestro de que se requise a los presentes, en especial a los acusados, para evitar filmar o sacar fotos durante el debate oral. La decisión se vincula con que en un diario de la provincia salió publicada una foto, de la primera audiencia, en que se ve a Luis Miret –imputado– sacando una foto al fiscal Jorge Auat”. El abogado estimó que “consideramos que esto no es más que un acto intimidatorio por parte de un acusado de delitos de lesa humanidad a un fiscal de la Nación”. En una segunda instancia, el tribunal identificó a los acusados, tal como lo había realizado el lunes anterior, durante la primera audiencia. Entre los presentes estaban los ex jueces en funciones durante la dictadura Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y el entonces fiscal Otilio Romano. Todos imputados por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados. En esta ocasión, entre las filas de las fuerzas de seguridad estaba el represor Lozano Constantino, a quien se detuvo al inicio de la audiencia. En tanto, Francisco López Rodríguez aún se encuentra con pedido de captura.

Se destacó el anuncio que hizo el defensor de Romano, Bernardo Calderón, en el que afirmó que se retirará si no se le permite a su patrocinado ejercer su autodefensa, como el ex juez había solicitado. El defensor dijo que el ex camarista que estuvo prófugo en Chile y fue extraditado conoce los detalles de la causa mejor que él. Hoy, en un nuevo encuentro, el tribunal va a dar una respuesta a ese pedido. “Nosotros nos opusimos rotundamente porque pensamos que oculta una trampa, después van a decir que estuvo indefenso”, dijo Salinas. “No son más que planteos dilatorios para ir alargando el juicio y que no concluya nunca”, destacó.

Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando el tribunal decidió retirarse por unos minutos del recinto, debido a que una ex jueza federal de la provincia, Dora Goldfarb de Lucero, decidió interrumpir el curso de la audiencia y responsabilizar a Miret por la detención de su esposo, Pedro Tránsito Lucero, ex director del diario El Andino, un caso emblemático de la provincia aún sin resolver.

Durante la jornada de ayer quedaron desafectados, por razones de salud, los acusados Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez y Timoteo Amaya. Se suman a los ya separados Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda. En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desligado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja. En total son 34 los acusados cuyas imputaciones comenzará a leer el fiscal hoy, cuando el tribunal vuelva a sesionar.

Informe: Laura Guarinoni.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Comenzó en Mendoza el juicio contra jueces

"Se juzga el aparato judicial del terrorismo de Estado", destacaron en la querella. Provocaciones de Romano y Miret en la audiencia.

Por: Gerardo Aranguren

El ex camarista Otilio Romano, que por años fuera el hombre fuerte de la justicia mendocina, debió ingresar ayer al edificio del Poder Judicial provincial esposado y bajo custodia del Servicio Penitenciario. La imagen marcó el inicio del cuarto juicio de la provincia por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

Además de Romano hay casi 40 acusados, entre quienes se encuentran otros cuatro ex magistrados que prestaron funciones en la última dictadura: sus compañeros en la Cámara Federal de Mendoza Luis Miret y Guillermo Petra Recaberren, y los ex jueces federales Rolando Carrizo y Gabriel Guzzo, aunque este último no participará del debate en Mendoza por problemas de salud.
El histórico juicio oral comenzó ayer con una breve audiencia en la que el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, sólo identificó a los acusados pero no avanzó con la lectura de las elevaciones a juicios, que arrancará recién en la próxima audiencia, el lunes 24 de febrero.
En la sala sólo estuvo una veintena de los imputados, el resto presenció el debate por videoconferencia desde diferentes puntos del país: Rosario, Tucumán, los penales de Ezeiza y Marcos Paz y los tribunales porteños de Comodoro Py.
"Este es un momento muy importante, un antes y un después para la justicia argentina, porque en este proceso se juzga el aparto judicial del terrorismo de Estado. Se vio sentados a los represores junto a jueces y fiscales que permitieron que se llevara adelante el terrorismo de Estado y eso simbólicamente es muy fuerte. Era algo impensado teniendo en cuenta que Romano fue jefe de la justicia de Mendoza hasta 2010", aseguró el abogado querellante Pablo Salinas a Tiempo Argentino.
El comienzo del debate fue acompañado por más de 300 personas que desde temprano se instalaron frente al edificio judicial para acompañar a familiares y víctimas en un acto organizado por la municipalidad local, bajo la consigna "Democracia con Justicia. Futuro con Memoria".
Junto a organismos de Derechos Humanos se acercaron organizaciones políticas y sindicales, el diputado nacional Horacio Pietragalla y Susana Trimarco, madre de Marita Verón y símbolo de la lucha contra la trata de personas. "Es un gusto estar acá acompañando a los familiares. Es la misma lucha la que sigo, y es una experiencia impresionante estar a su lado porque siempre admiré a Madres, a Abuelas e Hijos. Son un ejemplo y esto que sucede en Mendoza me tocó el corazón", señaló Trimarco.
También estuvieron presentes el titular de la Unidad especializada en casos de apropiación, Pablo Parenti, y Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que luego ingresaron a la audiencia junto al fiscal Dante Vega.
El debate transcurrió sin incidentes hasta que Miret sacó su celular y le tomó fotos al fiscal Auat. El gesto generó la reacción del funcionario, que años atrás fue denunciado por el entonces camarista por haber hecho pública la connivencia con represores. "No me gusta hacer alarde de bravuconadas pero tiene que ser observado por el Tribunal como objetivo intimidatorio", reclamó, por lo que el acusado fue advertido.
Al terminar la primera audiencia, Romano levantó sus manos esposadas en un gesto provocador. Sus hijos y su esposa le gritaban "héroe de la patria". Sus gritos fueron tapados por los cánticos de familiares y víctimas de la represión, dirigidos al ex camarista que estuvo más de un año prófugo en Chile: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.